Interior da marcha atrás sobre el control de viviendas

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La orden sobre control de viviendas, que hoy entra en vigor salvo en lo referido a sanciones, desarrolla el artículo octavo del decreto ley de 26 de enero de 1979 sobre protección de la seguridad ciudadana, que impone a todas las personas que vendan o arrienden viviendas o locales, la obligación de facilitar datos sobre la identidad de los contratantes.

La presente decisión de Interior, deja coja la citada orden, toda vez que carece de medidas que sancionen su incumplimiento, con lo que su observación queda sujeta exclusivamente al libre arbitrio de la conciencia del ciudadano y a su deseo de colaborar con las Fuerzas de Seguridad, mediante el suministro voluntario de dichos datos.

La citada orden fue acogida con malestar en medios jurídicos, políticos e inmobiliarios, cuando fue publicada. Así, el diputado comunista Santiago Carrillo, presentó en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no ley en la que solicitaba la derogación de la orden. El PNV, también solicitó que fuera derogada por entender que la misma era inconstitucional. Asimismo, una treintena de abogados, integrados en el denominado Grupo de Abogados Jóvenes, presentó el 13 de mayo un recurso centencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la referida orden, por considerar que la misma atentaba a derechos elernentales. reconocidos en la Constitución, como son la intimidad, o el libre desarrollo de la personalidad.

De otra parte, ocho abogados, entre los que figuraban José S,anromá y Jacobo Echeverría, enviaron al ministro del Interior un recurso de reposición en el que advertían que "si bien la orden es impugnable ante los tribunales, hemos considerado conveniente proceder pnmero en vía administrativa", e insistían en el carácter inconstitucional de la misma.

Por el contrario, los profesionales dedicados a la venta y alquiler de viviendas no estimaban que la orden de Interior pudiese vulnerar los derechos constituclonales de inqulinos o compradores. Sí se mostraron, sin embargo, preocupados porque la información que había que facilitarse a Interior sobre las transacciones inmobiliarias pudiese llegar a Hacienda.

El propio Barrionuevo, consciente de la impopularidad de la orden, calíficó de "error de planteamiento" la publicación de la misma en plena campaña electoral. No fue este el único error cometido al ser publicada, toda vez que se anunció que entraba en vigor el mismo día de su publicación -2 de mayo-, cuando en realidad estaba previsto que entrase en vigor hoy, por lo que hubo que rectificarse dicho punto posteriormente en el BOE para que efectivamente ocurriese.