La derecha rechaza la despenalización del aborto y la izquierda la considera insuficiente

La despenalización del aborto, junto a los Presupuestos Generales del Estado, será la cuestión más debatida en el Parlamento tras las elecciones del 8 de mayo. El proyecto de ley ha sido objeto de 20 enmiendas, siete de las cuales se oponen globalmente al texto gubernamental. Los grupos Popular y Centrista piden su devolución al Gobierno por innecesario, mientras que los diputados del PCE y el de Euskadiko Ezkerra lo consideran insuficiente

La Minoría Catalana ha sido el único grupo de la oposición que no ha presentado enmiendas como tal grupo y, al igual que el PNV, concederá libertad de voto a sus miembros.El primer debate sobre el aborto se producirá en uno de los próximos plenos del Congreso, que deberá pronunciarse sobre las enmiendas a la totalidad presentadas, y, en caso de que sean rechazadas, la Comisión de Justicia e Interior procederá al estudio de las restantes. Además de las enmiendas a la totalidad de los grupos Popular y Centrista, tres diputados de la Minoría Catalana -Joaquim Xicoy, Josep Antoni Durán y Llibert Cuatrecases- piden también la devolución del proyecto de ley al Gobierno.

Las razones que esgrime eI Grupo Popular para solicitar la devolución del proyecto de ley al Gobierno son, en esencia, que es contrario al derecho a la vida que establece la Constitución, a nuestra tradición moral y jurídica -y a las creencias y sentir probado de la mayoría del pueblo español, "que debería ser precisamente consultado al. respecto". Asimismo, declara "demostrado" que la despenalización del aborto no termina con su clandestinidad.

UCD reivindica educación sexual

Él Grupo Centrista justifica su propuesta de devolución al Gobierno en su creencia de que el aborto no es un medio lícito dé resolver los embarazos no deseados, sino que significa, dice, "un fracaso de la planificación familiar" y es consecuencia de "falta de información y educación sexual adecuada". Como solución para evitar que muchas mujeres "acudan a la decisión límite y desgarradora de la interrupción de su embarazo", los centristas proponen la creación de una red de centros de orientación familiar "insertos en la Seguridad Social, bien dotados y accesibles a todos los ciudadanos, en los que sea posible encontrar información científica y clara sobre sexualidad y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos".

También piden la supresión o sustitución completa del texto gubernamental los diputados del Grupo Popular Juan Ramón Calero y Manuel Díaz-Pinés. Calero justifica la supresión en "razones de ética cristiana, científicas, bíológicas, embriológicas, genéticas y humanitarias". Díaz-Pinés, por su parte, frente a la despenalización proyectada, solicita repenalizar la figura delictiva del aborto, al castigarlo con la pena de reclusión mayor -de 20 a 30 años de cárcel-, al equiparar al concebido y no nacido con el descendiente objeto del delito de parricidio. "Sin el respeto a la vida de los inocentes carecería de sentido, incluso, hablar de convivencia social", explica Díaz-Pinés.

El derecho al propio cuerpo

Bandrés se opone al proyecto del Gobierno, al que acusa de tímido y limitado, y propone un texto que reconoce el derecho de la mujer a su propio cuerpo y a su intimidad, y establece mecanismos de resolución de la colisión entre este derecho y una posible vida en formación. Establece la plena libertad de la mujer para abortar en las primeras 18 semanas -durante las que está acreditado científicamente "la imposibilidad de vida independiente del cuerpo de la mujer"-, y en cualquier otro plazo cuando exista grave peligro para ella o se diagnostiquen posibles, anomalías en el feto.

Los diputados comunistas consideran que el proyecto gubernamental "es de todo punto inútil para resolver los dos problemas fundamentales que se han de abordar en una despenalización: poner término a la lacra social del aborto clandestino y acomodar la legislación penal al respeto de los derechos fundamentales de la mujer y de la pareja, en particular el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia". El PCE estima que el sistema de los plazos es el que mejor respeta la propia responsabilidad de la mujer, así como, al prohibir como regla general el aborto después de los tres primeros meses, "sirve también a la protección de la vida en formación, interés que antropológicamente no se puede desconocer".

