El video pirata invade la indulstria cultural

Las reproducciones piratas masivas de videogramas tienen el atractivo de que ofrecen, por una cantidad de dinero razonable, a cualquiera de los 300.000 propietarios de vídeo casetes que existen en España y a los miles de personas que se relacionan con este medio en bares y videoclubes, las películas de moda -la última versión de Supermán, Gandhi, Oficial y caballero, Tootsie o El retomo del Jedi-, pero tienen la desventaja de crear unas condiciones salvajes de mercado, que repercuten en la mala calidad artística y física del producto cultural que ofertan.

Un ciudadano que ha adquirido un videocasete por un precio medio de 100.000 pesetas puede alquilar, en muchos de los 3.500 videoclubes, que existen en España una copia en vídeo de su película favorita o de la última que ha salido al mercado -si esta última la pide con discreción-, por un precio que oscila de 300 a 500 pesetas, para un fin de semana. Es decir, el precio que cuesta en Madrid una entrada para un cine de estreno. Si tiene mayores posibilidades económicas puede comprar esas mismas copias, si son piratas, por un precio medio que oscila entre 3.000 y 5.000 pesetas, y entre 7.000 y 10.000 pesetas para las copias legales.Hace cinco años, cuando en España se hablaba del vídeo, mucha gente desviaba la atención hacia otros sistemas de transmisión de cultura por razones no explicadas -probablemente por un miedo natural hacia lo desconocido-. Pero ahora el rápido desarrollo del vídeo ha sorprendido a la Administración, que ni siquiera ha podido responder con medidas legales y policiales adecuadas; a la industria cinematográfica, que asiste impotente a la reproducción masiva y fraudulenta de películas; a la industria legal y autónoma del vídeo, que no sabe cómo moverse en un mercado donde la competencia desleal es moneda corriente, y a los propios usuarios, que sufren el fraude de las malas copias y no tienen posibilidad de defender sus legítimos derechos a tener la calidad adecuada.

Como punto de partida, ahí están las cifras para quien sienta la necesidad o la obligación de interpretarlas. Según fuentes empresariales, existe en España en estos momentos un parque de 300.000 videocasetes en los tres sistemas -VHS, Betamax y 2.000-. Se espera que para finales de año la cifra alcance el medio millón, y para 1986 se estima que un millón y medio de españoles tendrán videocasete.

Una economía sumergida

Circulan en este mercado potencial de poseedores de videocasete 5.500 títulos de videogramas, de los que 3.000 aproximadamente son piratas, y 2.500, legales. El mercado del vídeo pirata ha generado en 1982 una economía sumergida con un volumen de más de 100.000 millones de pesetas, que ha superado con mucho al volumen generado por el comercio del vídeo legal, que anda rondando los 20.000 millones de pesetas. El mercado del vídeo ilegal ha pulverizado también las cifras de re caudación por exhibición de películas en los cines españoles, ya que en el mismo año los cines recaudaron tan sólo 27.000 millones de pesetas.

La piratería en el vídeo no es un fenómeno típicamente español. Antes que en España, en otros países con una tecnología más avanzada en medios audiovisuales se ha desarrollado este fenómeno de reproducción incontrolada de copias, sobre todo de películas. Hay muchos sectores interesados en el desarrollo de estas actividades porque en ellas se juegan cientos de miles de millones de pesetas. Mientras tanto la industria de la comunicación en lo referente al video está teniendo un intenso pero salvaje desarrollo.

Ante el alarmante aumento de la piratería en el último año, los sectores legales de la cinematografía -a quienes les roban las películas-, los empresarios de vídeo y la Sociedad General de Autores han denunciado ante la más alta instancia de la Administración, el presidente del Gobierno, la situación causada por la piratería, y han "exigido las medidas oportunas para evitar el flagrante fraude que supone, tanto para la sociedad española en general como para los sectores en particular".

Entre los firmantes de esta reciente petición al Gobierno se encuentran, además de la Sociedad General de Autores de España, la Asociación de Productores Cinematográficos, la Unión de Productores Cinematográficos, la Asociación Española de Productores Cinematográficos, la Federación de Entidades de Empresarios de Cine en España, La Asociación de Importadores y Distribuidores Cinematográficos de Ámbito Nacional, la Federación Española de Asociaciones y Gremios de Distribuidores de Películas Cinematográficas, la Asociación Videográfica Española y la Asociación Fonográfica y Videográfica Española. Aunque no ha firmado esta petición, se ha adherido al fondo de la misma la Asociación Profesional de Empresas Productoras, Distribuidoras, Importadoras y Exportadoras de Material Audiovisual, con sede en Barcelona.

Reproducción pirata y exhibición ilegal son los dos puntos que más preocupan a los sectores de la cinematografía. El sector del cine se queja, en primer lugar, de que el mercado pirata reproduce en video películas cuyos derechos exclusivos de distribución para España han sido adquiridos por determinadas empresas. Pero los piratas no sólo reproducen las películas que legalmente ya están pasadas a cinta de vídeo, sino también, y muy especialmente, aquellas, de estreno reciente, para las que no existe permiso de reproducción en vídeo.

"Las consecuencias de esta piratería", explica Antonio Recoder, de la Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos de Ámbito Nacional (ADICAN), "son especialmente negativas en las salas de exhibición de las pequeñas ciudades y pueblos, ya que para cuando llega una película de estreno a estas salas ya se han paasado las copias en vídeo en los bares o pubs del lugar. El videoclub se adelanta en la oferta del consumo, lo que obliga a cancelar contratos de distribución de películas".

Recoder pone el ejemplo de la provincia de Córdoba, en la que cada pueblo tiene tantos videocasetes como bares que programan en video y, al mismo tiempo, las mismas películas que en los cines de la Gran Vía de Madrid. "Esto coloca al cine en una situación crítica y hace que, aunque se aumente el precio de las entradas, no pueda competir con la exhibición del vídeo. Tenemos que proteger estos derechos del productor, nacional o extranjero, y del exhibidor. Ninguna película puede reproducirse sin permiso, y normalmente tienen que pasar cuatro años para que las películas de 35 milímetros puedan ser pasadas legalmente a vídeo".

El segundo sector más directamente perjudicado es el del comercio del vídeo legal, que han adquirido los derechos de reproducción de determinadas películas. "Las empresas que más daño nos hacen", dice Juan Font, secretario general de la Asociación Videográfica Española (AVE), "son algunas que están registradas en el Ministerio de Cultura y que tienen una lista legal de títulos irrelavantes y comercian, sin embargo, con otra de vídeos piratas, que responden a los títulos que están de moda en el mercado. Junto a éstas existen otras empresas no registradas, que le ponen una marca cualquiera. No tienen miedo porque saben que ni la Administración ni los jueces los persiguen".

Empresas legales y piratas

La empresa pirata, con constantes cambios de marca y domicilio, elude o falsifica no sólo el permiso del Ministerio de Cultura, sino también la licencia fiscal, e interrumpe el efecto en cascada del impuesto sobre el tráfico de empresas. Tampoco paga el 20% del impuesto de lujo y no exige facturas a la imprenta que confecciona las carátulas, sin pie de imprenta. La Asociación Videográfica Española, que tiene registrados en un ordenador más de 2.000 títulos piratas que circulan en el mercado,