El Gobierno vasco, decidido a controlar severamente ventas fraudulentas de alimentos

Los equipos de salvamento han trabajado intensamente en el País Vasco, durante todo el fin de semana, a fin de resolver los problemas más urgentes en las zonas afectadas por la catástrofe. Mientras todos los accesos a las playas vizcaínas permanecían cerrados al público para evitar el contacto con recipientes que las aguas van depositando en las riberas, continuaban las tareas de desescombro. En el casco viejo de la ciudad bilbaína la Coordinadora de Comparsas señalaba que la primera etapa de emergencia "ha quedado superada". Sin embargo, el alcalde de la ciudad reconocía que todavía existen "puntos negros". Por su parte el Gobierno vasco anunciaba sanciones a los comerciantes que puedan realizar ventas fraudulentas.

Tras reconocer que se habían requisado 3.168 jamones en mal estado, a causa de las inundaciones, que habían sido lavados y preparados para su venta al público, el Gobierno vasco se mostró implacable en el anuncio de la aplicación de medidas sancionadoras contra aquellos comerciantes que no actúen bajo la más estricta legalidad. En ese sentido el ejecutivo autónomo presentará un proyecto de decreto que contemple la agilización de los trámites para poder expedientar las actividades ilegales en el comercio. El titular de esta área, Carlos Blasco, hizo especial hincapié en el propósito del Gobierno autónomo de castigar a los infractores mediante sanciones y dar posterior publicidad de su identidad.En el casco viejo de Bilbao las tareas de limpieza se encontraban ya en una fase muy avanzada. Ante tal situación, la Coordinadora de Comparsas (compuesta por los 35 grupos organizadores de las fiestas de la ciudad) delegaba ayer los trabajos de reconstrucción de la zona en equipos más especializados. Los 4.000 voluntarios que han trabajado, a través de las comparsas, con el ayuntamiento, han cubierto ya, según explicaban algunos portavoces, las tareas de más urgente necesidad.

Demolición del Peñascal

Sin embargo, en algunas zonas como los barrios de La Peña y El Peñascal, donde la fuerte tormenta arrasó gran parte de los núcleos urbanos, continuaban con la difícil tarea de limpieza y suministro. Paralelamente a que los arquitectos municipales presentaran un informe en el que se aconseja de demolición de El Peñascal, edificado sobre una ladera de salida de mina, el Gobierno vasco anunciaba que este barrio "no quedará abandonadoTras señalar que "todos los vizcaínos que han perdido su hogar contarán con viviendas", el titular de Ordenación Territorial del Gobierno vasco, Javier Lasagabaster, anunciaba el precintado de 64 viviendas del Estado a fin de evitar su ocupación ilegal. Cabe destacar que las familias que ocuparon alrededor de 20 inmuebles deshabitados el pasado viernes permanecían en el interior de los mismos.

El alcalde de Bilbao, José Luis Robles, en relación a los vecinos que han tenido que abandonar sus hogares tras las inundaciones, informaba ayer que todavía más de 1.000 personas continuan refugiadas en centros habilitados especialmente para ellos.

Todos los accesos a las playas de Vizcaya se encontraban ayer, de nuevo, cerrados al público. Aunque el agua no sufre ya contaminación alguna, los equipos especializados temían que el mar continuase devolviendo a las orillas de las playas recipientes de contenido quimico, con el consiguiete peligro de toxicidad. En este sentido cabe recordar que en la noche del pasado viernes en la playa de la localidad vizcaína de Guetxo, la marea de diez metros provocó nuevamente la dispersión de bidones que las unidades especializadas habían apartado anteriormente en la arena. Cundió la alarma en la población ante la gran concentración de bidones y la aparición de una neblina molesta.