Siete meses de distanciamiento en las relaciones Madrid-Vitoria

La entrevista entre el presidente del Gobierno y el lendakari Garaikoetxea aparece precedida de toda clase de negros presagios. La tensión entre lo que ambos interlocutores representan no ha dejado de acentuarse en las últimas semanas, tomando como pretexto los más variados episodios. Como resultado de esa especie de guerrilla simbólica, de sabor netamente decimonónico y cuyo exponente paradigmático fue la guerra de las banderas de Tolosa, la tensión es real, y de ella participan amplios sectores de la población.

Sin embargo, de la contemplación desapasionada de cada uno de esos episodios, de su origen y desarrollo, más bien parece deducirse el carácter artificial de los conflictos a que han dado lugar. Las cuestiones suscitadas ni guardan relación con las preocupaciones reales de los ciudadanos vascos ni tienen nada que ver con las divergencias de fondo que deberán analizar ambos presidentes. La situación creada resulta así tanto más absurda teniendo en cuenta que el acuerdo entre socialistas y nacionalistas es, en el inmediato futuro de Euskadi, no sólo conveniente, sino inevitable.

La guerra de las banderas

El 28 de octubre de 1981 una ley reguló minuciosamente todo lo relativo al uso de Ia bandera nacional y otras banderas y enseñas" . Es cierto, sin embargo, que hoy es el día en que ni la ikurriña ni la rojigualda ondean en la residencia oficial del lendakari, en Ajuria Enea, sin duda porque se ha preferido prescindir de ambas antes de exhibirlas en compañía. Como es igualmente cierto que hubo que esperar a la llegada al poder de los socialistas, y al nombramiento de Ramón Jáuregui como delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, para que la bicrucífera vasca se ganase su derecho a compartir con la de España las balconadas de los gobiernos civiles y demás sedes de las instituciones del Estado en Euskadi.De creer a Garaikoetxea, y según unas recientes declaraciones a la Agencia EFE, "nos encontramos en el momento más difícil de la transición". Desde hace meses, los portavoces del PNV no han dejado de alertar a los ciudadanos vascos sobre el dramatismo de la situación. Tal dramatismo no vendría determinado, como podría dar a entender el tono del Iéndakari, por el peligro de un golpe que acabase con la democracia, como en febrero de 1981, o por la existencia en Euskadi de una tasa de desempleo superior a la media nacional, o por la persistencia de la escalada terrorista, sino por la "paralización del proceso de transferencias" y, por generalización, por el "parón autonómico impuesto por el PSOE" y, en consecuencia, por los "escandalosos recortes de la autonomía vasca", que, caso de proseguir, harían inevitable, según el portavoz oficial del Gobierno de Vitoria, Ia reforma del Estatuto de Guernica".

Jáuregui intenta conciliar

Los gestos conciliadores de Ramón Jáuregui, quien representa la tendencia del PSOE más favorable a un pacto con el PNV, han sido en general, desdeñosamente acogidos por el PNV y el Gobierno vasco (cuando no han ido acompañados por expresivos desaires, como el de relegarle al lugar de las visitas no deseadas en la mayoría de los actos oficiales organizados por el Gobierno de Vitoria). Jáuregui ha expresado reiteradas veces su convicción de que la clave de la solución del desencuentro entre la Administración central y la autónoma pasaba fundamentalmente por un cambio radical en la forma como el ciudadano vasco percibe la presencia del Estado (de sus instituciones y aparatos) en la vida cotidiana.Ese cambio de imagen se iría materializando a través de actuaciones concretas, como la presencia de agentes de policía no armados en determinados lugares, quizá en colaboración con la ertzaina; en acuerdos de corresponsabilización con las instituciones vascas en materia de orden público -juntas provinciales de seguridad-, etcétera.

Pero tales iniciativas se hacen imposibles si mediante una política de permanente acoso y deliberada provocación se obliga a los gobernadores a intervenir para anular resoluciones ilegales de los plenos municipales, a enviar a la Guardia Civil a reponer la bandea española en las casas consistoriales, a llamar a la policía para poner orden en un local público donde una urna acaba de ser lanada por la ventana, a dirigir a los aIcaldes requerimientos públicos ara que se respete la normativa administrativa vigente, o a remitir ministerio fiscal declaraciones o actuaciones dudosamente legales.

