Una próxima reforma afectará a casi todos los impuestos, pero no completará sus efectos recaudatorios hasta 1986

La profundización en la reforma fiscal anunciada por el PSOE durante la campaña electoral está siendo concretada por Hacienda a nivel de anteproyectos de decretos o leyes, ya en fase de borradores avanzados o de textos articulados que pasarán pronto al Consejo de Ministros. Si prosperan estas iniciativas, resultarán afectados casi todos los impuestos, sobre todo los de mayor potencia recaudatoria: renta, futuro impuesto sobre el valor añadido, patrimonio, sucesiones, sociedades, impuestos especiales, tasas y regulación de infracciones y sanciones. Se necesita aumentar la presión fiscal más de un punto cada año. Pero buena parte de los proyectos difícilmente pueden surtir plenos efectos recaudatorios hasta 1986, mientras la lucha frontal contra el fraude presenta inconvenientes.

Los dos grandes retos tributarios para los próximos años serán cubrir directamente con impuestos la anunciada reducción del déficit público, al tiempo que son sustituidas por transferencias del Estado las cotizaciones de empresarios a la Seguridad Social, según los observadores. Como se intentará bajar el déficit público desde el actual 6% del valor de la producción española de bienes y servicios en alrededor de un punto cada año, no habrá más alternativa que elevar la presión fiscal en el mismo porcentaje (es decir, entre 200.000 y 300.000 millones de pesetas, según el año).Paralelamente, la financiación de la Seguridad Social, una de las principales causas del aumento del déficit público en el último lustro, presenta un panorama todavía más preocupante. Desde hace un año se estimaba en medios oficiales que la diferencia tendencial entre gastos previsibles y cotizaciones sociales, determinante de la aportación anual del Estado, sería en 1986 de un billón de pesetas, tanto como el de la renta (tercera parte de los ingresos fiscales), frente al menos de medio billón fijado como transferencia del Estado para 1983. Hoy, los informes elaborados de cara a la reforma del sistema hablan de un déficit de hasta 1,6 billones. Cubrirlo supondría aumentar la subvención en más de 300.000 millones de pesetas durante cada uno de los tres años que faltan.

IVA e impuestos especiales

La puesta en marcha del impuesto sobre el valor añadido (IVA) ha sido la gran esperanza de los Gobiernos anteriores a la hora de intentar reducir las cotizaciones de empresarios a la Seguridad Social, entendidas por todas las opciones parlamentarias como un impuesto sobre el empleo y un lastre para aumentar las exportaciones.

El Impuesto sobre el Valor Añadido, pagado en última instancia por los consumidores, habrá de sustituir a varios impuestos indirectos actuales, entre ellos el de tráfico de empresas, y aumentar en cerca de un 50% la recaudación resultante, hasta llegar al billón de pesetas, según estimaciones muy preliminares.

Después de quedar aprobado el último proyecto del Impuesto sobre el Valor Añadido por la mitad de su articulado en el Pleno de Congreso de los Diputados, hace más de un año, el Gobierno actual decidió someter el texto a revisión pese a que el Partido Socialista Obrero Español le había prestado apoyo inicialmente, como a otra leyes tributarias promovidas desde 1977. Además de cuidar la repercusión en el sector agrario y las pequeñas y medianas empresas, la adaptación consistirá, sobre todo, en modificar los tipos de partida (antes, 4% para productos sociales, 11% para los nonnales y 22% para los de lujo), con el fin de adaptarlos a los recientes cambios en la imposición indirecta, a los de la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la estructura del consumo. El resultado final puede ser presión menor, pero más extensiva.

Dependiente de una cláusula

No obstante, tanto los tipos como el momento de la entrada en vigor del impuesto, muy relacionada con la fecha de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, dependerá de una cláusula modificable posteriormente. En cualquier caso, está descartado que el Impuesto sobre el Valor Añadido empiece a surtir medianos efectos recaudatorios hasta 1986, pues como pronto entrará en vigor a principios de 1985. Por ello, el Ministerio de Economía y Hacienda lo concibe en el último proyecto como el mecanismo de cierre del sistema, por lo que será diseñado como el complemento de los de renta y sociedades (grava los beneficios de las empresas). Los responsables de la reforma entienden que, una vez promulgado, podrá tenderse a la declaración única; ya se dispone de información de renta y patrimonio, y el Impuesto sobre el Valor Añadido aportará la del consumo, por lo que permitirá un ágil y completo sistema de autocomprobación interna.

Renta y sociedades

Para facilitar la introducción paulatina del Impuesto sobre el Valor Añadido, que exigirá también sustituir la desgravación fiscal a la exportación (256.598 millones de pesetas en 1982, procedentes de tráfico de empresas, alcoholes, petróleos y compensación de gravámenes interiores), ya se aprobó en 1979 el régimen transitorio de la imposición indirecta. Ahora hay en estudio una ley completa de los impuestos especiales (cerca de 300.000 millones de pesetas de recaudación anual, procedente de petróleo y derivados, teléfonos, alcoholes, azúcar, bebidas refres1 cantes, achicorias, etcétera), que podría entrar en vigor antes que el Impuesto sobre el Valor Añadido sin más que modificar los tipos del impuesto de compensación de gravámenes interiores y la desgravación fiscal a la exportación de a determinadas partidas arancelarias. Según fuentes de Hacienda, s así bastaría con cambiar los tipos de gravamen para aplicar el futuro eje de la imposición indirecta.

