¿Desastres naturales?

La reciente experiencia de las inundaciones acaecidas en el norte de España, que el autor de este artículo ha vivido directamente, y los comentarios que han prodigado estos días sobre los problemas de protección civil que se han presentado con motivo de las mismas, son objeto de una serie de reflexiones que desea trasladar a la opinión pública.

La actitud generalizada en nuestro país, y muy especialmente en la Administración, respecto a los riesgos derivados de la actuación de procesos naturales, oscila entre el fatalismo -la naturaleza es la responsable de los desastres y éstos son inevitables, según tuvimos ocasión de escuchar a personalidades relevantes durante las inundaciones de octubre pasado en Levante- y el voluntarismo ingenuo, considerando que los procesos naturales van a actuar como nosotros deseamos que lo hagan.Eso no es, ni mucho menos, así. Se tienen, en el estado actual del conocimiento científico, elementos suficientes como para señalar las zonas de nuestro país sujetas a riesgos sísmicos o volcánicos, a deslizamientos de tierras, a inundaciones, a erosión litoral, etcétera. Se pueden elaborar así mapas que sirvan de base para la promulgación de normas legales que limiten ciertos tipos de uso en las zonas sujetas a riesgo, lo que sin duda haría disminuir grandemente los daños en caso de desastre. Recorriendo algunas de las zonas de Cantabria afectadas por los temporales (entre otras, la propia península de La Magdalena), resulta evidente, para cualquier persona con unos conocimientos básicos, que hay muchos edificios que están asentados en zonas identificables como inundables en base a criterios geomorfológicos; que muchos puentes tienen una, sección insuficiente para acomodar caudales de una magnitud que es de esperar se produzca varias veces por siglo; que hay numerosas construcciones en lugares donde la constitución, estructura y geomorfología del terreno indican la existencia de riesgo de deslizamientos, etcétera. Esto es, por supuesto, también válido para el País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana, por citar sólo las zonas afectadas en fechas recientes.

No quiero ni pensar cuál será la situación de producirse un terremoto de cierta intensidad en la zona de Almería-Cádiz (de sismicidad histórica bien conocida) o una erupción volcánica en zonas habitadas del archipiélago canario, donde han tenido lugar ya tres erupciones en lo que va de siglo.

No se puede seguir en este país con unos sistemas de protección civil y de ordenación territorial que ignoran los procesos naturales y que los consideran prácticamente como caprichos de los dioses. Existen demasiados casos de carreteras y autopistas que actúan como represas en caso de avenidas y agravan las mismas, de zonas industriales asentadas en áreas inundables, de planes de urbanismo trazados desde una mesa con tal ignorancia de la realidad del medio sobre el que se está planificando que colocan áreas urbanizables en lugares de deslizamientos o hundimientos potenciales, etcétera; incluso en algún caso se han señalado áreas urbanizables en zonas ocupadas por un embalse... que no figuraba en los mapas utilizados al efecto.

Las consecuencias de este tipo de actitud tienen la gravedad que todos conocemos, y se pagan en vidas humanas y en cuantiosas pérdidas económicas.

Lo lamentable y triste del caso es que existen en el país suficientes profesionales cualificados para realizar una cartografía sistemática de las zonas sujetas a riesgos naturales, y que dicha labor puede llevarse a cabo con un coste muy reducido. Unas decenas de millones de pesetas habrían permitido seguramente realizar este tipo de cartografía en el País Vasco, un coste ridículo comparado con los daños producidos. Por otro lado, es evidente que disponer de mapas de zonas sujetas a riesgos naturales no es suficiente por sí solo para evitar los daños en las mismas. Es imprescindible que esos mapas se vean complementados con medidas legislativas que definan con claridad y rigor los tipos de usos tolerables en cada zona.

Lamentablemente, en regiones como Cantabria o Alicante, donde existe ya una cartografía de esta naturaleza, o como Valencia, donde se está elaborando, no se han tomado, que yo conozca, medidas legales de ningún tipo que sirvan para paliar los males comentados.

Como en tantas ocasiones, es preciso acudir a la comparación con lo que se hace en otros países de nuestro entorno, en los cuales es habitual que los planes de ordenación provincial, municipal, etcétera, tengan presentes este tipo de factores a la hora de establecer normas de uso que permitan una mayor protección de la población contra los procesos naturales. Es hora ya de tomar medidas serias para acabar con el tercermundismo de esta faceta de nuestra protección civil, por medio de una acción decidida de la Administración central o de las administraciones autonómicas que incluya tanto la identificación y cartografía de los riesgos naturales existentes como las medidas legislativas necesarias.