El Estado podría ejercer el derecho de tanteo en Banca Catalana si no mejoran las ofertas actuales

La negociación para la adjudicación de Banca Catalana como banco, más las participaciones que dicha institución tenga en otras entidades financieras que no sean adjudicadas mediante subastas diferentes, parece haber entrado en su recta final y todas las partes implicadas presionan sobre las demás para conseguir colocarse en mejores condiciones. El Banco de Europa, cuyo presidente es Carlos Ferrer Salat, máximo responsable de la CEOE, ha decidido entrar a participar en el grupo de bancos ofertantes. En algunos medios no se descarta la posibilidad de que, si no se mejoran sustancialmente las ofertas, Banca Catalana pudiera quedar definitivamente en manos del Estado.

Fuentes del sector financiero han reconocido en los últimos días que la primera oferta presentada tenía pocas diferencias con la de La Caixa, aunque afirman haber hecho un esfuerzo importante posteriormente y que en la que se presentará el lunes se contabilizará una coste para el Estado inferior en varios miles de millones de pesetas. Otros medios consultados consideran, no obstante, que ambas ofertas distan mucho de poder ser aceptadas por la Administración.Entre los medios del sector bancario crece cada día con mayor intensidad la idea de que el grupo de bancos será incapaz, en el caso de que finalmente adquiera el paquete mayoritario de Banca Catalana, de poner en competencia al grupo, lesionando indirectamente los intereses de cada uno de los bancos que estén presentes en su consejo de administración.

La adjudicación de Banca Catalana a manos privadas, sean de una caja de ahorros o al grupo de bancos, si se realiza lo será con grandes tensiones, ya que nadie parece interesado de forma definitiva en ello, salvo las instituciones oficiales que habrían presionado, al menos en un primer momento, para conseguirlo. En diciembre del pasado año, Banca Catalana presentó a la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) un plan de saneamiento que cubría dos objetivos: la consolidación de las pérdidas existentes y la puesta en marcha de un plan que tendiera a anular las de los próximos años.

Las facilidades del Fondo

El primero de ellos se cubría mediante el compromiso de devolver en un plazo de cinco años los préstamos del Banco de España para hacer frente a las retiradas de depósitos sufridas en los meses anteriores; la exención de coeficientes por el mismo período de tiempo; la compra de activos por parte del propio FGD y la fijación de condiciones para la devolución de un préstamo hecho por el Fondo a Banca Catalana. Al tiempo se establecían las condiciones para hacer frente a los morosos y fallidos que Banca Catalana tenía a través de sus participadas.

La primera idea que se manejó en medios oficiales por aquel momento fue ofrecer Banca Catalana con el plan de saneamiento ya en marcha a La Caixa. Los responsables de la caja de ahorros no parecían muy interesados en adquirir la entidad y del estudio que realizaron sobre la viabilidad de la entidad surge una propuesta alternativa. Los 8.000 millones de pesetas en participaciones industriales que tiene el grupo de Catalana pasarán al FGD; el crédito del Banco de España para hacer frente a la retirada de depósitos debe tener un plazo de 10 años, lo mismo que la exención de coeficientes. Por último, se solicitan mayores garantías o avales por parte del Fondo sobre los 35.000 o 40.000 millones de pesetas que Catalana tiene comprometidos en avales de sus entidades participadas.

Una asamblea de más de 1.000 trabajadores de Banca Catalana decidió ayer rechazar la propuesta del comité de empresa de realizar una huelga como forma de presión y aprobó un manifiesto en el que solicitan del Gobierno que tome "una postura clara" sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, la unidad del grupo bancario y la garantía de la catalanidad de la entidad, compatible con alguna forma de "servicio público".