Declaran dos jueces en el sumario abierto por la muerte de cuatro detenidos en Sagunto

Dos jueces han prestado declaración en el sumario abierto por la muerte de cuatro presos preventivos a raiz del incendio del depósito de judiciales de Sagunto acaecido en el mes de abril. El juez titular de Sagunto, Antonio Vives, cuya recusación ha sido solicitada por el abogado de los dos policías municipales procesados, y el juez de vigilancia de presos de la Audiencia Provincial de Valencia, magistrado Alberola, prestaron declaración como testigos ante el juez sustituto, magistrado Pardo, el pasado lunes. Medios jurídicos consideran que esta comparecencia de jueces en un sumario es inusual.El abogado defensor de los dos policías municipales, José Francisco Sánchez Cutillas, procesados por el juez Vives como presuntos responsables del incendio y muerte de los presos, estima que su escrito de recusación solicitando el nombramiento de otro juez instructor, cuyo señalamiento de vista oral todavía no se ha producido, de hecho ya ha sido aceptado por la magistratura al prestar declaración el titular del juzgado saguntino ante otro juez que se ocupa provisionalmente del sumario en tanto se resuelve el escrito de recusación. Sánchez Cutillas reclama la anulación de las diligencias emprendidas hasta ahora y nombramiento de otro juez ya que el titular de Sagunto no puede ser al mismo tiempo "juez y parte" en una causa que le implica pues la vigilancia y el mantenimiento del depósito de preventivos corresponde a la jurisdicción del juzgado comarcal y del municipio donde se encuentra.

Si prospera la recusación formulada por el abogado podría ser levantado el auto de procesamiento del jefe de la policía municipal de Sagunto, Antonio Reina, y policía municipal, José Pérez Lázaro, y la apertura de otras diligencias con nombramiento de nuevo juez instructor. Entre la documentación que dispone la defensa consta que en el depósito de judiciales de Sagunto han llegado a permanecer juntos hasta trece detenidos, y algunos de ellos por un período de tiempo de cuarenta días, cuando la ley concede sólo un plazo de 72 horas para que el juez resuelva tras la detención del presunto delincuente. En el caso de los cuatro fallecidos en abril tres de ellos llevaban seis días en el depósito, y el otro doce días.