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Tribuna:

Es necesaria la solidaridad

Este año, la celebración obrera del Primero de Mayo se plantea, según el autor, con carácter de emergencia social y económica. La situación, a su parecer catastrófica, de la economía internacional tiene características especiales y dramáticas en España. Para afrontar este estado de cosas propone un plan de solidaridad urgente que haga posible los cambios necesarios.

En el Congreso Obrero y Socialista de París de 1889, recordando las luchas heroicas de los trabajadores de Chicago en 1886, se decidió que, a partir de entonces, el Primero de Mayo se celebraría en todo el mundo. Sería una jornada reivindicativa; una jornada de solidaridad de clase, nacional e internacional, bajo el lema que presidía el congreso: "Proletarios de todos los países, uníos". La central sindical de CC OO, fiel a estos orígenes, celebrará manifestaciones en los principales centros urbanos, industriales y agrícolas. Reivindicaremos primero el pleno empleo y, mientras, la plena protección a los parados. Igualdad de derechos, reales, de jóvenes, mujeres y trabajadores agrícolas; reducir la jornada progresivamente -en la medida en que aumenta la pro ductividad, para conseguir la semana de 35 horas hacia 1986, como en Europa- estará en nuestras pancartas y discursos; pediremos unas pensiones dignas también. Hablaremos del de sastre y la lucha por la paz de todos los pueblos, de Norte a Sur, de Este a Oeste. Nos uniremos a cada voz, a cada pueblo que actúe contra el imperialismo, en defensa de sus libertades e independencia sindical.

Ya en 1980, el Fondo Monetario Internacional (FMI) decía en un informe: "Los años setenta han terminado con la evidencia de que las estructuras de producción, los modos de vida, los conceptos de crecimiento tendrían que ser todos ellos transformados y reconstruido! en los años ochenta, ya que el sistema internacional se ha derrumbado".

En Toronto, el año pasado, el FMI y el Banco Mundial señalan la existencia de una deuda exterior de más de 600.000 millones de dólares y un casi crack del sistema financiero como último desarrollo de la crisis global.

La necesidad de un nuevo orden económico mundial, pedido en todos los foros internacionales, comenzando por las Naciones Unidas, pudo parecer, antes de la última reunión, una teorización; hoy aparece como una necesidad inaplazable si no queremos que las pequeñas guerras de todo tipo primero y las más destructivas y sofisticadas después acaben con nuestro universo.

Emergencia en España

En el cuadro de la casi bancarrota del sistema financiero mundial, nuestro país tiene rasgos propios, pero está inmerso. Analizar la situación de Rumasa antes, durante y después de su expropiación exige ver el hecho particular, el hecho en sí, pero también el hecho en el contexto.

No se puede olvidar que a Rumasa le precedieron Explosivos Río Tinto, Alúmina-Aluminio, el Banco Urquijo, la Banca Catalana y otros, con la siderurgia y la construcción naval incluidas.

Estamos en presencia de una nueva fase de la agudización de la crisis general, que esta vez afecta al corazón del sistema financiero. En su fase anterior quebraron decenas de miles de pequeñas y medianas empresas; ahora, además, empieza a alcanzar a los grandes holdings y bancos peor estructurados.

En el cuadro de la recesión nacional e internacional de los elevados costes del dinero, del plazo corto al que se presta, de la concentración de riesgos, etcétera, cualquier acontecimiento económico, político o social, interno o externo, hunde incluso a los colosos.

Ése es el fondo del problema, cuya solución exige un nuevo orden económico, el control del sistema financiero y la intervención del Estado para que no se hundan sectores enteros de la economía.

La situación nos demuestra que nadie tiene los recursos suficientes para salvar de la grave crisis que padecen la siderurgia, la construcción naval, Rumasa, Explosivos Río Tinto, el campo, la industria o las finanzas. Ningún Gobierno, por muchos diputados que le apoyen; ningún sector político, social o económico puede aisladamente acometer una obra de tal magnitud.

Es por ello que la política de solidaridad nacional, la utilización de los recursos del Estado y de su sector público como fuerza motriz y de transformación hacia una democracia avanzada, de mayor contenido social y económico, pasa a ser una necesidad de clase y una necesidad nacional, inseparables ambas, en las condiciones históricas concretas de nuestro país.

¿Y cuál es la salida que da el Gobierno?

Para la crisis, una política monetarista y recaudatoria, más o menos antiinflacionista, que aumenta el paro; para el paro, la contratación temporal, la flexibilización, y esperar, honestamente, con una política moralista, a que el gran capital USA tire de nosotros.

Pero 2.400.000 parados y 500.000 en la antesala, en regulación de empleo, un déficit público de 1.111.000 millones de pesetas y la quiebra de no pocas empresas privadas y públicas que seguirán no permiten al Gobierno esperar o llegar a tiempo con parches a todas partes.

Gijón, Sagunto, Vigo; la industria hoy, como ayer el campo, se nos muere en las manos.

Exigir al Gobierno una política de reindustrialización y de reforma agraria integral; de control del sistema financiero y de creación de un fondo nacional y un plan de solidaridad de cuatro años, que lleve la democracia dentro de los centros de trabajo.

Los intereses de los asalariados y los intereses nacionales, convergentes, hacen posible movilizaciones solidarias, de alto contenido humano, en Gijón, en Sagunto, en Vigo, etcétera.

¿Y qué significa eso?, Significa que esa política de solidaridad que CC OO planteó ya en su primer congreso de junio de 1978 está madura; significa que intereses de clase e intereses nacionales en este estadio de la crisis se funden; significa que los asalariados pueden llevar con ellos a la casi unanimidad del país en la lucha por el trabajo, el pan y la libertad; y que el Gobierno debe ponerse en cabeza con los trabajadores en este movimiento solidario.

Atención, señor presidente del Gobierno. Existe una situación de emergencia social y económica: los Vigos, los Rumasa, Urquijo, etcétera. Los 2.400.000 parados no esperan. Lo que vivimos no es un atolladero sin salida: es una crisis histórica.

Estamos seguros de que con una política de solidaridad y de cambios podemos salir de ella; nadie nos ha condenado a ser un país de parados o sin libertades.

Siéntese a negociar con los sectores sociales, dé más participación a los trabajadores y sus sindicatos de clase.

En este Primero de Mayo de 1983 podríamos terminar con: "Urge plan de solidaridad y participación para hacer posible los cambios necesarios"; y después todos haríamos el esfuerzo redentor del paro y la crisis.

es secretario general de CC OO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de mayo de 1983