No hay dinero para nuevos aviones contra incendios

Las numerosas y variadas autoridades que intervienen en la lucha contra el fuego disponen de amplios recursos: aviones, parques de bomberos, brigadas del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), fuerzas militares y de seguridad del Estado, e incluso cualquier ciudadano puede ser movilizado al efecto. La tesis que predomina en la Administración es que la lucha contra el fuego depende esencialmente de los equipos en tierra y del trabajo preventivo; sin embargo, también la limpieza previa de los bosques está lejos de ser exhaustiva, puesto que el esfuerzo en ese terreno alcanza, cada año, al 0,4% de la superficie arbolada.A los problemas técnicos se añaden otros claramente políticos, al estar en discusión tanto las responsabilidades para la protección civil en España -teóricamente confiadas a una dirección general del Ministerio del Interior- como la transferencia de competencias del Icona a las comunidades autónomas. Dicho organismo da empleo temporal a unas 10.000 personas para reforzar su guardería forestal, lo cual representa uno de los presupuestos más importantes del Ministerio de Agricultura, y provoca forcejeos para establecer Si esa competencia debe ser transferida o no. Los partidarios de la centralización alegan que dicha competencia se ejerce más eficazmente allí donde continúa siendo estatal; por su parte, las autoridades catalanas echan la culpa de lo sucedido en Gerona precisamente a lo que no les ha sido transferido, que es la cobertura aérea.

Una calamidad pública

A todo esto, lo que se discute es la manera de luchar contra una auténtica calamidad pública, que entre 1970 y 1981 calcinó 911.905 hectáreas arboladas, con pérdidas materiales superiores a los 150.000 millones de pesetas y la muerte de 115 personas. Frente a dicha situación se adoptaron medidas a fines de la década de los setenta y comienzos de la actual, tanto con la adopción de un plan contra incendios forestales (denominado INFO) como con la devolución de una parte importante de montes comunales a los vecinos de Galicia y otros lugares especialmente sensibles al fuego provocado. El resultado es que los incendios comenzaron a remitir en 1982, y este año su nivel ha bajado un 30% más respecto al período anterior.

Así, el espectacular incendio de Gerona -al que había precedido otro en Tarragona, con varios muertos- aviva la polémica, a la búsqueda del responsable de que se hayan quemado tantos árboles. El alcalde de Gerona sostiene que los aviones intervinieron demasiado tarde; el Icona niega toda negligencia en el uso de la cobertura aérea; las autoridades autónomas responsabilizan a la Administración central; y la Dirección General de Protección Civil, teórica responsable de la coordinación de todos los medios, tercia que lo más importante es la vigilancia previa ejercida en los bosques, que "en Cataluña se encuentra muy abandonada".

Aviones no utilizados a 50 kilómetros del fuego

Tanto los expertos de Protección Civil como los del Icona coinciden en la eficacia del servicio de bomberos de la Generalitat, pero a condición de que se mantengan brigadas forestales conocedoras del terreno y muy repartidas geográficamente. Una vez que el fuego se extiende, según estas fuentes, los aviones se convierten en un elemento más psicológico que verdaderamente decisivo: "la acción del avión no es más que la de escupir sobre el fuego; puede enfriar una zona para facilitar la acción de los equipos de tierra, pero son éstos los que realmente han de apagarlo. Cuando un incendio tiene 500 metros de frente es absurdo pensar que un avión pueda apagarlo, y por eso es tan importante actuar en cuanto surge el foco".

El Icona, responsable directo de la cobertura aérea, sostiene además que su actuación respecto al incendio de Gerona fue correcta, al haber enviado a lo largo del domingo, 17 de julio, hasta tres hidroaviones desde Madrid para reforzar a los dos ya destacados en Cataluña, "agotándose así todos los medios de apoyo aéreo disponibles". Lo cierto es que el Icona tenía en aquel momento cuatro hidroaviones más, uno en Baleares, otro en Jerez y dos en Galicia, pero no fueron movilizados para mantener una reserva en puntos alejados que no podían dejarse totalmente desguarnecidos; según su director, Ángel Barbero, ese día había fuegos declarados en Baleares y en las cercanías de Madrid.

