La Administración, responsable de la muerte del capitán del 'Urquiola' por fallos en la operación de rescate

La Administración del Estado ha sido declarada responsable de la muerte del capitán del buque Urquiola y deberá hacer frente a los daños y perjuicios causados por la explosión y naufragio del citado petrolero ocurrido en la ría de La Coruña, en mayo de 1976. Un fallo del Tribunal Supremo ha anulado las anteriores resoluciones del Ministerio de la Defensa que acusó de "negligencia" y responsabilizó al marino desaparecido y otros miembros de la tripulación del barco de las causas del accidente.

La sentencia del Tribunal Supremo considera que en los hechos ocurridos el 12 de mayo de 1976, desde el primer choque de la quilla del buque Urquiola con los fondos marinos, cuando entraba al puerto de La Coruña, sobre las 8,20 horas, hasta su posterior naufragio, después de la una de la tarde, se iniciaron por el anormal funcionamiento del servicio público de cartografía marina y de información sobre el mar y litoral". En el mismo apartado de la sentencia se dice que la muerte del capitán del buque, Francisco Rodríguez, de 42 años, "pudo haber sido evitada con el funcionamiento normal del servicio público de ordenación de seguridad y salvamentos marítimos".En consecuencia, el texto del Tribunal Supremo señala que la catástrofe denunciada se produjo "sin que interviniera culpa o negligencia", del citado capitán que, según se destaca en la sentencia, "cumplió en todo momento con los deberes de su cargo de manera irreprochable, con los rasgos "de heroismo y fidelidad a las tradicionales virtudes de los hombres del mar, así como las del práctico del puerto, las dos últimas personas en abandonar el buque, una vez producida la explosión.

La sentencia del Tribunal Supremo, pronunciada el pasado 18 de julio condena a la Administración General del Estado y en su representación, al Ministerio de Defensa al pago de una indemnización de diez millones de pesetas a la viuda del capitán que, en colaboración con diversas entidades de la Marina Mercante, recurrió contra las resoluciones del citado ministerio que acaba de anular el Tribunal Supremo.

Tales resoluciones dictadas en 1979 hacían responsable del delito de injurias contra la Armada a parte de la tripulación del Urquiola a diversos medios de Prensa y al Sindicato Libre de la Marina Mercante (SLMM) por la publicación de la obra "Urquiola. La verdad de una catástrofe", aunque todas estas responsabilidades penales quedaron sin efecto por el decreto de indulto, promulgado en 1977.

Portavoces del citado sindicato, que dieron a conocer el fallo del Tribunal Supremo en Bilbao expresaron su satisfacción por el contenido de la sentencia que en su opinión, reconoce la profesionalidad de los marinos civiles, en relación con el accidente y "demuestra que las autoridades militares de la Marina son incompetentes para manejar buques mercantes". En este sentido, los representantes del SLMM se refirieron al anteproyecto de ley que prepara el Partido Socialista Obrero Español para el reemplazo de las autoridades militares por la Administración civil en el ámbito de la Marina Mercante para 1985.