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Consejo de Ministros

El Ejército del Aire teme que el Gobierno reduzca el número de aviones del programa FACA

Carlos Yárnoz

La falta de acuerdo entre el Gobierno español y McDonnell Douglas en la negociación de las compensaciones económicas e industriales del programa FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque) originó ayer que el Consejo de Ministros no adoptara la decisión definitiva de comprar los 84 aviones F-18A de la multinacional estadounidense. El hecho causó un evidente malestar en el Estado Mayor del Ejército del Aire, donde se teme que, por razones económicas, el Gobierno reduzca de 84 a 72 -un escuadrón menos- el número de aparatos a comprar.

La decisión última la tomará el presidente del Gobierno, Felipe González, antes del próximo día 31, fecha en que culmina el plazo para firmar el contrato de compra. En cualquier caso, los aviones que se adquirirán serán F-18A Hornet, según coincidieron en asegurar las diversas fuentes informativas consultadas ayer por este periódico.A primera hora de la tarde de ayer, el ministro de Defensa, Narcís Serra, recibió al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, teniente general Emilio García Conde, a quien comunicó que el Consejo de Ministros, en contra de lo que esperaban los propios pilotos militares, no había acordado, de forma definitiva, la adquisición de los aviones previstos en el FACA. La noticia, según se comprobó posteriormente en el Estado Mayor del Ejército del Aire originó un claro malestar entre los militares, quienes confiaban que ayer se diera el carpetazo a un programa que ya lleva más de dos años de retraso. No obstante, la reducción del número de aviones a comprar no fue considerada en profundidad por las fuentes del Ministerio de Defensa consultadas ayer.

Según explicaron ayer en medios del departamento, los problemas existentes en la actualidad son de cuatro tipos. En primer lugar, se han originado inconvenientes jurídico-formales, como es el de la equiparación en los años próximos de los dólares de 1981 (que son los que se manejan en el programa) con los cambios monetarios que se originan. Asimismo, el Gobierno exige a McDonnell compensaciones firmes y concretas en la mayoría de apartados, y no simples promesas. En tercer lugar, las autoridades españolas consideran que el premium -cantidad que, por encima del precio de los aviones, debe pagar España por construir partes del aparato en nuestro país- tiene que ser rebajada en varias decenas de millones de dólares (en la actualidad, asciende a 150 millones de dólares). Por último, el Gobierno español cree que deben ser incrementadas las compensaciones tecnológicas.

En opinión de fuentes próximas al propio ministro de Defensa, el acuerdo del Consejo de Ministros permitirá que el Gobierno español continúe negociando con McDonnell las contraprestaciones del programa, valoradas en unos 300.000 millones de pesetas. "El problema principal consiste en que las compensaciones no son satisfactorias", dijeron los informantes. "A veces, se consigue en siete días lo que no se consigue en siete meses". Como en las últimas semanas, autoridades del Ministerio de Defensa proseguirán estos días sus contactos con los directivos de

McDonnell Geoy y Packard, responsables de contratos y del programa de compensaciones con España.

En torno a la financiación del programa y a las inversiones necesarias para materializar las contraprestaciones, también han surgido problemas entre los ministerios de Hacienda, Industria y Defensa. Las principales discrepancias se producen entre el Instituto Nacional de Industria (INI) y el propio Ejército del Aire, y concretamente respecto a la posibilidad de que los F-18A puedan ser cofabricados en Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA). Si el montaje del avión se realiza en EE UU -en esta operación participan unos 70 operarios-, el coste que tendrá que pagar el Gobierno español ascenderá a unos 13 millones de dólares. Si, por el contrario, el montaje se efectua en CASA, en la operación intervendrán cerca de 500 operarios y tendrá un coste adicional de unos 100 millones de dólares, que el INI pretende que sean sufragados por el Ejército del Aire, en contra de la opinión de éste.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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