Mediante otra enmienda, el PCE propone que a las tres circunstancias previstas por el Gobierno para que el aborto no sea punible se añada la siguiente: "Si la continuación del embarazo crea o incrementa una grave situación de necesidad para la mujer, de carácter personal, familiar o social, y la intervención se realiza en los tres primeros meses de la gestación". A la justificación general de la llamada indicación social, el PCE añade que en la actual situación de desempleo y subempleo masivo que el Estado imponga coactiva mente una maternidad no deseada "resulta éti camente inmoral y so cialmente inaceptable".

Objeción de conciencia

Tanto Bandrés como los comunistas, a la vez que proponen una despenalización del aborto más generosa, contemplan el establecimiento de la objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario, "siempre que dicha objeción", explica Bandrés, "sea sincera y completa, es decir, en la medicina pública y en la privada". En el texto de Bandrés, la formulación de la reserva "conlleva la prohibición de practicar esta clase de intervenciones fúera de las instituciones sanitarias públicas, entendiéndose revocada si se toma parte en las interrupciones de embarazo tanto en centros sanitarios públicos como privados".

En igual línea, la enmienda del PCE establece en casi los misipos términos la objeción de conciencia del médico y.personal facultativo ante la autoridad sanitaria y añade ' que la reserva se entenderá revocada cuando quien la presentó participe en otros procedimientos o intervenciones para interrumpir el embarazo fuera de la indicación médica y eugenésica.

Entre las enmiendas parciales del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón pide que en el aborto eugenésico intervenga el médico forense y que, en los tres supuestos contemplados por el proyecto de ley, el médico que practique el aborto comunique al juez la intervención realizada, por si procede abrir un sumario. La diputada del mismo grupo, Carmen Llorca, propone, por su parte, que sea el forense quien acredite el tiempo de duración del embarazo en el supuesto de violación. Solicita asimismo que se haga constar documentalmente que la embarazada "ha sido asesorada sobre las ayudas económicas y sociales públicas y privadas que existan a disposición de las embarazadas singularmente la futura adopción del niño".

Enmienda 'progresista' del Grupo Popular

Manuel Cantarero, también del Grupo Popular, enmienda el número 12 del proyecto de artículo 417 bis, en el sentido de establecer que la mujer "obre impulsada por un estado de necesidad". En el texto que propone, sin duda el más progresista de cuantos plantea el Grupo Popular, se dice que "a tal efecto, se considerará que el aborto es un mal de naturaleza inferior a la vida de la embarazada y ésta resulta exenta penalmente del deber de sacrificarse por el futuro hijo". Cantarero recuerda que el ministro de Justicia fundamentó este supuesto de despenalización del aborto en la eximente de estado de necesidad prevista con carácter general en el artículo 8 del Código Penal.

En dirección similar, aunque con un alcance mayor, ya que afecta a todo el artículo, se orienta la unica enmienda del PNV, que pretende sustituir las cinco palabras iniciales -"el aborto no será punible..."- por las siguientes: "Están exentos de responsabilidad criminal quienes causaren o consintierén el aborto...". El PNV justifica su propuesta "en la conversión de las circunstancias de despenalización que el proyecto contempla en circunstancias de exención de responsabilidad criminal".

Nuevos casos de despenalización

Joaquim Molins, de la Minoría Catalána, propone que la despenalización del aborto por embarazo consecuencia de violación se amplíe a los embarazos derivados "de una inseminación artificial no consentida". Molins estima que este supuesto, por infrecuente, no debe dejar de ser contemplado en una legislación hacia el futuro, en el que es de esperar, dice, "una mayor utilización de los métodos artificiales de inseminación y, en consecuencia, también un mal uso de ellos".

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Francesc Vicens, plantea, en relación con el número 19 del artículo 417 bis, que en el requisito de "evitar un grave peligro para la vida o la salud de la tmbarazada" se contemple que di Dho peligro lo sea para su vida o su salud "física o psíquica". Vicens pretende con esta enmienda ade mar el término salud al sentido que le da la Organización Mundial de la Salud.