El dictamen del Senado sobre el síndrome tóxico reconoce que ha existido descoordinación

El dictamen de la comisión del Senado constituida el pasado mes de febrero para estudiar el síndrome tóxico, aprobado ayer por unanimidad por el Pleno de la Cámara alta, afirma que se desconoce "el mecanismo íntimo por el que se produce la enfermedad", aunque parece fuera de duda la relación entre ésta y ciertos aceites tóxicos. El dictamen reconoce que ha habido descoordinación entre las comisiones Clínica y Biológica de investigación y que no se han cumplido totalmente las 64 medidas previstas por la anterior Administración. Al mismo tiempo propone nuevas medidas para este período legislativo.Las conclusiones de los senadores apuntan las deficiencias del Código Alimentario español y denuncian la demora en la prestación de ayuda a los afectados, al tiempo que señalan los mataderos y los registros sanitarios como dos de las áreas donde mayor ha sido el incumplimiento.

Las nuevas medidas propuestas hacen referencia a la atención a los afectados, mediante ayudas económicas y a su reinserción social y laboral; reconversión de las unidades de seguimiento en unidades de asistencia básica integral, para mejorar el funcionamiento y la conexión con las unidades de los hospitales; la inspección de alimentos, normas reguladoras de las infracciones y registros sanitarios y medidas legislativas para evitar que pueda producirse un drama similar. Estas disposiciones quedarán englobadas en tres grandes leyes: de defensa del consumidor, ley básica de sanidad y ley de sanidad alimentaria.

El otro terna de mayor interés abordado ayer por el Pleno del Senado fue una interpelación al Gobierno de Carlos Blesa, del Grupo Popular, sobre la regulación y financiación de la enseñanza privada. El senador popular dijo que el proyecto de ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), preparado por el Gobierno, "no niega la subvención a los centros privados, sino que hace algo mucho peor: la condiciona a que el centro renuncie a su ideario y a dejarlo en manos del consejo de centro", con lo que conculca la Constitución y hace estos centros económicamente inviables.

El ministro de Educación, José María Maravall, respondió que "la tradición integrista y oscurantista en España ha interpretado que la libertad es sólo para crear centros o tener un ideario; pero la libertad de enseñanza debe ser un valor que impregne todo el sistema educativo y que garantice que todos van a ser igual de libres, por lo que en los centros concertados debe de haber un equilibrio entre elegir el centro y respetar las creencias, pero también es libertad participar en la educación como tarea colectiva".