Magistrados de Trabajo de Barcelona piden informacion a los perjudicados por irregularidades de las subastas

La Junta de Magistrados de Trabajo de Barcelona acordó la pasada semana, por unanimidad de sus 17 miembros, solicitar información a todas las personas que se, consideren perjudicadas por presuntas actividades que pudieran ser constitutivas de infracción penal en relación con las subastas de las magistraturas de Trabajo. La información solicitada se dirige a facilitar las investigaciones judiciales seguidas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, abiertas con el número de diligencias previas 702/83.

Estas investigaciones están dirigidas a averiguar posibles irregularidades de los subasteros que actúan en las magistraturas y, en especial, en la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas, instadas por la Seguridad Social.La iniciativa de la propia Junta de Magistrados influyó de forma decisiva en la apertura de la citada investigación. Previamente a la instrucción de las diligencias, actualmente en trámite, intervino el Consejo General del Poder Judicial que, al tener conocimiento de las presuntas irregularidades a través de un texto periodístico, solicitó información sobre el tema a los magistrados de Barcelona. En aquella ocasión, el dirigente ultraderechista Alberto Royuela manifestó: "La gente ya sabe que no tiene nada que hacer frente a nosotros, porque somos una mafia". Esta frase ha sido uno de los elementos causantes de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 13. de Barcelona, Carlos Bueren, no acepte ahora a trámite una querella interpuesta contra este diario por Alberto Royuela.

El informe elaborado por los magistrados de Trabajo fue remitido, mediante el Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y por este último a la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona. La denuncia de este órgano originó las diligencias previas judiciales, a cargo del magistrado Eloy Mendaña, titular del Juzgado de Instrucción número 9.

Las subastas laborales

En las numerosas subastas que diariamente se celebran en las 17 magistraturas de Trabajo de Barcelona interviene, en práctico régimen de monopolio, un grupo de unos 40 subasteros. Las adjudicaciones se efectúan a precios sumamente bajos, a causa de que los licitadores impiden de muy diversas formas la concurrencia de cualquier particular interesado en la adquisición de los bienes subastados.

Este hecho viene facilitado por la propia ley, que regula de forma anacrónica las subastas laborales. A ello hay que añadir que este tipo de subastas no se publica en los diarios, sino exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provincia y, por otra parte, la Magistratura de Trabajo no cuenta con un depósito judicial propio en el que puedan ser almacenados y expuestos los bienes. Ambas circunstancias han sido puestas de manifiesto en varias ocasiones por los magistrados de Trabajo.

La concurrencia de todos estos elementos hace que el mecanismo de la subasta pública -abierto a todo los ciudadanos con el objeto de obtener el máximo valor de los bienes puestos a la venta, y en garanda, al mismo tiempo, de la igualdad de oportunidades- se convierta, en la práctica, en un sistema de venta casi clandestino. A éste sólo tienen acceso un reducidísimo número de profesionales que son los únicos que conocen los bienes que se van a poner en venta y que pueden participar en la licitación.

Para paliar estos defectos, algunos organismos administrativos han arbitrado en los últimos años sistemas de licitación en sobre cerrado en las subastas municipales, mecanismo que antes sólo se empleaba en las licitaciones mediante concurso.

Magistratura especial

La Magistratura Especial de ejecuciones de la Seguridad Social utiliza un procedimiento específico en los apremios que, por tratarse el instante acreedor de un organismo público -la Tesorería de la Seguridad Social- reduce al máximo las formalidades previstas en la ley de Enjuiciamiento Civil para las subastas ordinarias. Así, la Magistratura Especial está facultada para nombrar depositarios y peritos, y para ordenar extracciones, así como celebrar subastas de forma más rápida y con menores garantías legales para los particulares, que los restantes órganos judiciales civiles.

La reciente firma de un convenio entre Hacienda y la Seguridad Social para que la primera se encargue a partir de ahora de estas ejecuciones no solucionará por sí mísma el problema, según fuentes fidedignas, dado que los llamados subasteros también actúan en las subastas convocadas por las delegaciones de Hacienda.

'Subasteros' y depositarios

La rapidez y ejecutoriedad del procedimiento de apremio de la Magistratura Especial, unido a las posibles facilidades que presumiblemente pudiera otorgar a los subasteros algún funcionario de la Magistratura Especial de Barcelona, ha originado numerosas denuncias de situaciones irregulares. En efecto, por indicación, al parecer, de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social de Barcelona y por designación de la Magistratura Especial, han sido nombrados en numerosas ocasiones depositarios de los bienes embargados los propios subasteros, entre ellos el mismo Alberto Royuela. Tal facultad está reconocida por una orden ministerial de 1960 que regula el procedimiento de apremio para la Seguridad Social y establece que "el magistrado nombrará depositario de los bienes embargados y todavía no subastados al propio deudor o a personas de reconocida solvencia y capacidad económica".

Mediante este procedimiento, algunos de los subasteros más poderosos de los que habitualmente concurren a las subastas han sido reconocidos oficialmente como solventes y capacitados económicamente para custodiar los bienes embargados en sus propios depósitos, de muy difícil acceso en la práctica para cualquier posible postor en la futura subasta pública.

El nombramiento de peritos que evalúan los bienes embargados y la adjudicación, normalmente a tipo libre y muy bajo en la subasta, se efectúa, además, ante la misma Tesorería Territorial de la Seguridad Social.

Este organismo, que en definitiva es el acreedor, está legalmente facultado para intervenir en las subastas a través de su asesoría jurídica, pero en Barcelona la Tesorería no ha intervenido prácticamente en ninguna ocasión en las subastas. Entre las consecuencias de todo ello se encuentra el hecho de que la Seguridad Social de Barcelona cobró el pasado año únicamente el 2% de las cotizaciones sociales apremiadas y no ingresadas por los empresarios. Esta cifra, no obstante, se considera en el Ministerio de Trabajo como una de las más elevadas de España respecto al volumen total de la recaudación.

Uno de los casos que se ha conocido recientemente es el de un empresario que intentó el pasado verano adquirir en subasta pública una maquinaria embargada por la Magistratura Especial, sin lograrlo a causa de la actuación de un subastero que era depositario de la maquinaria de la subastada empresa ALFI. Este episodio se relata en el expediente número 24.077/ 81 de la Magistratura Especial.