El primer ministro marroquí acusa a su propio Gobierno de falsificar los recientes resultados electorales

El primer ministro marroquí, Maati Buabid, presidente del partido Unión Constitucional, que a los dos meses de su constitución resultó ganador por mayoría en las pasadas elecciones del 10 de junio, acaba de acusar al Gobierno que él dirige -y en esto se suma a las denuncias de la oposición comunista y socialista y del partido del Istiqlal- de haber falsificado los comicios.

Por sorprendente que la noticia pueda parecer, el partido del primer ministro estima que la Administración, es decir, el Ministerio del Interior de su Gobierno, ha lesionado con sus fraudes los derechos de numerosos candidatos de la Unión Constitucional, y en consecuencia ha pedido a todos los afectados que presenten querella judicial contra el Gobierno.Esta decisión del primer ministro marroquí, que sienta un exótico precedente en las relaciones de los Gobiernos consigo mismos, puede tener serias consecuencias y llevar a la anulación de las elecciones pasadas, dado que por primera vez en la historia electoral, ganadores y perdedores se sienten igualmente defraudados. Ello lleva, obviamente, a una pregunta que en Marruecos no es ninguna perogrullada: ¿de qué Gobierno es ministro del Interior el ministro del Interior marroquí?

El buró político del partido comunista había enviado ya al rey Hassan II una carta solicitando la anulación de los comicíos por fraudulentos, y pidiendo la celebración de nuevas elecciones, comicios que serían controlados por una comisión nacional en la que deberían participar junto alGobierno representantes de los partidos políticos.

El comité ejecutivo del partido Istiqlal con ocho ministros en el actual Gabinete, ha calificado las elecciones de "falsificación.de la voluntad popular", ha dicho que han resultado elegidos candidatos seleccionados de antemano por la Administración y ha pedido a todos los candidatos que se sientan lesionados que presenten querella judicial contra el Gobierno.

Las bases del partido han pedido a la dirección que, ante el fraude electoral, retire del Gobierno a los ministros.

Para los socialistas, que se unen a todas las críticas anteriores, estas elecciones desacreditan por anticipado al Parlamento que debe formarse en septiembre próximo, un tercio del cual es elegido indirectamente por los consejeros elegidos el pasado 10 de junio.

Puesto que la denuncia del primer ministro Buabid parece sugerir que existen dos Gobiernos, la pregunta es qué hará ahora el otro, el de verdad. En esta situación de descontento generalizado de ganadores y vencidos, con un referéndum a la vista en el Sáhara que debe llevarse a cabo antes de fin de año en condiciones que los partidos nacionalistas rechazan, con unas elecciones legislativas que estaban previstas para septiembre, y una crisis económica y social que se agudizará por esa época, es muy posible que el rey Hassan II decida decretar un nuevo estado de excepción por lo menos por lo que queda de año. Al fin y al cabo, esto no sería nada nuevo, pues de 1965 a 1976 Marruecos vivió once años de estado de excepción declarado, primero, y de facto después.