Los prisioneros políticos en Venezuela

Es seguro que esto a muchos les va a parecer increíble: que también en Venezuela hay perseguidos y prisioneros políticos a los que se mantiene en cautiverio sin que les sea incoado juicio regular alguno, y a los que -aunque cueste trabajo creerlo- se tortura y veja, sometiéndolos a tratamientos abiertamente violatorios de los más elementales derechos humanos. La extrañeza que esta aseveración pueda causar es apenas lógica si se considera que Venezuela siempre ha sido tenida como una nación efectivamente democrática, que hace honor a su condición de patria del libertador Simón Bolívar y que precisamente ahora está gobernada por un presidente que milita en la Democracia Cristiana.Sin embargo, los hechos conocidos han comenzado a tiznar feamente esa imagen de una Venezuela ejemplar.

En la prisión militar del cuartel San Carlos, en Caracas, los prisioneros políticos tuvieron que declararse en huelga de hambre para protestar por las vejaciones, malos tratos y torturas que se les han infligido, así como para pedir que se les someta a juicio con todos los trámites de la ley procesal venezolana.

La toma de embajadas

Esos maltratamientos inferidos a los presos políticos los ha denunciado en Europa el Comité contra la Represión en Venezuela, con sede en París, en documento que ha hecho público la Asociación Internacional contra la Tortura.

Paralela a esta protesta de los presos políticos, sus familiares y amigos han apelado a la toma pacífica de embajadas y consulados extranjeros para llamar la atención del mundo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Según el periódico Le Monde, de París, en su edición del 30 de marzo de 1983, el 25 del mismo mes fueron ocupados el Consulado de España en Valencia (Venezuela) y la Embajada de Suecia en Caracas, y el 28 fue tomada la Embajada de México.

Cuando una protesta pública alcanza tales niveles y obliga a intervenir no sólo a funcionarios de naciones extranjeras, sino también a entidades supranacionales y a los grandes rotativos del mundo, obviamente es porque el asunto ha pasado a mayores. Entonces, la pregunta se impone: ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela?

Ni más ni menos de lo que los militares hacen en todas partes cuando comienzan a montar su dictadura: encarcelamiento arbitrario de líderes campesinos y obreros, de sociólogos, periodistas, profesores, estudiantes, etcétera, a quienes, en masa, se les hace una sola acusación sin pruebas: enemigos de la seguridad del Estado. Todos caen bajo la jurisdicción de los tribunales militares, que pueden abrir procesos acomodaticios o no incoar ninguno, pero manteniendo indefinidamente a los prisioneros en estado de deteción preventiva.

Hay 86 prisioneros políticos actualmente en Venezuela, y se habla ya de desaparecidos y torturados. Un solo ejemplo, el de Luis Alberto Solórzano, es suficiente para ilustrar cómo opera la justicia a la venezolana.

Ni pruebas, ni juicio

Solórzano, 31 años, visitador médico, está preso desde el 28 de febrero de 1977. Fue apresado por la policía política venezolana y torturado. Se encuentra en la cárcel militar del cuartel San Carlos, en Caracas. En sus seis años de encarcelamiento no ha habido tiempo para juzgarlo en juicio. No hay proceso alguno que haya sido adelantado por la justicia militar en su contra. Y como no hay proceso, pues tampoco hay pruebas que demuestren que es culpable de algún delito. Pero Luis Alberto Solórzano sigue encarcelado.

Una cosa aparece evidente: que los militares no han encontrado prueba alguna contra Solórzano, y por eso, en seis años, no se han atrevido a juzgarlo. O que sí tienen esas pruebas, pero no quieren juzgarlo. ¿A cuál de estas dos actitudes se le puede dar el nombre de Justicia, así, con mayúscula?

Legalmente, este ciudadano venezolano no es un prisionero, es un secuestrado político de los militares.

En Venezuela -justo es decirlo- no han faltado los espíritus enamorados de la libertad y la justicia, que entienden que casos como el de Solórzano y sus 85 compañeros de cautiverio en el cuartel San Carlos constituyen un triste baldón para Venezuela y para su Democracia Cristiana. Por eso se han empeñado en conseguir de los poderes públicos la búsqueda de una solución de justicia para el problema de los prisioneros políticos. Es, ante todo, una actitud humana que afortunadamente comienza a ser coreada por la Prensa de América y Europa, y resueltamente respaldada por organizaciones como la Asociación Internacional contra la Tortura, seccional de Suiza.

Ahora, lo que falta por ver es si la democracia, la justicia, la libertad y el cristianismo tienen alguna vigencia todavía o si pueden ser olímpicamente menospreciados por los militares de la patria de Bolívar.

es escritor colombiano residente en Suiza.