Suspendido hasta el mes de junio el juicio por la catástrofe de Seveso

Las previsiones se han cumplido: el tribunal de Monza acordó ayer suspender hasta el 18 de junio el juicio por la catástrofe de Seveso. Los magistrados tomaron la decisión después de conocer que los abogados de la ciudad se habían declarado en huelga para denunciar la falta de medios con que cuenta la administración de justicia en la comarca de La Brianza. "Es una huelga que favorece a la injusticia", comentó, indignado, a EL PAIS el fiscal Nicolo Franciosi.

Mucho antes de las nueve de la mañana, hora fijada para la celebración del juicio oral por la catástrofe de Seveso, numerosas personas permanecían en el interior de la sala. Medio centenar de periodistas de toda Europa entre los que se encontraban diversas cadenas de televisión, se disputaban cada metro del diminuto recinto. La espera resultó infructuosa. Hacia las diez de la mañana se comunicó oficialmente a los miembros del tribunal la decisión de todos los abogados de la causa de solidarizarse con la huelga convocada por los letrados de Monza.La decisión de los abogados fue tomada, el martes por la tarde, en el transcurso de una asamblea. A la huelga se sumaron ayer los letrados de Milán y Roma, que habían acudido a Monza para asistir a la vista contra los responsables de ICMESA.

El fiscal de la causa, Nicolo Franciosi, mostró de manera sutil su disconformidad con la protesta, preguntando en público si esta huelga afectaba sólo al procedimiento judicial instruido por la catástrofe de Seveso o a las demás causas. Sabía muy bien el ministerio público, al hacer esta pregunta en público, que la huelga era general, pero quería recordar a la sala las razones oscuras de una protesta, que la convoca el sector más privilegiado de la justicia y en una fecha muy determinada.

La pregunta-acusación del fiscal fue acogida con los aplausos de un grupo de trabajadores de ICMESA. A estos trabajadores, y a todos los que han seguido el procedimiento judicial de Seveso, no se les escapa la política de dilaciones establecida por los defensores de los acusados. El objetivo final es claro: lograr la prescripción de algunos delitos. Concretamente, en enero de 1984, es decir, dentro de ocho meses, prescribe el delito de desastre culposo del que están acusados los cinco procesados. Los otros delitos, lesiones a personas y omisión de cautelas, tardarán más en prescribir.

Tampoco se le escapa a nadie que el 18 de junio, coincide con el inicio de la campaña electoral y que están también muy cerca las vacaciones de verano, que podrían actuar de nuevo como freno.

Pero esto no es todo. Los defensores tienen preparada una batería de acciones dilatorias, basadas en presuntos defectos cometidos en la instrucción de la causa. En breve serán presentados dos recursos ante el Tribunal Constitucional pidiendo la nulidad de parte del sumario.