La LODE, "más grave que la del aborto para un católico", según el padre Martín Jiménez

"La ley reguladora del derecho a la educación (LODE) rompe el consenso elaborado en la Constitución de 1978, ya que hace inviable la libertad de enseñanza. "Es una ley mucho más grave que la despenalización del aborto para un católico", ha dicho Santiago Martín Jiménez, secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), "ya que está pensada maquiavélicamente para cargarse la libertad de enseñanza y, a largo plazo, el ideario católico de los centros, y así desalojar de su peso en la enseñanza a la Iglesia".

El secretario general de la FERE definió a la ley como "sectaria" en muchos conceptos, de "una mala copia de la ley francesa elaborada por Debre en 1959", y "de un golpe muy duro para la Iglesia".También manifestó que acudirían al Tribunal Constitucional, "ya que, entre otras cosas, no se respetan los derechos de la entidad titular".

"Si aceptamos el concierto de subvención, aceptamos la expropiación como titulares, puesto que las funciones del titular son transferibles al consejo escolar del centro, donde el titular se encuentra en franca minoría", manifestó el secretario general de la FERE.

Ideario de los centros

Para la FERE, la ley no reconoce el derecho de los padres a la elección de centros, ni el carácter propio de los mismos, según la última sentencia del Tribunal Constitucional."Nosotros entendemos por carácter propio de los centros, no sólo los aspectos morales y religiosos como el PSOE, sino también los pedagógicos y organizativos, por lo cual la ley se carga el idiario del centro, ya que la línea pedagógica del centro no la determina el titular", declaró Martín Jiménez.

"Esta ley supone el despojo del titular y todas las decisiones graves del centro quedan transferidas al consejo escolar de cada centro", según Martín Jiménez.

Estatalización

"A cambio del poco dinero que se va a recibir, ya que no se financia el coste del puesto escolar, y el pago directo del profesorado por parte del Estado no supone la equiparación con el profesorado estatal, hemos de renunciar al ideario del centro", dijo el secretario general de la FERE.Para la vicepresidente de la FERE, María José Fernández, "a medio plazo los centros privados subvencionados se convierten en centros públicos, luego la ley es un modelo suave, pero profundo y progresivo de estatalización".

"No nos nacionalizan la propiedad, pero nos nacionalizan la gestión a través de la elección del director, la selección del profesorado y la rigidez en la admisión de alumnos", dijo Santiago Martín Jiménez.

La FERE agrupa a 23.000 religiosos distribuidos en 3.500 centros, con casi dos millones de alumnos.