Inminente aprobación de un crédito de 50.000 millones para atender primeras necesidades

El Gobierno, tras la declaración de zona catastrófica aprobada por el último Consejo de Ministros para las áreas afectadas por las recientes inundaciones en el norte de España, está ultimando la elaboración de un decreto-ley que arbitre un crédito inmediato de 50.000 millones de pesetas, con cargo a los vigentes Presupuestos Generales del Estado para 1983, para hacer frente a las primeras necesidades de normalización y reconstrucción de las provincias afectadas.La magnitud de los daños producidos por la inundación, cuyas primeras estimaciones -todavía muy precarias- fijan las pérdidas en 554.343 millones de pesetas, hace prácticamente imposible el que la Administración del Estado asuma en su totalidad y en solitario estas cifras. En este sentido, y al margen del citado decreto-ley en elaboración, el secretario de Esta do de Hacienda, José Víctor Sevilla, viaja hoy al País Vasco para tratar con las autoridades autónomas el posible reparto de los gastos necesarios para la reconstrucción de las zonas devastadas.

Retraso de los Presupuestos

Parte de estos gastos podrían quedar reflejados en los Presupuestos del Estado para 1984, lo que podría provocar algún retraso en su presentación al Congreso, prevista en principio para el próximo día 20. No obstante, cualquier retoque del borrador de presupuestos para el año entrante está pendiente del resultado de las conversaciones entre la Administración central y las autonómicas.Respecto al decreto-ley de 50.000 millones de pesetas, que se pretende entre en vigor de forma inmediata, se estudia la financiación del mismo a cargo del colchón de seguridad que se arbitró para posibles desviaciones en la presentación de los presupuestos del Estado para 1983. Este margen de maniobra (unos 240.000 millones de pesetas) corresponde a la diferencia entre el déficit del presupuesto inicial (1,111 billones) y el del presupuesto final (1,350 billones), y se arbitró para absorber posibles desviaciones en la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social y algunas empresas públicas como Renfe.

El déficit final previsto para 1983, 1,350 billones, es el calculado para cumplir el objetivo de limitar al 6% del producto interior bruto (PIB) tal magnitud. No obstante, y dado que ya se han producido algunas desviaciones en la ejecución presupuestaria, se está evaluando la cantidad todavía disponible de dicho fondo de maniobra de cara al decreto-ley para las zonas devastadas. El resto hasta los 50.000 millones del decreto se detraerá de los vigentes presupuestos de los distintos ministerios. El Gobierno está decidido a recortar las dotaciones presupuestarias de los ministerios para evitar un aumento del déficit que incumpla su compromiso de circunscribir el mismo al 6% del PIB.

Fuentes de la Administración aseguran que, en cualquier caso, se computarán claramente los costes de esta catástrofe imprevisible para que nadie pueda achacar a la gestión socialista variaciones presupuestarias derivadas de la misma.