Esta escasez de aparatos, por lo menos en las primeras 24 horas del fuego, podía haberse paliado con el uso de hidroaviones franceses, cuya base estaba a 50 kilómetros del escenario del fuego. Pero éstos sólo pudieron intervenir cuando el incendio gerundense llevaba tres días consecutivos de actividad. Según fuentes oficiales de Cataluña, la intervención de los aviones franceses no se realizó antes por la actitud "negligente y obstruccionista" del Icona. El director de este Instituto rechaza tal acusación, afirmando que no fue consultado sobre la intervención de aparatos franceses y que tampoco tenía capacidad de proponer esa ayuda. Y agrega: "De hecho, estos aviones han sido a veces solicitados por autoridades locales catalanas sin ni siquiera informar de ello al Icona, incluso en ocasiones en que había aviones españoles disponibles".

La Administración alega, por su parte, que la inexistencia de un convenio con Francia impedía la entrada de aparatos franceses sin más trámite. Fuentes del Ministerio del Interior aseveran que el propio titular del departamento se puso en contacto con su colega francés, Gaston Defferre, tan pronto como fue alertado del peligro.

Esa conversación hispano-francesa al máximo nivel se produjo el lunes: fue muy larga, giró en torno a cuestiones tales como el reciente atentado de París contra el aeropuerto de Orly -Barrionuevo ofreció la colaboración de la policía española-, y, entre otros temas, el ministro español solicitó a su colega francés el envío de aviones a Gerona para ayudar a la extinción del incendio.

Cuando los hidroaviones franceses pudieron llegar al escenario del fuego, la tarde había avanzado tanto que la visibilidad era muy escasa, por lo que su presencia resultó más bien simbólica. De este modo quedó plenamente a salvo la cuestión de que las relaciones de Estado a Estado se llevan a través de la Administración central y no por contactos de otro tipo -como los que intentaba la Generalitat-, aunque para ello tuvieran que arder más árboles. A esas alturas se habían quemado 1.500 hectáreas de bosque y el incendio tocaba a su fin.

Todo el mundo tiene una explicación para su actuación, pero del conjunto de explicaciones se trasluce una realidad: por un problema administrativo y legal, aviones contra incendios situados a 50 kilómetros del fuego no pudieron intervenir hasta la tarde del tercer día del mismo, y mientras tanto, los aparatos españoles que reforzaron la dotación de Reus tuvieron que viajar desde una base mucho más lejana y empezaron a arrojar agua entre 15 y 24 horas después de que el incendio comenzara a adquirir grandes proporciones. A su vez, no está claro si los servicios en tierra actuaron con toda la eficacia deseable.

La difícil renovación de la flota

Por lo que se refiere al problema global de la protección aérea frente a incendios forestales, parece claro que la flota actual se encuentra mermada en sus posibilidades. Pero renovarla supone problemas económicos. Un hidroavión Canadair, como los que España tiene en la actualidad, cuesta alrededor de 800 millones de pesetas. Cada hora de vuelo representa un costo comparable al mantenimiento diario de un equipo de 50 hombres en tierra, que pueden ocuparse no sólo de la extinción del fuego cuando éste se declara, sino de la apertura de cortafuegos y limpieza de la maleza, que con las altas temperaturas y la sequedad ambiente de esta época arde como la estopa. Y a ello hay que añadir el mantenimiento de los aparatos, necesitados de continuas revisiones y cambios de piezas. El leona no hace una comparación directa entre costo de la hora de vuelo y costo de la jornada de los equipos en tierra, porque afirma que ambos son necesarios, pero es un dato a tener en cuenta.

Por otra parte, la flota comienza a estar obsoleta: fue adquirida entre 1971 y 1976, y no ha estado precisamente inactiva -cinco aparatos se han estrellado y nueve tripulantes resultaron muertos-, hasta el punto de que la cuarta parte de los hidroaviones no se encuentra en condiciones de operar. Simplemente la renovación de la flota operativa supondría 8.600 millones de pesetas. Ni esa cantidad ni ninguna otra figura en el presupuesto del leona del presente año.

En cuanto a la posibilidad de que otros servicios estatales atiendan estas necesidades, algunas teorías sostienen que !a protección civil ha de dejar de ser en España algo simbólico. Pero esa teoría tropieza con la realidad de los hechos. A título de ejemplo, la cantidad de 8.600 millones de pesetas, antes mencionada, supera en 61 veces el presupuesto de inversiones de la Dirección General de Protección Civil para 1983. En cuanto al próximo año, en que este organismo recibirá "un sustancial aumento", el presupuesto esbozado para inversiones en 1984 es inferior al precio de un solo aparato.