El pago de las tasas académicas

EN ESTOS DÍAS el Consejo de Estado dictaminará sobre si la dispensa de tasas académicas que en cualquiera de los niveles docentes venían disfrutando los funcionarios del Ministerio de Educación continuará o no teniendo vigencia. El privilegio, que se venía disfrutando desde 1935, pese a la falta de base jurídica que se produjo apenas unos años después, afecta actualmente a 33.000 estudiantes, compuestos bien por funcionarios o por hijos de funcionarios del mencionado departamento.Pocas dudas parecen existir sobre la resolución que vaya a emarar del Consejo de Estado. La reclamación que el Ministerio de Hacienda ha hecho al de Educación y Ciencia sobre la necesidad de acabar con tales exenciones está basada directamente en la flagrante inconstitucionalidad que supone beneficiar a unos departamentosministeriales frente a otros, y en general a un grupo de ciudadanos en relación a otros respecto a lo que constituye un impuesto estatal.

El pretexto que ha permitido sostener, con inercia antijurídica, la dispensa de tasas académicas a lo largo de me dio siglo ha descansado ante todo en la baja retribución de la que tradicionalmente fue víctima el cuerpo de maestros. Bajas retribuciones que el lenguaje y la estimación populares llegaron a asimilar esa figura profesional a la grey de los indigentes, y respecto a la cual, considerada así, no era incoherente la entrega de esta suerte de ayuda, más asimilable a una limosna de caridad pública que a una prebenda. Los tiempos, de este talante tercermundista, deben considerarse, sin embargo, suficientemente arrumbados como para seguir con el aliento de unas prácticas que, por su misma excepcionalidad, cuestionan la justicia distributiva de un Estado de derecho. Si el trato de favor se basara hoy en la insuficiencia salarial de los funcionarios de Educación y Ciencia, ¿qué podría alegarse para, en virtud del mismo argumento cuantitativo, extender la exención a todos los demás funcionarios y, más allá, a todos los trabajadores con el mismo o inferior nivel de ingresos? O también, si los funcionarios de Educación son exonerados de ese pago en el disfrute de un servicio que se relaciona con su departamento, ¿qué razón habría para no subvencionar especialmente el pago de las medicinas a los encuadrados en Sanidad o de la gasolina a los del Ministerio de Transportes? La misma inconsistencia, pues, de la dispensa de tasas académicas para un grupo social ha desarmado la resistencia política del Ministerio de Educación ante la exigencia de Hacienda. Los más de 30.000 afectados por la supresión de este beneficio, en caso de pronunciarse así el Consejo de Estado, aportarían a las arcas públicas una suma de aproximadamente 1.300 millones de pesetas. Suma estimable que de algún modo, y al margen de su vicisitud histórica, debería contabilizar se entre las cantidades que de uno u otro modo la sociedad soslaya a Hacienda.

Por otra parte, y emparentado con esta supresión de exenciones, pero de naturaleza diferente, se ha evocado también en estos días el caso de algunos privilegios que lleva aparejada la actividad laboral en otros ámbitos de pendientes del Estado, como son las empresas de titularidad pública. La naturaleza de estos privilegios debe apreciarse de modo diferente cuando forman parte de contraprestaciones negociadas en los convenios, pero, aun así, propugnar la eliminación de esos diferentes complementos salariales en especie y de beneficio variable, sean billetes de viaje, ventajas en tarifas e instalaciones, carnés de economatos, etcétera, sería una manera de contribuira la transparencia del mercado laboral, de limitar con nitidez cuáles son las retribuciones de cada grupo y obviar además ese paternalismo laboral que muchas veces es pura y simplemente corrupción.