La entrevista de Felipe González y Carlos Garaikoetxea

LA ENTREVISTA que celebrarán hoy el presidente del Gobierno y el jefe del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma vasca es aguardada con la esperanza de que sus conclusiones ayuden a despejar las sombras y las incertidumbres que amenazan la convivencia entre las fuerzas políticas democráticas del País Vasco. En contraste con el largo período de alianzas entre el PNV y el PSOE desde el final de la guerra civil hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, el triunfo socialista del 28 de octubre de 1982 ha deteriorado sensiblemente las relaciones entre ambas fuerzas políticas, cuyo respaldo electoral conjunto supera el 60% del electorado de las tres provincias. Tal vez, el notable salto electoral dado por el PSE-PSOE entre 1979 y 1982 haya contribuido, al modificar la correlación de fuerzas dentro de la Comunidad Autónoma, a despertar los recelos del PNV, temeroso de perder su predominio en las urnas, y a suscitar en los socialistas la ambición de convertirse en la primera fuerza del Parlamento vasco. Sin embargo, los graves problemas que aquejan al País Vasco no podrán ser solucionados, o al menos aliviados, sin la estrecha colaboración de nacionalistas y socialistas. La experiencia ha demostrado que un gobierno monocolor del PNV es incapaz de hacer frente, en solitario, a una situación en la que se dan cita la amenaza terrorista, la crisis industrial y la necesidad de hacer convivir en paz dos culturas y dos idiomas. Todavía menos imaginable resultaría que una mayoría electoral socialista en el País Vasco, donde los nacionalistas poseen las claves de la hegemonía económica y social, pudiera lograr la paz y la concordia.La cercanía de los próximos comicios autonómicos, que se celebrarán como muy tarde en la primavera de 1984, arroja leña suplementaria al fuego de las polémicas electoralistas y tensa al máximo las rivalidades interpartidistas. Pero quizá lo más grave de esos enfrentamientos sea que la hostilidad entre el PSE-PSOE y el PNV se haya trasladado al plano institucional, esto es, al Gobierno del Estado, ejercido por los socialistas, y al Gobierno de la Comunidad vasca, controlado por los nacionalistas. De esta forma, las rencillas partidistas adquieren una resonancia que perjudica al complicado mecanismo, todavía en período de rodaje, que vincula a la Administración central con las instituciones vascas de autogobierno. La tentación del PNV de segar electoralmente la hierba bajo los pies a los socialistas con el argumento de que el Gobierno de Felipe González atenta contra la autonomía vasca, es simétrica a la tentación del PSOE de movilizar a la población inmigrada y a los vascos no nacionalistas mediante la acusación de que el Gobierno de Vitoria incumple las reglas del juego constitucional. Mientras el PNV denuncia continuamente al Gobierno por los retrasos en el traspaso de competencias y a la mayoría parlamentaría de las Cortes Generales por vaciar el Estatuto de Guernica mediante leyes orgánicas, algunos dirigentes del PSOE formulan envenenados juicios de intenciones contra los nacionalistas y el Ministerio del Interior comete graves errores en el tratamiento de los problemas vascos.

Esas maniobras de hostigamiento sólo benefician, en última instancia, a las bandas terroristas, que utilizan las protestas del PNV para aducir que el Estatuto de Guernica es una vía muerta, y a los grupos de ultraderecha, dispuestos siempre a acusar al Gobierno de Vitoria de connivencias con ETA y de proyectos independentistas. En su entrevista de hoy, Felipe González y Carlos Garaikoetxea no pueden olvidar que las amenazas contra el sistema democrático y la acción criminal de los terroristas encuentran campo abonado en la incapacidad del PNV y del PSOE para situar los principios que les unen -la defensa de las libertades, del sistema representativo y de la negociación pacífica para dirimir conflictos políticos y sociales- por encima de las diferencias que les separan.

