Dos años, dos meses y cinco días de proceso

Madrid - 29 abr 1983 - 00:00CEST

El 23 de febrero de 1981, a las 18.22 horas, el hoy ex teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, irrumpía violentamente en el Congreso de los Diputados, interrumpiendo la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de¡ Gobierno. Al mismo tiempo, en Valencia, el actualmente ex teniente general Jaime Milans preparaba la salida a la calle de las tropas bajo su mando de la III Región Militar y decretaba el toque de queda.Comenzaba así la rebelión militar que ayer, dos años, dos meses y cinco días después, fue definitivamente sentenciada por el Tribunal Supremo, condenando a sus autores. Entre tanto, la democracia se ha mantenido, en España y han llegado al poder en solitario los socialistas, por primera vez en la historia.

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La situación de rebelión militar, cuya oscura conspiración había comenzado en una fecha indeterminada de 1980, terminó a mediodía del 24 de febrero de 1981, cuando fracasaron los intentos de proveer adhesiones a Tejero, especialmente en la División Acorazada Brunete acantonada en Madrid, y al no seguir ninguna región militar el pronunciamiento de Milans. Éste, conminado por el mando de las FF AA, retiró sus tropas de las calles de Valencia en la madrugada de ese día, y Tejero capituló en la mañana, después de una noche de negociaciones y tensión que los españoles, en vela, siguieron por las emisoras de radio, la televisión -liberada su sede después de una ocupación de dos horas en la tarde del 23- y las ediciones especiales de los diarios. En la resolución de la crisis fue fundamental el mensaje que a la 1.14 horas del día 24 difundió el Rey por televisión, ordenando la permanencia de las Fuerzas Armadas en la legalidad constitucional.

Tejero había entrado en las Cortes disparando, apuntando con su pistola al presidente del Congreso, Landelino Lavilla, ocupando el salón de plenos, obligando a los allí presentes a tirarse al suelo, mientras sus hombres disparaban, y, en fin, intentando hacer la zancadilla al entonces vicepresidente, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, cuando éste hizo frente a los asaltantes.

Casi inmediatamente entró en acción el general Alfonso Armada, ex secretario de la Casa Real y entonces segundo jefe del Ejército de Tierra. Mientras la Junta de Jefes de Estado Mayor, y especialmente el jefe del Ejército, teniente general José Gabeiras, junto con el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana, intentaban controlar la situación, a las órdenes del Rey, Armada proponía una salida que, en esencia, suponía presentarse ante los diputados cautivos como candidato a presidente del Gobierno. Tejero, al que se había sumado una fuerza de la DAC mandada por Pardo Zancada, rechazó la idea en una larga entrevista con Armada.

El largo proceso

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Treinta y dos militares y un civil serían encarcelados y procesados. El día 25, Calvo Sotelo rechazaba la oferta del PSOE de for

Dos años, cinco meses y cinco días de proceso

mar un Gobierno de coalición. El 26 juraba su cargo de presidente y formaba Gabinete. El 26, José María García Escudero era nombrado juez instructor especial de la causa. El 27 de febrero se celebraban manifestaciones multitudinarias en toda España -más de 1.500.000 en Madrid- por la libertad y la democracia. Comenzaba así el largo proceso hasta el juicio, que se celebraría un año después. El 11 de marzo, el Consejo Supenor del Ejército reitera su lealtad al Rey, a la Constitución y a las instituciones democráticas. El 29 de junio el juez instructor eleva 6.000 falios de actuaciones al Consejo Supremo de Justicia Militar, que debería juzgar los hechos. Se pedían penas máximas, de 30 años, para Milans, Armada y Tejero, y otras para los demás. El 11 de agosto se comunica la acusación a los defensores de los procesados. El 28 de septiembre, los letrados entregan sus conclusiones. Todos niegan los hechos relatados por el fiscal y piden la absolución.El Consejo Supremo practicó nuevas dili gencias, como declaraciones de nuevos testigos y careos entre los procesados. El 27 de enero de 1982 concluye esta fase, llamada de plenario, y el 3 de febrero el fiscal entrega sus acusaciones definitivas. El 11 de febrero, el Consejo Supremo fija para el 19 del mismo mes el comienzo de la vista, que se celebró en un antiguo almacén de papel del Servicio Geográfico del Ejército, habilitado al efecto, en la zona militar madrileña de Campamento. Presidía el tribunal el teniente general Álvarez Rodríguez, que el 24 de abril sería sustituido, al agravársele una úl cera de estómago, por el también teniente general Gómez de Salazar.

Del 19 de febrero al 8 de marzo'se leyero las partes de los 15.000 folios de diligencias que solicitaron el fiscal y los defensores. En esta fase se produjo el primer incidente grave: el día 23, aniversario del golpe, los procesados se negaron a entrar en la sala mientras no se retirara la acreditación a Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, que había publicado un reportaje con graves acusaciones contra el procesado capitán Álvarez Arenas. Pedro J. Ramírez fue expulsado.

Primera sentencia

Del 8 de marzo al 1 de abril se interrogó a los procesados, por orden de mayor a menor rango. Del 2 al 20 de abril se interrogó a los 45 testigos militares y dos civiles. La exposición de las conclusiones definitivas ocu pó las sesiones entre el 27 de abril y el 18 de mayo. El juicio terminó con los alegatos de los acusados. A las 12.15 horas del 24 de mayo se pronunció el "visto para senten cia".

El 2 de junio, mientras parte de los procesados eran trasladados a la prisión militar de Alcalá de Henares, el Tribunal Constitucional fallaba favorablemente el recurso de amparo de Pedro J. Ramírez contra su expulsión del juicio.

Después de nueve días de deliberación, el tribunal dictó sentencia el 3 de junio de 1982. Inmediatamente, el presidente del Gobierno, Calvo Sotelo, expresó su disconformidad con la misma y anunció la intención gubernamental de recurrir contra ella. El recurso del fiscal afectó a todos los procesados, excepto a los dos condenados a la pena máxima: Milans y Tejero. También recurrieron los defensores, salvo los de aquellos que habían sido absueltos. Con ello la causa pasó a la jurisdicción del Tribunal Supremo, como máxima instancia judicial.

Elevadas las alegaciones del fiscal y de los defensores, el 6 de abril se abría en la sala segunda del Supremo la vista de los recursos, con la lectura del informe del fiscal general del Estado, Luis Burón Barba. Después se leyeron las alegaciones de los defensores, y el 11 de abril terminó la vista de los recursos. Ayer, 17 días después, el proceso ha quedado definitivamente cerrado con la publicación de la sentencia firme.