El Ministerio de Trabajo detecta numerosas irregularidades en el destino y gestión de los fondos de empleo comunitario

Hasta el 30 de agosto pasado se habían remitido 27.862 millones de pesetas con destino al empleo comunitario, casi 4.000 millones más que en todo el año 1982. Fondos que, según un control efectuado recientemente por la propia Admistración, están siendo utilizados en ocasiones para fines distintos a los previstos (pago de personal de ayuntamientos). El citado control demuestra la existencia de irregularidades en el reparto de las cantidades, abandono de los tajos, horarios reducidos, nula o escasa rentabilidad social y fraudes en las percepciones. Así como la falfa de tareas concretas que encoendar a los parados. Andalucía y Extremadura son las regiones españolas que se han visto más beneficiadas de los citados fondos.

En los siete primeros meses del año se había remitido con cargo al empleo comunitario un total de 23.696 millones de pesetas, cantidad que prácticamente dobla la enviada en el mismo período del año anterior (13.434 millones de pesetas). A esta cantidad habría que sumar otros 4.166 millones de pesetas librados en el mes de agosto, cuando la contestación del campo andaluz había adquirido especial virulencia.Fuentes de la Administración señalaron que, de seguirse el ritmo actual, no serán suficientes los 36.000 millones de pesetas presupuestadas para este año. Andalucía hasta el mes de agosto había recibido fondos por un importe de casi 22.000 millones de pesetas; Extremadura, cerca de 5.300 millones de pesetas, y el resto está repartido entre otras provincias como Valencia, Ciudad Real, Zamora, Murcia o Toledo.

Control imposible

De las provincias andaluzas, Sevilla ha sido la que mayor cantidad de fondos ha recibido. Sólo en el mes de agosto se habían librado 825 millones de pesetas a esta provincia. Badajoz es la segunda provincia en cuanto a la cuantía de los fondos remitidos -650 millones en el mes de agosto-, seguida por Córdoba y Jaén -600 millones cada una en el mismo mes-.Son fondos que, según parece demostrar un reciente estudio realizado por el Instituto Nacional de Empleo (Inem), no siempre cumplen con los objetivos con que han sido librados. Del 15 de junio al 15 de julio de este año el Inem realizó un Plan Especial de Control de Empleo Comunitario en todas las provincias de Andalucía y Extremadura. Los primeros resultados del programa apuntan hacia la existencia de irregularidades tanto en la percepción como en el reparto y gestión de los fondos.

No es frecuente la presentación de proyectos de obra para solicitar subvenciones de empleo comunitario y las ayudas se conceden exclusivamente en función del número estimado de trabajadores agrícolas en paro.

Por otra parte, las cantidades van dirigidas a mano de obra, reduciéndose cada vez más el porcentaje destinado a materiales. Las nóminas no suelen cumplimentarse semanalmente y las justificaciones al finalizar la obra no llegan en plazo, no se presentan o ni siquiera se realizan. El control efectuado ha puesto en evidencia que fondos destinados al empleo comunitario están sirviendo para pagar sueldos de personal fijo de ayuntamientos, bomberos, jardineros, barrenderos o alguaciles.

También se han detectado irregularidades en la cumplimentación de nóminas, incluyéndose a personas no censadas o inscritas en las oficinas de empleo. Aparecen distintas firmas pertenecientes al mismo trabajador en distintas nóminas. En otros casos la firma se hace digitalmente, sin aval alguno. Las cantidades firmadas en los recibos y las realmente percibidas no coinciden.

Ausencia a los tajos

Algunos de los requislitos exigidos para acogerse al empleo comunitario son de difícil control: quiénes cuentan con rentas agrarias o son pensionistas, la distribución de ayudas en función de los miembros de la unidad familiar, etcétera. A este respecto, se cita como ejemplo significativo que en Lucena, para verificar los datos de 589 beneficiarios, hubo que controlar a más de 7.588 personas.El estudio señala que los horarios se incumplen o se realizan jornadas reducidas. Y se cita el caso de Chipiona, localidad en la que se trabaja de siete a nueve de la mañana. Se abandonan injustificadamente los tajos, no hay control diario de asistencia y permanencia en los mismos. No obstante, el estudio pone en evidencia que falta ocupación, y que las tareas a realizar no cubren las necesidades de mano de obra. Falta asignación de trabajos concretos y, cuando existen, a veces se produce una negativa a realizarlos, sobre todo si los tajos están situados lejos del casco urbano.En este aspecto, se insiste en que se encuentren localizados cerca del domicilio con el fin de "facilitar la presencia de los trabajadores en caso de control". Se señalan tareas diarias o semanales que se pueden cubrir en períodos más cortos, abandonándose los tajos una vez realizadas.