Los diputados socialistas agregados de universidad no renuncian a las ventajas de la LRU

Los diputados socialistas que son agregados de universidad y que, según el diputado popular Fernando Suárez podrían "aprovecharse de las ventajas" del proyecto de Ley de Reforma Universitaria (LRU) elaborada por el actual Gobierno, decidieron ayer, después de celebrar numerosas consultas entre ellos, no responder a este tipo de alusiones, en contra de lo que tenían previsto hacer a primera hora de la tarde.Nada más iniciarse el Pleno del Congreso de los Diputados que debatió el proyecto de LRU, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, comentó a este periódico que el Grupo Parlamentario Socialista iba a adoptar alguna medida que demostrase a la opinión pública que "aquí nadie va a aprovecharse de nada". Con esto, Virgilio Zapatero parecía aludir a los intensos rumores que corrieron ayer tarde en el Congreso referentes a que los parlamentarios socialistas agregados de Universidad podrían hacer una declaración pública de renuncia a la condición de catedráticos que la LRU les facilita.

De hecho, hasta última hora de la tarde de ayer el portavoz del Grupo Socialista, Javier Sáenz de Cosculluela, mantuvo intensas reuniones con los diputados para ver si finalmente efectuaban esa declaración o encontraban alguna otra fórmula para demostrar que el texto de la ley había sido redactado con criterios de objetividad y no, como denunció Fernando Suárez, por propio interés.

Cuatro ministros del actual Gobierno son agregados de Uníversidad y se convertirán automáticamente en catedráticos en cuanto la LRU sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, ya que el proyecto establece la equiparación entre estas dos cargos docentes y exime a los agregados del tradicional examen-oposición para aseender a catedrático de Universidad. Se trata del titular de Defensa, Narcís Serra, del de Sanidad, Ernest Lluch, del de Cultura, Javier Solana, y del de Administración Territorial, Tomás de la Quadra.

También se encuentran en esta situación el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, y numerosos miembros del Grupo Parlamentario Socialista, tanto de la Cámara baja como del Senado.