La dictadura chilena, empeñada en encerrarse en su 'bunker' y en incrementar las medidas represivas

Desde la noche del domingo, el Ejército chileno patrulla las calles de las ciudades para hacer respetar el toque de queda sobre circulación de automóviles que, aun estando vigente, había caído en desuso. Los peatones pueden circular libremente en la noche, pero los vehículos, entre las 2 y las 5.30 de la madrugada, sólo pueden hacerlo bajo autorización especial. Esta queda para coches, ha sido ampliada y se ha encargado al Ejército de exigir rigurosamente su cumplimiento.

Estas medidas, junto con la detención de otros tres dirigentes sindicales (los dirigentes sindicales agrícolas Opazo y Oróstica y el de la construcción Troncoso), más los despidos en las minas de cobre (que se elevan oficialmente a 3.300) y la militarización de las explotaciones, revelan claramente que el régimen se encierra aún más en su bunker.Los mineros de Chiquicamata deberán declararse hoy en la huelga, aun cuando las condiciones de su protesta son dificiles. Chiquicamata es una explotación aislada en los desiertos safitrosos del norte del país, virtualmente bajo ocupación militar y con un sindicalismo dividido respecto a las prácticas de lucha contra el régimen.

Precisamente para coordinar a todos los gremios se está gestando aceleradamente una multísindical. Hugo Estivales, segundo de Rodolfo Seguel en la dirección sindical del cobre, anunció el sábado en conferencia de prensa que "el comando nacional de trabajadores -que agrupa a los sindicatos más agresivos políticamente- se plegará activa y combatientemente al comando multigremial que será formado por todos los hombres del trabajo de Chile".

En la misma alocución, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Roberto Carvajal, reiteró que nuestra demanda básica sigue siendo el restablecimiento de la democracia. La confederación quiere señalar que el encarcelamiento de nuestro presidente Rodolfo Seguel, los despidos masivos de trabajadores, la declaración de zona bajo control militar de las minas, la represión y el amedrentamiento es la respuesta que el Gobierno ha dado a las demandas de los trabajadores".

Por su parte, el general Enrique Montero, ministro del Interior, al anunciar las nuevas medidas represoras insistió en la absoluta prohibición de las actividades políticas.

Sobre el regreso de exiliados los analistas del pinochetismo carecen de esperanzas. No es la primera vez que Pinochet anuncia medidas de generosidad para la readmisión de ciudadanos, y las experiencias anteriores indican que en un año podrían reingresar al país unos 500 chilenos sobre un total de 70.000. Además, en el norte y en el sur del país existen comunidades de desterrados por el Gobierno, con residencia obligatoria en pueblos del desierto o de los glaciares australes, sobre quienes nadie ha prometido nada. En algunas de estas comunidades se han iniciado huelgas de hambre.

El fin de semana en Santiago ha sido un continuo trajín de reuniones clandestinas, con la CNI (Central Nacional de Investigaciones) pisando los talones a líderes políticos y sindicales que han aplazado citas, viajes, reuniones sociales, descansos, para diseñar urgentemente una estrategia común ante la resaca que está dejando la segunda jornada de protesta del pasado martes y preparar la del 11 de julio, que coincidirá con el aniversario de la nacionalización del cobre por el Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. La Multipartidaria, siempre en un deliberado segundo plano, y el Comando Nacional de Trabajadores, como punta de lanza, no quieren forzar el tren de la protesta y bucan continuar sometiendo al régimen a una demolición por desgaste lenta y controlada, que separe a Pinochet y su guardia de duros de la jefatura más sensata de las fuerzas armadas.

Los santiaguinos, finalmente, han arrebatado las entradas para escuchar a Joan Manuel Serrat el próximo primero de julio en el teatro Napolitano. La retransmisión del recital ha sido desaconsejada desde la Moneda.