Los nuevos ayuntamientos tendrán opción a recargar el impuesto de la renta y a variar la contribución urbana

J. L. M. I. / J. M., El Ministerio de Administración Territorial, a través de una llamada del jefe del Gabinete, Andrés García de la Riva, al Ayuntamiento de Barcelona, ha desmentido oficialmente que el proyecto de ley de Financiación de la Entidades Locales filtrado a la Prensa corresponda al proyecto que está estudiando el Gobierno socialista. El Gobierno ha dado prioridad a la ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, en base a la cual los nuevos ayuntamientos podrían, de forma optativa, aplicar un recargo en el Impuesto'sobre la Renta de las Personas Físicas y variar el gravamen de la Contribución Territorial Urbana. En ninguno de los casos se han fijado las modificaciones.

La filtración de un viejo proyecto de ley de UCd ha sido calificada por el PSC cómo "electoralista" dado que, según fuentes de este partido, "hace cinco años que se está trabajando en proyectos de este tipo y es, precisamente ahora, cuando se saca a relucir uno que no es de iniciativa del Gobierno socialista". La situación deficitaria de la mayoría de las corporaciones locales, que en el caso de Barcelona está centrando la campaña de las elecciones municipales, es atribuída por el Gobierno al deficiente sistema tributario local.

La ley de Medidas Urgentes pretende ser, según el anteproyecto al que ha tenido acceso El PAIS, el vehículo de transición entre el actual sistema, financiero, considerado como centralista, y el sistema previsto en la Constitución, de financiación múltiple y descentralizada.

El primer grupo de medidas urgentes comprenderá la liquidación de las deudas acumuladas por las corporaciones municipales y la financiación del déficit real de sus presupuestos a 31 de diciembre de 1982. En este déficit se integrará el originado por los transportes públicos, según cita expresa del anteproyecto. La liquidación de la deuda se complementará con la asunción por parte de la Administración Central, en base a los Presupuestos Generales del Estado, de 1983, del 50% de la carga finánciera de los créditos pendientes con el Banco de Crédito Local.

En el artículado del proyecto de ley se recoge la obligatoriedad de realizar una auditoría de la situación económico-financiera del ayuntamiento que se acoja a los beneficios de las medidas. Otras condiciones impuestas por el Ministerio de Economía y Hacienda a las corporaciones que soliciten las ayudas son las que hacen referencia al compromiso de congelar la plantilla de personal y las retribuciones de aquellos funcionarios que perciban sueldos superiores a sus equivalentes en la Administración central.

El segundo grupo de medidas previstas en el anteproyecto de ley son las que han llevado a confundirlo, en la reciente filtración, con la ley de Financiación propiamente dicha y cuya elaboración, según el calendario legislativo del Gobierno, será posterior y paralela,en el tiempo, con la ley de Bases de Régimen Local. Una de las tres propuestas para reforzar las haciendas locales que contempla dicho anteproyecto, la facultad de las corporaciones de incrementar el impuesto sobre la renta, se ha convertido en eje de la campaña electoral de la derecha.

Según el texto del anteproyecto, el reforzamiento de las actuales haciendas locales es condición previa imprescindible para abordar la reorganización global que emprenderá la ley de Financiación. La posibilidad de establecer un recargo sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la liberalización del tipo de gravamen de la Contribución Territorial Urbana y el incremento de la participación de los ayuntamientos en la recaudación de tributos del Estado -esta última medida contemplada en la ley de Presupuestos para 1983-, constituyen los tres elementos de transición del sistema financiero.