El PSOE llevará a cabo una importante 'ofensiva' legislativa después de las elecciones municipales

El Gobierno prepara una importante ofensiva legislativa para inmediatamente después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 8 de mayo, que se espera constituyan una fuerte victoria socialista, según confirmaron medios próximos al Gabinete de Felipe González. La acción gubernamental afectará fundamentalmente a tres áreas, subrayaron estos medios: la económica, la educativa y la jurídica.

Aunque portavoces oficiales del Ejecutivo descartaron tajantemente que se prevea la posibilidad de poner en marcha un plan de estabilización, sí es probable, sin embargo, que se adopten tras las elecciones algunas medidas que podrían ser impopulares, pero que están consideradas inaplazables dentro de un plan de saneamiento económico, como, por ejemplo, una flexibilización de los contratos laborales y la posible privatización de ciertas áreas de la Seguridad Social.El propio presidente del Gobierno, Felipe González, confirmó la probabilidad de una inmediata puesta en marcha de los contratos de trabajo temporales, con motivo de la conferencia de prensa que marcó la conmemoración de los primeros 100 días en el poder del Partido Socialista. Ni esta medida ni la privatización parcial de la Seguridad Social parecen contar aún con proyectos definitivamente estructurados, pese a que un sector del Gabinete trata de que ambas cosas comiencen a ser discutidas minuciosamente en el Consejo de Ministros del 11 de mayo, es decir, el inmediatamente posterior a las elecciones.

Plan de concertación

Estas dos medidas, que afectan fundamentalmente al departamento de Trabajo, se completarían con el envío a las Cortes, también a lo largo del mes de mayo, del anunciado proyecto de ley de reconversión industrial, que serviría de marco para las transformaciones sectoriales delineadas a grandes rasgos por el Ejecutivo. Los esquemas del Gobierno admiten la posibilidad de que unos 50.000 puestos de trabajo, a lo sumo, llegasen a perderse a corto plazo en los sectores afectados por los planes de reestructuración de la industria. No obstante, esta reconversión se considera inaplazable para sanear la economía global del país y garantizar, a medio plazo, una masiva creación de puestos de trabajo. Parece "prácticamente imposible" que esto ocurra en el transcurso de esta legislatura, y por tanto, que llegue a hacerse realidad la creación de los prometidos 800.000 nuevos puestos de trabajo, según admiten ahora unánimemente los responsables económicos del Gobierno.La presentación al país de unos esquemas de trabajo "realistas y eficaces, planteando las cosas tal como son, sin esconder la gravedad de la situación económica", posibilitaría, esperan estos responsables, una apertura de negociaciones en el mes de junio con las fuerzas económicas y sindicales, para tratar de llegar a un plan de concertación que abarcase los próximos tres años. La no actuación sobre la política monetaria y unos esquemas flexibles sobre este plan de concertación evitarían, esperan los medios gubernamentales, que pudiera hablarse de estabilización para el próximo trienio.

Sin embargo, las fuentes oficiales consultadas parecen conscientes del desgaste que estas medidas acarrearán al Ejecutivo: "Se trataría de afrontar este posible desgaste colectivamente, no tratando de salvar cada cual su imagen, y no permitiendo, al tiempo, que todas las iras recaigan sobre tal o cual departamento. En este sentido, aunque es cierto que existen diferentes puntos de vista sobre determinadas estrategias a seguir, el Gobierno está fundamentalmente unido", dijo ayer un ministro, que descartó así tajantemente cualquier posible remodelación en el Gabinete a corto plazo.

No será solamente en el área económica donde pueda apreciarse la nueva ofensiva del equipo de Felipe González, que durante las últimas semanas pareció volcarse en la culminación de los Presupuestos Generales del Estado para 1983, que ayer fueron finalmente enviados a las Cortes con casi un mes de retraso sobre el calendario previsto. El Ministerio de Justicia, uno de los más activos a lo largo de los casi cinco meses de funcionamiento del Gobierno socialista, piensa enviar al Parlamento, antes de que finalice mayo, el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial -que primero deberá ser sometido a la opinión del Consejo General del Poder Judicial-, y el proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil.

Nueva etapa para los partidos

Además, se espera que en junio la comisión encargada de redactar un nuevo proyecto de Código Penal, comisión en la que se integran juristas como Manuel Cobo del Rosal o Enrique Gimbernat, haya concluido sus trabajos y el texto esté listo para ser examinado por el Consejo de Ministros. El nuevo texto completaría la labor iniciada con la reforma urgente de algunos artículos del Código Penal, reforma que se discute estos días en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados.Por su parte, el titular de Educación deberá presentar al Consejo de Ministros, dentro también del mes de mayo, la normativa que sustituirá a la ley de Centros Docentes -normativa que, aun cuando no sea por completo conocida, ha comenzado ya a ser atacada desde los sectores más conservadores ligados a la enseñanza religiosa-. Deberá también concluir la ley orgánica de universidades, que planteará, entre otras cosas, la doble autonomía de los centros universitarios, introducirá los consejos sociales como órganos de gobierno y regulará la existencia de títulos no homologados, junto a los homologados.

Quedan también pendientes para ser abordados en los próximos consejos de ministros varios otros temas de importancia: el proyecto de regulación del hábeas corpus sigue suscitando la oposición de significativos sectores policiales frente al Ministerio de Justicia; aún no se ha tomado la definitiva decisión sobre el plan FACA (aunque ya parece asegurada la opción por el avión norteamericano F-18 A); y todavía no se ha completado la remodelación diplomática, iniciada en enero, y en la que se esperan algunos nuevos nombramientos políticos, que podrían afectar a capitales como Roma o Lisboa. Éstos son sólo algunos de los ejemplos de las cuestiones que van quedando aparcadas de un consejo para otro, sin duda en espera del nuevo apoyo que para el Gobierno significarán las próximas elecciones.

Todo lo anteriormente indicado parece sugerir que las semanas posteriores al 8 de mayo registrarán una reactivación de la actividad oficial. La animación de la política gubernamental será, presumiblemente, paralela a la que se observe en el interior de los partidos políticos, consecuencia de los nuevos alineamientos y reajustes obligados por el resultado de las elecciones.