La paz de las banderas

EL COMUNICADO del Gobierno de Vitoria sobre la demencial guerra de las banderas, provocadoramente iniciada por concejales de Herri Batasuna en Tolosa y seguida luego en otros municipios guipuzcoanos, es una exhortación a la sensatez, una defensa de la legalidad y un gesto pacificador. El documento, hecho público antes de que el Parlamento de Vitoria discutiera una proposición no de ley sobre la misma materia de Alianza Popular y una enmienda alternativa de Euskadiko Ezkerra, señala taxativamente que las instituciones vascas de autogobierno y los partidos que las sustentan "deben respetar el marco institucional en que se desenvuelven y el ordenamiento jurídico que lo establece, así como sus símbolos".La coherencia política de las fuerzas que han acatado la Constitución y votado el Estatuto de Guernica hace inexcusable, como señala acertadamente el comunicado del Gobierno vasco, el cumplimiento de las disposiciones que regulan el uso de los símbolos. El artículo 4 de la Constitución establece inequívocamente que las banderas y enseñas de las comunidades autónomas "se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales". La ley de 28 de octubre de 1981 desarrolló de forma precisa ese mandato constitucional al establecer que "la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincia¡ o insular y municipal del Estado". La bandera de las comunidades autónomas "se utilizará juntamente con la bandera de España en todos los edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla", y la bandera de los ayuntamientos y diputaciones también deberá ser usada junto a la bandera española. La citada ley establece igualmente que cuando la bandera de España figure junto a otras banderas, "ocupará lugar preeminente y de máximo honor, y las restantes no podrán tener mayor tamaño".

En un sistema democrático, el pleno acatamiento de las leyes aprobadas por los representantes de la soberanía popular es una regla inexcusable del juego político. De acuerdo con el artículo 9 de nuestra norma fundamental, no sólo los ciudadanos sino también los poderes públicos (que incluyen a los ayuntamientos) "están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". El comunicado del Gobierno vasco, replicando de antemano a las eventuales críticas de los defensores del derecho a la autodeterminación, señala que "los símbolos del actual marco institucional tendrían vigencia en tanto no cambiara el mismo y merecerían, en todo caso, el respeto debido". En un Estado de Derecho, las autoridades tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, con independencia de los sentimientos y emociones que suscite su articulado. Y, además, "el ultraje o la falta de respeto a cualquier bandera es, en todo caso, impropio de un grupo civilizado".

El Gobierno de Carlos Garaicoetxea pone en guardia contra las provocaciones y manipulaciones dirigidas a crear enfrentamientos emocionales en torno a las banderas, susceptibles de ser capitalizados "por cualquier tipo de extremismo" y orientados, en última instancia, a desviar el tratamiento racional de los graves problemas que aquejan a la sociedad vasca. Anteayer, la convincente intervención de José María Benegas, secretario general del PSE-PSOE, en Televisión estableció también un acertado paralelismo entre los extremistas que hace pocos años quemaban la bandera bicrucífera de los vascos y los extremistas que hoy atentan contra la bandera de todos los españoles. Con su agresividad fetichista y su intolerante desprecio hacia los sentimientos ajenos, unos y otros transfieren su profundo odio contra los hombres y mujeres de carne y hueso a los símbolos que los representan.

El comunicado, finalmente, distingue entre el respeto oficial que los símbolos merecen y "su asunción real, emocional y popular". En cualquier caso, el deseo mayoritario del pueblo vasco de ver en su territorio "la simbología de un Estado plurinacional, que respete su derecho al autogobierno", quedó plenamente satisfecho con el reconocimiento de la bandera bicrucífera, legalmente definida por el artículo 5 del Estatuto de Guernica. Ahora bien, tampoco es un secreto para nadie que, al comienzo de la transición, muchos demócratas tuvieron que superar hondas resistencias emocionales para aceptar como enseña común de todos los españoles la bandera bicolor, asociada durante cuatro décadas con el régimen franquista y con el bando ganador de la guerra civil. Sin embargo, ese proceso se realizó rápidamente y hoy día la bandera bicolor, con el escudo aprobado por la ley de 5 de octubre de 1981, es sentida como propia por la abrumadora mayoría de los ciudadanos, cualesquiera que sean su ideología y su militancia. Pero tal vez el tiempo histórico haya marchado a distinto ritmo en el País Vasco, donde siguen existiendo, además, resistencias emocionales a aceptar la simbología estatal en la medida que ésta pueda ser entendida como negadora de la identidad vasca o como imposición coercitiva. Para que las fuerzas nacionalistas democráticas del País Vasco asuman sentimentalmente -y no sólo de manera racional, legal y política- la bandera constitucional probablemente será necesario un plazo mayor del que necesitó el PSOE, en cuyos actos de masas de 1976 y 1977 todavía se enarbolaban banderas tricolores, para recorrer ese camino. Por lo pronto, Carlos Garaiocoetxea demostró su sentido de la responsabilidad al acudir a Burgos a los actos de homenaje a la bandera. Y ahora el comunicado de su Gobierno ha dado un nuevo paso en esa dirección, compatible con la afirmación de que "la tan deseada pacificación de nuestra vida política" y la normalización del País Vasco no podrán lograrse sólo mediante acciones meramente coercitivas.