La tensión entre el Gobierno central y el vasco marcó la discusión del proyecto de Reforma Universitaria

Las actuales tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad autónoma Vasca, a pocos olías del encuentro entre Felipe González y Carlos Garaikoetxea, estuvieron presentes ayer en el Pleno del Congreso que Inició la discusión del proyecto de ley de Reforma Universitaria (LRU). Las excesivas competencias estatales en materia de universidades fueron denunciadas por Juan María Bandrés, como muestra de falta de sensibilidad política, mientras el portavoz del PNV, Íñigo Aguirre, pidió el cumplimiento de la promesa hecha por Felipe González en Anoeta de que se llenarían de competencias los estatutos de autonomía.

Íñigo Aguirre planteó la necesidad de que la LRU establezca la corresponsabilidad del Estado y la comunidad autónoma en materia universitaria. Señaló que si el Gobierno central tiene reconocida una serie de facultades en relación con las universidades, los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas también deben de tenerlas en lo que se refiere a su territorio. En concreto, estimó en seis las comunidades autónomas cuyos estatutos confieren competencias plenas sobre Universidad.Desde este punto de vista, Aguirre propuso que el artículo 53 de la LRU que establece que "el gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, determinará con carácter general el número de centros universitarios y las exigencias materiales y de prsonal mínimos necesarios para el comienzo de las actividades de las nuevas universidades" solo tuviera aplicación para las restantes comunidades autóriornas. En cambio, las seis con competencias plenas, entre ellas naturalmente la vasca, determinarían por sí mismas, previo :informe también del Consejo de Universidades, el número de centros y las exigencias mínimas citadas.

Dos clases de autonomías

Aguirre justificó, no sin cierta ironía, que tal vez el Gobierno y el Ministerio de Educación y Ciencia se habían olvidado de que existen dos clases de comunidades autónomas en función de las competencias estatutarias. El sentido de su propuesta, según dijo, era precisamente "llenar ese vacío", que consideró perfectamente acorde con lo establecido en la Constitución.El representante del PNV aseguré que en la campaña del referéndum constitucional, el PSOE mantuvo lo que ahora. decía el Grupo Nacionalista Vasco. Añadió que "si algo importa en el País Vasco, es el cumplimiento de la palabra dada". Con tono aparentemente conciliador, Aguirre mnifestó que aún quedaba margen para subsanar errores y para que "ustedes y nosotros recuperemos la credibilidad". Fue en este momento cuando el portavoz del PNV invocó las palabras del presidente del Gobierno cuando todavía era candidato a este cargo, y hizo en Anoeta el 19 de octubre de 1983 esta solemne promesa: "Yo les garantizo esta noche que si los socialistas obtenemos mayoría para gobernar coherente y hornogéneamente, se llenarán de competencias los estatutos". Aguirre remató su cita diciendo, ya por su cuenta: "Está por ver el cumplimiento de las garantías presidenciales".

En respuesta a estas argumentaciones, el socialista Pere Jover insistió en que las competencias autonómicas no pueden entenderse como exclusivas en el territorio de la comunidad sino como compartidas. Aseguró que la posición socialista es coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional y que las competencias del Estado en ningún caso anulan la capacidad de desarrollo legislativo de las comunidades autónomas.

Creación de universidades

La LRU establece un procedimiento doble para la creación de universidades. Por una parte, podrán crearse por ley de la Asamblea Legislativa de la comunidad autónoma en cuyo ámbito territorial hayan de establecerse y, por otra, mediante ley de las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma en cuyo territorio haya de establecerse. Este texto fue impugnado desde diversos frentes.El Grupo Popular reclamó para las Cortes Generales todas las competencias en materia de creación de universidades. En cambio, los diputados comunistas defendieron que, en el segundo caso previsto en el proyecto de ley, el de creación por ley de las Cortes Generales a propuesta del gobierno, el previo acuerdo no se realizara con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, sino con la asamblea legislativa de la misma, adoptado por mayoría de tres quintos de sus miembros. Jover contestó que la aceptación de tal enmienda significaría tanto como que las Cortes Generales verían limitada su soberanía para dictar leyes, por la autorización de una asamblea legislativa autonómica.

En cuanto a los requisitos para la entrada en funcionamiento de las nuevas universidades, el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés, en línea más exigente que la del PNV, propuso para todas las comumdades autónomas, no solo para las seis señaladas por Aguirre, la determinación del número de centros y las exigencias materiales y de personal mínimos, previo informe del Consejo de Universidades. Bandrés pidió una interpretación generosa para los estatutos de autonomía y, refiriéndose en concreto al caso vasco, señaló que no es buena la desconfianza actual. "La mala relación entre el poder central y los poderes autonómicos está en la esencia de las cosas malas que están ocurriendo en este momento", afirmó. Estimó que las cortapisas a las comunidades autónomas o las normas uniformizadoras para universidades diferentes no son convenientes. Por otra parte, expresó su convicción de que en caso de mantenerse el texto, la comunidad autónoma vasca presentará recurso contra la LRU ante el Tribunal Constitucional.

Luis Berenguer, por el Partido Socialista, aseguró que no existían recelos ni suspicacias desde el Gobierno central. Este mismo diputado defendió, frente a los planteamientos del Grupo Popular que pretendían entender la Universidad como institución, la concepción socialista de la universidad como "gestora del servicio público de la educación superior".