El gobernador civil de Sevilla ordena el desalojo por la fuerza de la finca 'El Indiano'

La ocupación de la finca El Indiano, situada entre las provincias de Sevilla y Cádiz y propiedad de Rumasa, tomó ayer un giro conflictivo ante el anuncio del gobernador civil de Sevilla, Garrido Avila, de desalojar por la fuerza a los ocupantes si éstos persistían en su actitud. Los jornaleros, por su parte, anunciaron su decisión de permanecer en la finca, por lo que en Marinaleda y algunos otros pueblos se produjeron encierros en solidaridad con su postura. La Guardia Civil podría entrar de un momento a otro en la finca para expulsar por la fuerza a los jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) que la ocupan.

La ocupación se realizó pacíficamente. La Guardia Civil no intervino, y cuando alguna vez ha aparecido por la finca lo ha hecho para interesarse por el estado de los acampados y ofrecer sus servicios si. eran necesarios. Francisco Casero, líder del Sindicato de Obreros del Campo, ha elogiado en estos días el comportamiento de las fuerzas de orden público.Los jornaleros ocupantes de la finca han izado sobre su campamento una bandera blanca y dos de Andalucía, trabajaban tranquilos según el proyecto que habían elaborado para la puesta en explotación de la finca que perteneció a Rumasa y que encontraron prácticamente abandonada.

Ayer, las cosas dieron un giro inesperado, al anunciar el gobernador civil de Sevilla, provincia a la que pertenece la mayor parte de la finca, aunque un rincón de la misma está situado en Cádiz, que los jornaleros tienen que salir. "Una cosa es una ocupación simbólica, como se anunció, y otra que por su cuenta y con sus propios planes pongan en explotación una finca que es de dominio público. Ante eso no se puede ceder. Por otra parte, el destino de los bienes expropiados a Rumasa está aún por decidir, y no se puede tolerar que nadie se anticipe a la decisión final, ni trate de forzarla con posturas de fuerza. Yo les he dicho que salgan, y si no lo hacen, enviaré a las fuerzas del orden para sacarles".

Se mantienen las posturas inflexibles

Ante este anuncio, una comisión de los ocupantes, en la que figuraban Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, y Antonio Cala, alcalde de Puerto Serrano, localidad a la que pertenecen la mayoría de los ocupantes, se desplazó a Sevilla para entrevistarse con el gobernador civil a últimas horas de la mañana.Al término de la entrevista, ninguna de las dos partes en litigio habían cedido en su posturas iniciales. Los jornaleros y los restantes ocupantes exigen garantías sobre la no privatización de las fincas de Rumasa, mientras que el gobernador civil argumenta que no puede dar tales garantías sobre algo que no le compete, y que tiene que ordenar el desalojo.

Simultáneamente, 400 jornaleros de Marinaleda se han encerrado en solidaridad con los ocupantes de El Indiano, y acciones parecidas de apoyo se han iniciado en otros pueblos. A últimas horas de la tarde de ayer no se había producido aún la llegada. de la Guardia Civil para proceder al desalojo, pero se esperaba que pudiera ocurrir de un momento a otro, o bien esta mañana.

Por otra parte, el congreso de Comisiones Obreras del campo de Andalucía aprobó durante sus sesiones iniciar de inmediato una campaña de movilizaciones en favor de la reforma agraria y la exigencia de que se no se reprivaticen las fincas expropiadas de Rumasa, según informa José Aguilar.

Durante la realización de la citada campaña se da por seguro que se procederá a efectuar ocupaciones de algunas fincas expropiadas a Rumasa, secundando de esta manera la iniciativa tradicionalmente lanzada por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC).