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Habrá auditorías en Defensa, en las empresas privadas que reciben subvenciones y en todo el sector público

Las auditorías van a ser extendidas a todas las empresas y organismos públicos, incluidos los de Defensa. También existe el propósito de controlar las subvenciones públicas dirigidas al sector privado, como los centros de enseñanza, que podrían ser sometidos igualmente a revisiones de cuentas, según anunció ayer en Santander, sin citar este último proyecto, el interventor general del Estado, Juan Francisco Martín Seco.Dentro del curso Asignación de recursos en una sociedad democrática; problemas presupuestarios y de planificación, que se ha desarrollado durante esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el máximo responsable del control interno del gasto público (el externo depende del Parlamento, a través del titular de cuentas) habló sobre las nuevas formas jurídicas y contables.

Aunque se negó a anunciar las próximas auditorías, dicho alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda dijo que preparan un plan para septiembre y que acaba de ser terminada la de Radiotelevisión Española, cuyos resultados pasarán a un próximo Consejo de Ministros. Actualmente hay en marcha una veintena de estas revisiones contables de organismos públicos, entre las cuales van más avanzadas las del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, federaciones deportivas, agencia Efe, Viviendas Sociales de Madrid, Fedetti e Ita.

Las que empezaran en Defensa serán realizadas por interventores militares, quienes han seguido recientemente un curso de preparación. El conferenciante precisó que, funcionalmente, tales especialistas, pese a su carácter militar, dependen de la Intervención General del Estado.

Ante el interés público por el tema y las repetidas preguntas sobre otras auditorías en provecto, Juan Francisco Martín Seco opinó que debe desdramatizarse el asunto. Añadió que no sólo se persigue el hallazgo de eventuales irregularidades en el manejo de fondos públicos, sino fundamentalmente reunir información y orientaciones de cara a mayores efecacia y eficiencia de los presupuestos y de la planificación.

No obstante, el director del seminario, José Borrell, secretario general del Presupuesto y Gasto Público, señaló que "si se encuentran responsabilidades penales y administrativas, se exigirán. Sería ejemplificador y de hecho existen algunas expectativas. El Gobierno socialista ni va a buscar cabezas ni va a cerrar los ojos ante irregularidades que hayan posibilitado delitos. Pero lo peor y lo que debemos perseguir es la ineficacia, pese a que sobre ella haya menos preocupación hoy".

Por su parte, el interventor general del Estado se mostró favorable a que haya empresas privadas auditando a las públicas, "pues se limitan", dijo, "a los controles financieros".

En este sentido, explicó que las auditorías son sólo uno de los instrumentos de control del gasto público, cuyo proceso de complejidad en estructura y funciones exige ineludiblemente nuevos y más sofisticados métodos. Entre los que se proyecta utilizar citó también el paso de una contabilidad administrativa por partida simple a otra por partida doble, más propia del control de gestión de tipo empresarial.

Otros métodos futuros serán la creación de una central informativa de datos sobre empresas públicas, consideradas poco transparentes hasta ahora; la sustitución de instrumentos extensivos por técnicas modernas de muestreo, que permitirán el control selectivo de la actividad financiera; la próxima publicación del plan de contabilidad analítica, tanto del Estado como de sus organismos autónomos; el, control de subvenciones públicas dirigidas al sector privado, y la intervención de la liquidación de los presupuestos de explotación de empresas públicas con pérdidas, para analizar las desviaciones que puedan producirse respecto a lo programado.

El conferenciante desarrolló la idea de que el controll financiero del sector público no constituye un fin en sí mismo, sino que es instrumeiito fundamental para facilitar que cumpla sus funciones.

Otras intervenciones

En una intervención anterior, sobre planificación y empresa pública, Miguel Martín Fernández, ex subsecretario y ex presidente del Instituto de Crédito Oficial, recalcó que la utilización futura de este instrumento será lastrada por la caótica situación de partida. Para contribuir al ajuste, las empresas públicas deben ante todo sanearse, ayudar a un nuevo sistema productivo, conseguir sectores tecnológicos propios y apoyar su reforma en la del crédito oficial y otras instituciones financieras. Afirmó que el Parlamento debe controlar los numerosos instrumentos de ayuda a tales empresas causantes de déficit público y que en muchos casos son inútiles y no desaparecen con la aparición de otros nuevos.Otro conferenciante del mismo curso, Gonzalo Sáenz de Buruaga, subdirector de Planificación Regional, apuntó que el esfuerzo fundamental desde Madrid debe centrarse en las regiones con problemas de subdesarrollo, identificadas por los estudios realizados en Extremadura, Andalucía, Canarias, Galicia y Castilla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de agosto de 1983

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