El Gobierno acuerda remitir al Congreso la ley del Fondo de Compensación Interterritorial

Los temas relacionados con la consolidación del Estado de las autonomías dominaron la breve reunión del Consejo de ministros de ayer -poco más de tres horas- presidida por Alfonso Guerra en ausencia de Felipe González, en viaje oficial por Iberoamérica.

Tampoco asistieron los titulares de Exteriores y de Defensa, a un encuentro del Gabinete que tuvo carácter fundamentalmente deliberante, pero que, pese a ello, aprobó el proyecto de ley del Fondo de Compensación Interterritorial y la remisión a las Cortes de un grupo de proyectos de ley relacionados con la financión de las comunidades autónomas. Igualmente, el Consejo acordó. solicitar a Las Cortes que habiliten un período extraordinario de sesiones durante el mes de julio para la tramitación de varios proyectos de ley, como el de reforma universitaria.El contenido del proyecto de ley del Fondo de Compensación Interterritorial está basado, según el portavoz accidental del Gobierno en una idea de solidaridad: los fondos necesarios se garantizan para cinco años y todas las comunidades serán beneficiarias de los mismos. Los fondos se distribuirán en razón inversa a la renta por habitante de cada comunidad y en proporción directa al saldo migratorio, al paro existente, y a la superficie de la región de que se trate, más un porcentaje proporcional a la distancia en el caso de las comunidades insulares.

Los proyectos a financiar se decidirán de común acuerdo por el Estado y cada Comunidad antes del primero de año de cada año y será el Tribunal de Cuentas el encargado de presentar a las Cortes generales, para el preceptivo control parlamentario, un informe separado de los proyectos financiados con cargo al fondo.

Por lo que se refiere a la financiación de las comunidades autónomas, el Gobierno acordó habilitar medios económicos para facilitar el traspaso en bloques semestrales de series de transferencias. Conforme a este criterio, el Consejo aprobó un proyecto de ley relativo a la cesión de tributos, que son los recursos con que se financian los gastos de los servicios transferidos.

El texto del proyecto establece un marco de referencia idéntico para todas las comunidades: el Estado continúa siendo el titular de las competencias en materia fiscal, pero cede el rendimiento líquido de los tributos y delega la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los impuestos de patrimonio, sucesiones, transmisiones, actos jurídicos, lujo, etcétera a las comunidades. Todas ellas se beneficiarán de esta disposición, a excepción de Cataluña, el País Vasco y Navarra, que poseen conciertos especiales.

Al margen de ello, el Gobierno aprobó una imporante serie de inversiones por departamentos, que asciende a algo más de 11.000 millones de pesetas, de, los cuales 6.000 millones corresponden al Ministerio de Obras Públicas. En el capítulo de nombramientos, se nombró director general del Instituto Geográfico Nacional a Emilio Murcia; embajador de España en Venezuela a Amaro González de Mesa ("este nombramiento nada tiene que ver con la reciente visita del presidente del Gobierno autónomo vasco Cralos Garaikoetxea o la presunta presencia de etarras en aquel país", dijo el portavoz).