El Gobierno de Managua desmiente que tenga intención de ilegalizar al Partido Conservador Demócrata

El comandante sandinista Carlos Núñez, presidente del Consejo de Estado nicaragüense, ha desmentido que el Gobierno tenga planes para ilegalizar al Partido Conservador Demócrata (PCD). El origen de la noticia fueron unas confusas declaraciones suyas, en las que se refirió a los vínculos existentes entre determinados líderes de esta formación política y los grupos contrarrevolucionarios que combaten en la frontera con Honduras.

El titular del Consejo de Estado ha precisado que en ningún momento dijo que el Partido Conservador estuviera involucrado en la lucha armada como tal organización, aunque existían pruebas de que algunos de sus dirigentes participaban de forma activa en planes desestabilizadores.Según la versión corregida de sus declaraciones, Carlos Núñez señaló que el hecho de que un partido como el Conservador Demócrata pueda actuar legalmente en Nicaragua, a pesar de que varios de sus líderes estén implicados en actividades contrarrevolucionarias, es un ejemplo del respeto que practica el Gobierno sandinista con respecto al pluralismo político.

Plan de desinformación

Un portavoz de la Embajada nicaragüense en México culpó de la difusión de esta noticia a las agencias internacionales, que, a su juicio, están poniendo en práctica un plan deliberado de desinformación sobre lo que ocurre en el interior de Nicaragua.La supuesta ilegalización del PCD estaría contribuyendo a fabricar la imagen de un régimen totalitario que pueda servir a la Administración Reagan para justificar una guerra en defensa de la democracia.

En Managua existe el convencimiento de que Estados Unidos está acelerando los planes para desatar una guerra abierta, que en su primera fase utilizaría a las fuerzas armadas hondureñas. La demostración de que existe un régimen totalitario en Nicaragua busca acallar las críticas que pudieran producirse en los países occidentales ante la eventualidad de una invasión. El embajador norteamericano, Anthony Quainton, ha afirmado, por su parte, ante un grupo de religiosos de su país, que la Administración Reagan no piensa por el momento enviar tropas a Centroamérica, aunque precisó que "no se debe utilizar nunca la palabra nunca".

Frente a la amenaza de una guerra el Gobierno sandinista contempla con escepticismo la misión diplomática emprendida por el embajador extraordinario de Reagan, Richard Stone. Sergio Ramírez, miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional, ha calificado este segundo viaje de Stone a la región como una sesión de maquillaje de la política de Reagan destinada a mitigar las críticas de la opinión estadounidense.

El verdadero cambio en la política norteamericana, añadió, ocurrirá cuando la guardia somocista sea desmantelada en la frontera con Honduras. Mientras esto suceda, el nombramiento de embajadores especiales no resolverá la crisis regional.