Los panameños votan hoy una reforma constitucional que pone fin de hecho a la 'era Torrijos', a los dos años de su muerte

ENVIADO ESPECIAL, Panamá clausura hoy la era Torrijos con un referéndum constitucional que homologará su régimen con las democracias occidentales. A menos de dos años de su desaparición en un accidente aéreo que siempre pareció sospechoso, aunque nunca se encontraran evidencias de atentado, es esta la segunda muerte del general que por espacio de 14 años dominó la vida política panameña.

El sueño torrijista de crear una democracia social se plasmó, en un híbrido con múltiples herencias corporativistas, que recordaba demasiado a ciertos regímenes autoritarios.Amparados en el pragmatismo del general, que junto con el nacionalismo era al decir de algunos su única ideología, son sus propios herederos políticos quienes proponen ahora al electorado una reforma que más parece ruptura.

En un mensaje transmitido a la nación el viernes por la noche, el presidente Ricardo de la Espriella trató de explicar que no había contradicciones entre esta reforma constitucional y la fidelidad al general. "Fue Omar Torrijos", dijo, "quien previó que para concretar la democracia en nuestro país debía adecuarse la Constitución al ritmo del tiempo y a las necesidades políticas de la nación".

Paredes, padre de la reforma

Con estas palabras trataba de obtener el voto afirmativo de numerosas falanges torrijistas que ven en el nuevo texto constitucional una traición a su desaparecido líder.

El padre de esta operación política ha sido el general Ruben Darío Paredes, aunque la reforma lleve la firma del presidente Ricardo de la Espriella. El comandante de la Guardia Nacional planteó el cambio a finales de julio, tras la dimisión forzada de Arístides Royo, víctima del ya famoso "gargantazo".

El jefe militar presentó entonces al nuevo ejecutivo una serie de "recomendaciones" que apuntaban una apertura democrática. Una comisión de notables, integrada por representantes gubernamentales, juristas de prestigio y miembros de la oposición, elaboró una serie de reformas que el Gobierno decidió someter a referéndum hace tres semanas. De haberse seguido los procedimientos que la Constitución de 1972 establece para su reforma, ésta no habría podido llevarse a cabo antes de 1990.

Los cambios más importantes son la desaparición del papel de cuarto poder que la constitución otorgaba a la Guardia Nacional y la elección directa de todos los diputados y alcaldes. La Asamblea de Corregimientos, que era algo así como la democracia orgánica de Torrijos, no desaparece del todo, pero pierde su facultad de nombrar a los alcaldes y queda reducida a un órgano de consulta.

Huelga decir que algunas de las más estridentes voces de oposición al proyecto han surgido de la propia asamblea, que se autodenomina pomposamente "poder popular". Hace tan sólo mes y medio su presidente aseguraba que bajo ningún concepto aceptarían la autodisolución.

Entre los partidos políticos, sólo los grupúsculos trostkistas y el PAPO (Partido de Acción Popular) se han pronunciado contra la reforma.

Pero al margen de las decisiones adoptadas por las cúpulas activistas hay numerosos colectivos, de izquierda y derecha, que no acatarán la disciplina de sus líderes. En general, consideran las reformas demasiado tímidas y excesivas las referencias al pasado que perduran en el texto constitucional.

De signo contrario es la oposición surgida en las filas del gubernamental PRD (Partido Revolucionario Democrático), con el que Torrijos pensé un día crear una estructura política incombustible, al estilo del PRI mexicano. Numerosos militantes de base votarán contra la reforma por entender, que esta pone fin a la obra política del general. En la oposición clásica al sistema no faltan también quienes sospechan de una reforma nacida desde dentro y apoyada por la Guardia.

En el fondo todos parecen convencidos, no obstante, de que esta es una reforma provisional, para permitir el próximo año la elección directa del nuevo presidente y de todo el Parlamento, que será en última instancia quienes decidan si se elabora o no una nueva Constitución.