La ley en estudio, precedida por un reciente retoque en la imposición sobre combustibles para 1983 (reducir los tipos de naftas, gases y energías residuales de procesos industriales), solucionaría, según fuentes oficiales, todos los problemas que se han presentado con la vigente, de 1979. El proyecto contempla los problemas del comercio exterior, gravámenes a la importación, así como las desgravaciones a la exportación para las mercancías no gravadas y que contienen productos que sí lo están (por ejemplo, perfumiería, insecticidas, pinturas, barnices, etcétera).

Otros cambios proyectados, en este caso para ultimar los textos a finales de año, sin urgencia alguna, son retocar las leyes de sociedades y renta, con el fin de corregir discrepancias entre ellas y homogeneizar su aplicación. Aunque las variaciones sean eminentemente técnicas, no dejarán de tener importancia, al afectar a impuestos que suponen la tercera y casi la décima parte de la recaudación fiscal, respectivamente.

En medios solventes de Hacienda se estima que dicha homogeneización permitirá plantearse la reforma de los dos reglamentos, lo que puede tener mayores aspiraciones recaudatorias, al ser éstos mucho más detallados.

Reglamentos

El de renta ya ha sido modificado ampliamente dos veces desde que se aprobó el impuesto. En cuanto al vigente sobre sociedades, su promulgación por decreto poco antes de las elecciones legislativas suscitó declaraciones del Partido Socialista Obrero Español en el sentido de que se pretendía beneficiar al gran capital, el anuncio socialista de su derogación en caso de ganar las elecciones y expedientes y dimisiones de funcionarios que elaboraron el proyecto y se mostraron disconformes con el texto final. Hasta hoy, esos funcionarios tienen mayores responsabilidades en el diseño de la política tributaria y nada se ha derogado.

Más urgente y de fuerte repercusión puede resultar el proyecto de decreto que modifique el sistema de estimación objetiva singular para agricultores, profesionales y pequeños empresarios. El mecanismo les permite tributar por un porcentaje de sus ventas anuales estimadas, y ha sido denunciado reiteradamente, incluso desde esferas gubernamentales, como la legitimación de una importante bolsa de fraude. Pero siempre, hasta ahora, han sido prioritarias las consideraciones políticas.

También figuran entre los proyectos que se desea ultimar este verano los de patrimonio y, de paso, sucesiones. El viejo proyecto de patrimonio, como el de otros textos en vigor, fue redactado en tiempos de Fernández Ordóñez bajo la supervisión del actual secretario de Estado de Presupuesto, José Víctor Sevilla. Entonces se concibió desde la perspectiva del anterior impuesto sobre la renta, y debe ajustarse al actual.

Infracciones, tasas y autonomías

Cierran la lista de proyectos en avanzado estado los de infracciones, tasas y autonomías. El primero dará tratamiento radicalmente distinto al infractor que pone toda a información al servicio de Hacienda y el que la falsea, introduce mecanismos de cobro al coste real del dinero para desincentivar las infracciones, e iguala a los sectores público y privado. Está en estudio se incluye el delito fiscal, pues existe voluntad de que sea operativo. Pero se han suscitado dudas sobre la facilidad de que algún desliz gerencial supere los dos millones de pesetas y de los componentes de intencionalidad. Lo seguro es que el infractor tendrá que ingresar y luego empezar a discutir, mientras que ahora es recurrible el acto administrativo de intentar determinar la base. No obstante, el mecanismo se configurará con garantías.

En segundo lugar, la ley de reordenación de tasas y tributos parafiscales debe ser enviada al Congreso como máximo dentro de un año. Excluidas hasta ahora del cómputo de la presión fiscal por el componente que tienen de compensación por servicios recibidos, se espera que este año permitan una recaudación de 250.000 millones de pesetas, con aumento del 50% sobre 1982. La medida se condicionará al proyecto de supresión y refundición, del centenar largo de organismos autónomos y al de reforma de la empresa pública, de cara a los cuales se estudiará si lo producido es susceptible de que lo sea por el sector privado, el coste y el posible precio, tasa o subvención para recuperar el coste.

Por último, además del ya aprobado proyecto de ley para regular con carácter general la cesión de tributos a las comunidades autónomas, algo alterado con respecto al texto que tenía el Gobierno de UCD en el Parlamento, están siendo preparados proyectos particulares para Galicia y Andalucía. Cabe la posibilidad de que este mismo año empiecen a tramitarse también disposiciones particulares para Valencia y Canarias, a las que seguirán el resto de las autonomías, salvo el País Vasco, Navarra y Cataluña, que ya disponen de regulaciones.