El Consejo del Poder Judicial responde en el Parlamento sobre las deficiencias de la justicia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sáinz de Robles, compareció ayer ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso, presidida excepcionalmente por el titular de la Cámara, Gregorio Peces Barba, mientras que el de la comisión, Pablo Castellano, permaneció entre sus compañeros del Grupo Socialista. Castellano formuló varias preguntas a Sáinz de Robles, con quien coincidió sobre la noción del "servicio público de la justicia". En la sesión menudearon las críticas al fúncionamiento de la justicia, sobre todo por parte del PSOE, promotor de la convocatoria.

Sáinz de Robles resaltó los resultados de una encuesta recogidos en la memoria de 1982, que indican que "la opinión de los ciudadanos sobre la justicia es más satisfactoria de lo que se lee en algunos ámbitos". Fue esta la única referencia a las duras críticas realizadas recientemente al estamento judicial por Pablo Castellano y otros sectores de la opinión pública y de la propia Magistratura. El socialista Antonio Sotillo resaltó que la encuesta citada muestra, respecto a estudios similares anteriores, un estancamiento o un deterioro, y por lo que se refiere a la imagen que los españoles tienen de los tribunales, observó que hay "cifras muy bajas".El 67% de los encuestados cree que ante un tribunal de justicia debe decirse la verdad, el 46% entiende que los jueces ejercen su función honesta y honradamente y el 34% tiene una imagen favorable de los tribunales, superada por el 37% que la tiene desfavorable. En la memoria de 1983 se incorporará íntegramente la nueva encuesta que se realice.

Peces Barba agradeció la presencia de los destacados miembros del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Consejo expresó la voluntad de someterse al control de los representantes del pueblo, ya que "el juez está para servir al ciudadano" y "el servicio público de la justicia es inescindible de los órganos constitucionales". Más tarde, Pablo Castellano expresó su coincidencia con esta concepción de la justicia y se refirió a los malentendidos que habían rodeado la convocatoria de la sesión.

Para clarificar la situación, Castellano formuló algunas de las denuncias que, como presidente de la comisión, le habían llegado y que había trasladado en principio al ministro de Justicia. La primera se refería al nombramiento de determinados oficiales, auxiliares y agentes al servicio del Consejo, sin respetar la antiguedad de otros funcionarios. Sáinz de Robles reconoció que los afectados ganaron ante el Tribunal Supremo un recurso contra una decisión que estuvo basada en que la antiguedad no es el único criterio para los nombramientos. La segunda se interesaba por los criterios de designación de jueces sustitutos y por si existían relaciones de parentesco con altos cargos. Sáinz de Robles contestó que no conocía ningún caso y se mostró partidario de corregir las situaciones que se denuncien claramente.

Testigos policiales con nombres y apellidos

El diputado del Grupo Mixto Juan María Bandrés se interesó por el incumplimiento de la ley por parte de muchos jueces, al admitir atestados y testimonios policiales sin que figuren los nombres y apellidos de sus autores, como exige la ley, y aceptar meros guarismos correspondientes a los carnés profesionales de los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil o Cuerpo General de Policía. Sáinz de Robles expresó su criterio personal favorable al cumpliemiento de la ley, pero distinguió entre los atestados policiales y las actuaciones procesales. En estas últimas consideró que ningún juez deberá negarse, al cumplimiento de los requisitos legales. Más tarde, Bandrés solicitó de Sáinz de Robles que entre las prevenciones que puede dirigir a los jueces, trate de atajar por esa vía el incumplimiento sistemático de esos requisitos legales.

En respuesta a Josep María Trías de Bés, de Minoría Catalana, que preguntó sobre las directrices para la aplicación judicial de la reforma del Código Penal, Sáinz de Robles dijo que el Consejo no está legitimado para dar instrucciones a los jueces, pero sí se ha preocupado de conectar con el Ministerio Fiscal, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y los colegios de abogados, para garantizar un funcionamiento ordenado de las revisiones de las causas y de que las salas de vacaciones tomen las previsiones oportunas.

A preguntas de José María Ruiz Gallardón, del Grupo Popular, Sainz de Robles señaló que la interinidad en el ejercicio de la función judicial es una mala solución, pero necesaria, y que el Consejo desea que sus observaciones presupuestarias lleguen directamente a la Cámara, para que los recortes se realicen ordenadamente.