La siembra de desconfianza

En resumen, será imposible esa modificación de la imagen de la Administración central mientras desde uno de los componentes del pacto tácito que tal cambio implicaría se siga haciendo todo lo posible por, justamente, perpetuar la imagen tradicional de aquélla en Euskadi. Dicho de otra forma: será imposible la superación del desencuentro si no hay un esfuerzo deliberado por cada una de las partes en generar confianza en la otra.El pasado día 6, José Luis Irisarri, coordinador de política municipal del PNV, declaraba que su partido, aun sabiendo que está obligado por ley, haría caso omiso de los requerimientos de los gobernadores civiles para que en los ayuntamientos se respete la normativa vigente sobre nombramientos de secretarios, interventores y depositarios.

Es un ejemplo, pero podrían citarse otros. El pasado día 12, tras el accidentado pleno que dio la alcaldía de Irún al socialista Buen Lacambra, el candidato nacionalista declaró que su partido "acataba pero no aceptaba" la sentencia de la Audiencia de Pamplona que obligó a repetir la elección.

La dificultad primera para un entendimiento proviene, pues, de la relativa indefinición del PNV respecto al terreno mismo del acuerdo. Una política de entendimiento, basado en concesiones mutuas, exige garantías de que la ley o las sentencias de los tribunales se van a respetar, tanto si son favorables como si no, tanto si coinciden con los principios (o la ideología) propios como si no.

Anocta, el espíritu que nunca existió

Pero, naturalmente, esta aceptación de las reglas del juego también cuenta para los socialistas. Felipe González anunció en Anoeta, en vísperas del 28-O, una política vasca basada en "la búsqueda entre todos los partidos de Euskadi del mínimo común denominador existente respecto de cada problema". El acuerdo así anunciado no tendría más límites que "los marcados por la Constitución y el Estatuto de Guernica". También dijo el entonces candidato que el proyecto de cambio que su partido propugnaba no podría ser realizado en solitario por los socialistas, sino que requería el apoyo y colaboración de sectores mucho más amplios de la sociedad española. El espíritu de Anoeta sólo ha brillado, después del 28-O, por su ausencia.A Jáuregui le ponen en cuarta fila en los actos del Gobierno vasco, pero al lendakari no le saludan los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en sus apariciones públicas, y le dan el papel de villano en las recepciones oficiales. La inminencia de las elecciones municipales hizo que, prácticamente desde diciembre, los socialistas vascos, crecidos con su ascenso electoral de octubre, cayeran en la trampa de la polarización. A la arrogancia del PNV en las instituciones autonómicas -negativa a consensuar hasta el himno de la comunidad- respondieron con desplantes, como la remisión al Tribunal Constitucional de la ley del Euskera, o la negativa a escuchar a interlocutores vascos bien dispuestos en torno a cuestiones como la ley de Reforma Universitaria.

Demasiado tarde los socialistas, o algunos socialistas, han comprendido que en una sociedad como la vasca actual, muy ideologizada, y en la que el predominio de los valores y símbolos nacionalistas es incuestionable, toda polarización social favorecía proporcionalmente más a las tendencias nacionalistas, y concretamente a los sectores más atávicos y radicales del nacionalismo, que a cualquier otra corriente. Los episodios de las últimas semanas son suficientemente ilustrativos al respecto.

Complejas divergencias

Los desacuerdos que actualmente enfrentan al ejecutivo autónomo y al gobierno central se refieren a cuestiones que nada tienen que ver con los incidentes municipales que han caldeado el ambiente previo a la entrevista. Las divergencias sobre la forma de gestionar la seguridad social son de tipo técnico y, desde luego, bastante complejas (bastante más, por cierto, de lo que ciertas simplificaciones sobre "dramáticos recortes del Estatuto de Autonomía" parecen dar a entender). El verdadero problema político de fondo es el de las leyes de bases que prepara el Gobierno como desarrollo de la Constitución y que, según los nacionalistas, incidirán en ámbitos cuya competencia corresponde a la comunidad autónoma. En este punto, todo debate ideologicista (sobre soberanías respectivas, etcétera), sólo serviría para complicar las cosas. Lo importante es encontrar un mecanismo regular de consulta y negociación previa.Pero, lógicamente, ese mecanismo sólo podrá resultar eficaz en un clima de entendimiento estable. Ningún interés electoralista a corto plazo debería hacer olvidar a los interlocutores que, con toda probabilidad, socialistas y nacionalistas se verán obligados a un pacto de gobierno en la comunidad vasca tras las autonómicas de la primavera próxima. El 28-O, el PNV obtuvo el 32% de los votos, y el PSE-PSOE, el 29,4%.