Política agrícola y estructuras comerciales

Cualquier acción de gobierno que tienda a reducir el coste de la cesta de la compra es socialmente necesaria y coherente con un objetivo económico general que pretenda disminuir la inflación.Las distintas agriculturas que se dan en nuestro país conforman una oferta agropecuaria que -en su vertiente exportadora- atraviesa por serias y conocidas dificultades de penetración en las barreras proteccionistas de nuestros clientes europeos y -a pesar del esfuerzo de producto res y exportadores- esta situación no va a cambiar a medio plazo. En estas condiciones, la política agrícola debería reconducirse activamente en dos grandes direcciones; en primer lugar intentando estimular la producción agraria para conseguir el máximo nivel de autoabastecimiento alimentario, limitando la dependencia de las importaciones -cuyo volumen esencial se paga en dólares- y evitando las alzas de precios agrícolas desproporcionadas. Esto se puede conseguir corrigiendo de forma natural los desequilibrios del balance agroalimentario entre disponibilidades y necesidades.

La segunda gran dirección debe intentar mantener el poder adquisitivo del agricultor y ganadero, no sólo a través de una simple política de precios, que genera más inflación, de efectos desiguales a nivel regional y entre explotaciones grandes y pequeñas, sino mediante subvenciones a determinados inputs agrarios y productos-base que interese estimular.

La capacidad de reacción y el dinamismo del campo ante acciones claras de la Administración es notable, salvo en el caso de imponderables climáticos, como es el caso de la actual sequía, y salvo restricciones institucionales en determinadas regiones que sólo se corrigen con una política de reforma de las estructuras de producción.

El impacto de una política de este tipo sobre la oferta proporcionaría un paquete estable de alimentos a precios moderados con su efecto positivo sobre el IPC de los próximos años.

El problema no radica sólo en el nivel de producción, sino en la actuación conjunta entre la Administración central , comunida des autónomas y ayuntamientos, en el ámbito de la comercialización de productos alimenticios, especialmente en los mercados de productos perecederos, cuya irregularidad de precios da lugar a procesos comerciales erráticos, a formación de márgenes por kilo desproporcionados y al encarecimiento de precios a lo largo de la distribución, que suele pagar el consumidor a expensas del productor.

Estructuras comerciales en origen

Por lo que se refiere, a estructuras comerciales en origen o zona de producción, cabría considerar una serie de puntos sin llegar a ser exhaustivos.

1. Salvo en zonas muy deprimidas y en casos especiales, España cuenta con un nivel suficiente de equipamientos de recepción, manipulación, transformación, conservación y expedición de perecederos. En muchos casos, se da exceso de capacidad instalada por la descoordinación que ha habido en la construcción de dichos equipamientos.

2. La normalización de productos, que es preceptiva en las exportaciones, tiene una escasa implantación para el mercado interior, especialmente en los productos que no requieren un proceso de transformación, como es el caso de las frutas y hortalizas. Ello no se debe tanto a la falta de instalaciones adecuadas como al encarecimiento que supone y la fuerte competencia entre estructuras formales (costes objetivos) y operadores de economía sumergida (costes subjetivos).

Es un proceso difícil el pretender la normalización por la vía coercitiva o represora. Se debe educar al consumidor y al detallista para que los productos que no reúnan las condiciones comerciales queden descalificados, aunque es más complicado llevarlo a cabo en un país productor como el nuestro que en mercados que se abastecen de importaciones, que ya cumplen la normativa internacional.

3. Puesto que existen unos equipamientos en origen y un exceso de operadores de diversa condición, la compleja trama de relaciones comerciales debería formalizarse en lonjas de contratación, en zonas de producción que contribuyesen a una unidad de mercado, a la transparencia comercial y a un reforzamiento de la capacidad contractual de los productores.

La formación de precios debería recogerse en boletines de cotización fiables, que se comunicasen diariamente á otras lonjas de origen y a los mercados centrales, y viceversa. La disponibilidad de esta información para cualquier usuario evitaría movimientos especulativos de aquellos que basan su actividad en estar enterados.

4. La Administración, a través de estas lonjas, debería promover asociaciones tempprales y/o estables entre operadores de origen, capaces de aglutinar esfuerzos, tanto para el Wercado exterior (se pierden oportunidades de exportaciones especiales por el individualismo), para la contratación con la industria aflmentariay para reforzar la oferta para el propio mercado interior en fresco.

5. Se debe aumentar la participación de los productores en el valor añadido por el proceso de distribución, acortando circuitos y mejorando la información del agricultor, ganadero o pescador en materia de cornercialización.

Ahora bien, ello debe soportarse con sistemas lógicos y racionales y no creando iniciativas equivocadas que, en lugar de acortar circuitos, estén ocasionando pérdidas injustificadas que normalmente acaba financiando el sector público.