Sin duda, para los nacionalistas es importante que el ámbito de competencias atribuido por el Estatuto de Guernica a las instituciones de autogobierno vascas no sea cercenado o rebajado por insuficiencias en el traspaso de competencias y por la promulgación de leyes que, al desarrollar los mandatos constitucionales pendientes de cumplimiento, creen situaciones nuevas y no previstas en el momento de la negociación de la autonomía, de por sí llena de ambigüedades. Sin duda, para los socialistas las necesidades globales del funcionamiento del Estado pueden llevarles a imponer en un momento dado políticas homogeneizadoras, en la creencia de que resultan indispensables para la consolidación de la democracia. Pero tanto el PNV como el PSOE, unidos por el denominador común de sus convicciones democráticas, deben tener siempre presente que esa discusión sobre galgos y podencos y esas tentativas de tirar de la cuerda sin ceder ni un centímetro en sus posiciones pueden servir de fulminante a una catástrofe. Mientras haya terrorismo, las semillas del dragón del golpe de Estado seguirán germinando en España. Y hasta que nacionalistas y socialistas no busquen un acomodo razonable, renunciando los primeros a echar todas las culpas a Madrid y abdicando los segundos de los hábitos centralistas heredados del régimen anterior, el Estado de las Autonomías no saldrá de la provisionalidad que caracteriza a los experimentos susceptibles de fracaso.

Durante los últimos meses, algunos sectores del PNV han coqueteado peligrosamente con planteamientos ideológicos o retóricos de carácter radical, destinados posiblemente a ganarse al electorado de Herri Batasuna, a contrapesar el ascenso del voto socialista y a cerrar el camino a Euskadiko Ezkerra, única formación política capaz de atraer a la izquierda abertzale hacia planteamientos racionales y democráticos. Pero quien cabalga en los lomos de un tigre corre el riesgo de terminar siendo devorado por su fiero corcel. Igualmente preocupante fue el amago de algunos portavoces nacionalistas de lanzar una campaña para la reforma del Estatuto de Guernica, maniobra cuya irresponsabilidad y demagogia es puesta de relieve al recordar que ese objetivo resultaría inviable, en el plano jurídico-constitucional, sin el respaldo de la mayoría socialista en las Cortes Generales. El Gobierno de Felipe González, por su parte, ha demostrado una preocupante falta de sensibilidad política al transformar el llamado Plan ZEN en un mito publicitario, que alimenta la exasperación del nacionalismo radical, y al exhibir posiciones contradictorias en torno a la propuesta de una Mesa de la Paz sugerida por Carlos Garaikoetxea. De otro lado, el energumenismo de algunos líderes del PNV ha encontrado en el PSE-PSOE resonancias formalmente idénticas, tal vez como prueba de que las tensiones de la política vasca repercuten de manera casi idéntica en las alas radicales de todos los partidos, incluidos los democráticos. En verdad, poco tiene que envidiar Ricardo García Damborenea, en sus modos y expresiones, al más exaltado jelkide.

Todavía es tiempo, sin embargo, para la reflexión, la negociación y el acuerdo. La inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA permitirá poner fin a un período de incertidumbres y abrir un nuevo espacio para el debate político que permita armonizar de verdad, con la colaboración de todas las fuerzas que apoyaron en 1979 el Estatuto de Guernica, aquellos ámbitos de competencias fronterizas que la experiencia de los cuatro años transcurridos haya demostrado que estaban insuficiente o ambiguamente regulados. En cualquier caso, la erradicación del terrorismo, la definitiva cicatrización de la herida vasca y el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno dependen de un pacto histórico que sólo pueden sellar, como partes principales, el PNV y el PSOE, cuyo parigual respaldo electoral en Euskadi les convierte en fuerzas condenadas a entenderse. Los nacionalistas vascos no podrían encontrar en las Cortes Generales un interlocutor mejor que los socialistas, ya que Alianza Popular, programáticamente comprometida con la reforma constitucional del artículo 2 y el Título VIII de la Constitución, es intrínsecamente hostil a las nacionalidades históricas. Y el PSOE tiene que abandonar los irreales ensueños de ocupar en solitario el Gobierno de Vitoria, puesto que la marginación política del PNV, sólidamente implantado en la sociedad vasca, podría abrir las compuertas de la radicalización nacionalista y la extensión de la violencia.