Multinvest, de la Rumasa exterior, colocada bajo supervisión del Alto Tribunal de Londres

La compañía Multinvest N V, registrada en Curaçao (Antillas Holandeses) y holding de la mayor parte de las empresas que se conocen como la Rumasa exterior, fue colocada ayer de hecho bajo supervisión judicial británica hasta el mes de octubre, fecha hasta la que quedan aplazados los procedimientos preliminares de la disputa que, sobre la propiedad de esta sociedad, enfrenta a Rumasa y José María Ruiz-Mateos en el Alto Tribunal de Londres.

El juez Vinelott decidió ayer ratificar un acuerdo alcanzado en tal sentido y delante de él por los abogados de las dos partes. El acuerdo prevé que las acciones de esta sociedad, que son al portador y se encuentran en Londres, queden bajo control de un administrador judicial, Iam Bond, que podrá facultar sobre la gestión de esta sociedad hasta el mes de octubre. Los abogados de Ruiz-Mateos solicitaron que se les consulte sobre los nombramientos de los gestores de esta sociedad, que es propietaria de Multinvest U K, a su vez dueña de de varias empresas en el Reino Unido.Ayer, y por vez primera, se revelaron en la sala del tribunal los nombres de los hasta hace poco principales directivos de, Multinvest U K. Jonathan Henty, abogado de esta compañia manifestó que los principales socios eran un abogado suizo Alfred Weiderkern, y otra persona que identificó como el doctor Piepper. El abogado de Multinvest señaló que sus defendidos habían tenido relación con Ruiz-Mateos, pero habían creído siempre que las órdenes que recibían venían de Rumasa. Tras su dimisión el pasado marzo, la posición de estos socios era que el juez británico podría decidir lo que quisiera sobre la compañía.

El magistrado británico también ordenó el embargo preventivo y "hasta nueva orden" de todos los documentos relacionados con el caso Multinvest, que serán coloca dos bajo control del mismo administrador judicial y al que no tendrán acceso terceras personas. Sólo los procuradores de las partes en litigio podrán disponer de copias de los mismos y tendrán que presentar el próximo lunes ante el juez un acuerdo sobre el mecanismo de acceso a los documentos por parte de sus clientes. Por ahora, sin embargo, ni Rumasa ni Ruiz-Mateos, y mucho menos las "autoridades españolas", según se puso de manifiesto en la sala, podrán utilizarlos.

Plazo prudencial

En el enrevesado caso que se sigue desde el pasado lunes en Londres, y que sólo está en fase preliminar de investigación, el juez Vinelott interpretó que la intervención judicial temporal ordenada hasta el mes de octubre se hace exclusivamente a efectos de conceder un plazo prudencial para que el Tribunal Constitucional español publique su esperado dictámen sobre los recursos presentados por los abogados de Ruiz-Mateos contra el decreto de expropiación del holding de la abeja y contra la reciente ley de nacionalización aprobada por el Parlamento.

El juez británico también se mostró favorable, aunque expresó en la sala su falta de jurisdicción al respecto, de que las autoridades españolas (concretamente el Banco de España o quien posea en estos momentos los documentos), devuelvan al administrador judicial inglés las copias de los documentos que fueron trasladados a Madrid en ignorancia de las normas judiciales británicas.

La Sala 40 del Alto Tribunal de Londres se volverá a reunir el próximo lunes y sus debates pueden incluso prolongarse una o dos semanas más. Todo depende de si el mismo lunes los abogados de William & Humbert, la bodega jerezana de Rumasa, y los de W and H Trade Marck Limited, de Jersey, sociedad de la que es accionista la familia Ruiz-Mateos, se ponen de acuerdo sobre el uso, por la primera firma de la marca Dry Sack, ahora en disputa ante los tribunales británicos y los de la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha.

En la misma sesión del lunes los abogados de las dos partes en litigio tendrán que haber presentado también un acuerdo negociado ante el juez sobre el mecanismo de acceso a los documentos en el caso Multinvest por parte de los demandantes y demandados, lo que se considera fundamental para la continuación del proceso sobre la propiedad que deberá comenzar a finales de año.

Debate sin fin

El juicio preliminar sobre el caso de la Rumasa exterior se está convirtiendo en Londres en un debate circular y sin fin. Mientras que en algunos aspectos el juez da instrucciones a las partes en litigio para que se pongan de acuerdo, en otras cuestiones se repiten tanto los argumentos que hasta el juez expresa muy visiblemente su cansancio. Es curioso, en este sentido, que el pacto sobre la marca Dry Sack, que a punto ha estado de alcanzarse en varias ocasiones, fuera rechazado ayer tajantemente por el abogado de la firma de Jersey, Donald Nicholls, a la apertura de la jornada matutina.

Según Nicholls, la bodega jerezana exigía en su última propuesta la transferencia de la marca a su favor, tal como la había estado disfrutando desde 1905. El abogado de la firma de Jersey pidió al juez una rápida decisión sobre el uso de esta marca -que es lo único que se puede decidir aquí, en Londres-, de forma que cuando comience el proceso solicitado en la isla de Jersey sobre la propiedad de las acciones de W and H Trade -Marck Limíted el próximo noviembre, la cuestión del uso hasta el final de este proceso haya quedado zanjado.

Juan Lladó, encargado por el Fondo de Garantía de Depósitos de los negocios internacionales de la división bancaria de Rumasa, manifestó a los periodistas al final de la sesión de la tarde que prácticamente se había alcanzado un acuerdo sobre el uso de la marca Dry Sack y que podría anunciarse en cualquier momento. Fuentes de la bodega jerezana no lo interpretaban así, ya que los abogados de la firma de Jersey (es decir, de Ruiz-Mateos) no admitían una claúsula en la que se comprometían a no transferir la propiedad de Dry Sack a terceros.

En términos sencillos, el interés del proceso de Londres puede reducirse sólo a lo que suceda en la cuestión del uso y la propiedad de la marca Dry Sack, un jerez seco, cuyas ventas en todo el mundo ascienden a 8.000 millones de pesetas al año y que ocupa a 300 personas en Jerez. El interés en el caso Multinvest es más político que económico, ya que parece pretenderse hacer público el enrevesado tejido que Ruiz-Mateos entrelazó para transferir activos de Rumasa al exterior.