La política de información y documentación en España

Todo esbozo que se pretenda hacer de la política de las fuentes de información científica requiere, evidentemente, la descripción del marco en que ésta se desenvuelve y del que, en definitiva, es elemento de carácter instrumental. Me refiero -está en la mente de todos- a la política científica en general. Pues bien, toda política científica desplegada por eI Estado debe basarse en una concreta delimitación del proceso que entendernos por ciencia, en las necesidades específicas de la sociedad a la que pretende servir y, en suma, en la adecuada protección y fomento de los elementos constitutivos del proceso de producción y transmisión de los conocimientos. Así, numerosos tratadistas han identificado los aspectos más problemáticos de toda política de ciencia (que es, esencialmente, política de investigación y de enseñanza universitaria) con cuestiones como la definición de la figura del científico, la relación política general/política científica, la planificación de la ciencia, el establecimiento -como una de sus consecuencias- de líneas de investigación, y la determinación exacta de cómo debe ser y cómo debe hacerse la investigación en España.Para que ello sea posible, hay que aceptar que de esta política científica forma parte preliminar y esencial la política de información científica o conjunto de medidas encaminadas a asegurar y garantizar la base de una correcta transmisión y uso de las fuentes de información. Y la adopción de estas medidas no es algo caprichoso. Un análisis aproximado de las causas que motivan la aparición de la documentación en la historia de la ciencia viene fundamentado en las características más notorias de la propia ciencia. Así, el crecimiento permanente y exponencial de las publicaciones científicas, no sólo de libros y artículos editados, sino de toda suerte de documentos, imposibilita el acopio y la selección directa por el investigador. Junto a ello existen otros obstáculos, como la incorporación de nuevos países que colaboran en el progreso de la ciencia en todos los niveles -por consiguiente, la incorporación de nuevos idiomas que se convierten de hecho en nuevas barreras- y el derivado de las relaciones interdisciplinares, cada vez mayores, y que acosan al científico, convirtiéndole en verdadera paradoja -aunque sin duda fecunda- de especialización y, simultáneamente, de apertura a conocimientos colindantes.

La política de información científica

No es de extrañar, por tanto, que se haya ido desarrollando paralelamente, junto a los modos tradícionales de hacer investigación, otra variedad de trabajo científico que es la constituida por la actividad de información de los resultados científicos, cristalizada en la instauración de sistemas de información y competencia de una disciplina que se denomina documentación, que cumple su misión cuando procura la recopilación, la selección, la lectura y el aprovechamiento de las fuentes como parte insoslayable de la metodología del trabajo investigador.

La mejor resolución de los problemas aludidos coincide con los objetivos mínimos que cabe atribuir a toda política de información científica aplicada a las necesidades concretas de nuestro país. Son los siguientes:

Primero, fomento de la comunicación entre los científicos con el fin de aprovechar los frutos producto de las fecundas relaciones interdisciplinares; segundo, establecimiento de un sistema nacional de información de las fuentes accesible para cualquier investigador o estudioso y coordinación del mismo con otros de carácter nacional o internacional; tercero, establecimiento de mecanismos para asegurar plenamente la difusión de los resultados de las investigacíones realizadas; cuarto, formación de documentalistas y formación de usuarios.

En España, sin duda, la falta de concreción doctrinal del concepto de documentación unido a la escasa coordinación, en mi opinión, de los organismos oficiales han motivado la ausencia todavía en nuestros días de un sistema nacional de información y documentación científica que contribuya al mejor desarrollo y eficacia de nuestra investigación.

Teniendo en cuenta precedentes de esfuerzos anteriores, bien desde la órbita de la OCDE (1973), desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o desde los intentos que desplegó, en 1978, el Senado a través de su Subcomisión de Información Científica, lo cierto es que ha llegado el momento de abordar con toda urgencia el diseño de nuestra política de información científica que podría, en mi pensamiento, plantearse sobre las siguientes bases: primera discusión previa, con el concurso de las personas más cualificadas y representativas de los sectores más interesados, para el establecimiento de objetivos de dicha política. Los sectores más interesados son, sin duda, los correspondientes a los grupos de productores de la información científica, de usuarios o investigadores y de documentalistas. Desde el punto de vista institucional, dichos sectores se identifican con los siguientes niveles: universidades, centros de investigación públicos, departamentos ministeriales, centros de investigación privados y empresas privadas; segunda, conocimiento del estado de la cuestión en España en materia de infraestructura de archivos, bibliotecas y centros de documentación en España considerados pilares esenciales de la mencionada política; tercera, estudio de un modelo de sistema nacional de información científica adecuado a las necesidades específicas de la investigación española. Los criterios generales de elaboración del modelo deben ser, en mi opinión, los siguientes: a) El modelo debe procurar, esencialmente, la coordinación de experiencias procedentes de iniciativas privadas o públicas en curso de realización y sólo. inaugurar actividades que respondan a lagunas ostensibles. b) El modelo debe contemplar los objetivos encomendados a una serie de organismos e instituciones estatales que tienden a actualizar aspectos parciales del objetivo que atribuimos a aquél y que, en ocasiones, duplican sus objetivos. c) El modelo de sistema nacional de información científica debe tener como uno de sus objetivos básicos, y por eso destacables en este momento, la elaboración, en su caso, y la promoción y coordinación de aquellos repertorios bibliográficos considerados de necesidad absoluta para la investigacíón española; cuarta, definitiva implantación en España de los estudios de documentación a nivel de posgraduado como modo de asegurar la eficaz formación de los inforinadores científicos y de los usuarios de las tareas de información científica.

Tales son, en definitiva, los rasgos más sobresalientes, a mi entender, de la llamada política de información científica. Si ello se cumple, la investigación científica mejorará, lo que habrá de contribuir al engrandecimiento de Espafía por la vía de la sabiduría, a cuyo crecimiento y extensión los estudiosos de la documentación estamos llamados por la índole de nuestra labor.