La contratación de eventuales no estará condicionada por el número de fijos de cada empresa, según el proyecto de Trabajo
La contratación de trabajadores con carácter eventual podrá efectuarse sin límite alguno, independientemente del número de fijos de plantilla de cada empresa, según los proyectos que el Ministerio de Trabajo se encuentra estudiando dentro de la filosofía de lograr una mayor flexibilización del mercado de trabajo para conseguir la creación de empleo. Actualmente el número de eventuales de una empresa se establece en función de su plantilla fija. De prosperar estos proyectos y los apuntados ayer en estas mismas páginas, se rompería definitivamente el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos suscrito durante el año 1981, y sobre cuya base se ha venido ordenando hasta ahora la contratación temporal.
La contratación temporal, como fórmula para flexibilizar el mercado laboral, pactada en junio de 1981 entre el Gobierno -los entonces ministros de UCD, Juan Antonio García Díez y Jesús Sancho Rof- y los sindicatos firmantes del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), basaba su consenso en dos puntos fundamentales: la excepcionalidad de las medidas, y que las mismas no afectarían a más de un determinado porcentaje de la plantilla de cada empresa.El primero de estos puntos suponía que el real decreto que regulaba este tipo de contratación caducaría con el ANE, es decir, en diciembre de 1982. Y así se hace constar en el escrito asumido por ambas partes y al que no se quiso dar difusión pública en el momento de su elaboración. Sin embargo, una vez finalizado el ANE, el nuevo ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, prorrogó los decretos introduciendo modificaciones.
Pero los pactos ya se habían roto al haber sido modificados los decretos en julio de 1982, ampliando el porcentaje de eventuales que se podían contratar en función de los fijos de plantilla. El Gobierno negó rotundamente que hubiera ningún acuerdo secreto en este sentido. La prórroga de los decretos por parte de Almunia hizo perder la escasa virtualidad que aún pudiera tener el mencionado pacto. No sólo no cumplía el primer condicionante impuesto por los sindicatos (que su vigencia finalizara con el ANE), sino que abría aún más los porcentajes, situándoles desde el 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores hasta el 30% en empresas de menos de 50.
Especial atención a los jóvenes
El actual proyecto del Ministerio de Trabajo va aún más allá. Los técnicos de este departamento estudian la posibilidad de eliminar completamente los topes: cualquier empresa, independientemente del número de trabajadores que cuente en su plantilla, podrá suscribir cuantos contratos temporales crea necesario.
No obstante, se establecerían o permanecerían vigentes algunas de las garantías ya en vigor, tales como la imposibilidad de acudir a esta contratación para aquellas empresas que hubieran procedido a despidos o regulaciones de empleo.
Al mismo tiempo se estudia la posibilidad de suprimir gran parte de las bonificaciones por contratación que se encuentran vigentes. Bonificación que no goza, en contra de lo que pueda parecer, con el aplauso unánime de los propios empresarios, que ven que las mismas pueden ir contra la libre competencia de las empresas. La hipótesis sobre la que se viene trabajando contempla, además, el establecimiento de una indemnización mínima para el trabajador que finalice su contrato temporal. Sin embargo, fuentes de absoluta solvencia insistieron que en torno a la contratación temporal se están considerando multitud de proyectos y que estas mismas hipótesis van a sufrir, previsiblemente, profundas modificaciones. Lo que es seguro es que cualquiera de los supuestos sobre los que se está trabajando pondrá especial énfasis en la contratación de jóvenes que acceden por primera vez al empleo, y en los trabajadores en paro mayores de 45 años.
La introducción de la contratación temporal fue aceptada a regañadientes por los sindicatos, que veían en esta medida el primer paso para lograr la flexibilización total del mercado de trabajo. Cada modificación sufrida por los decretos -y han sido numerosas en dos años escasos- han provocado fuertes reacciones de las centrales sindicales. Una mayor apertura en este sentido agudizará con toda seguridad las diferencias entre el Gobierno y los sindicatos.
