La demanda contra el Estado español no afecta al procedimiento contencioso administrativo, según Matías Cortés

El interdicto presentado por los representantes de José María Ruiz Mateos, por el que el ex presidente de Rumasa demanda al Estado español por despojo de sus bienes, se tramitará en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, según informaba Efe de fuentes judiciales. La demanda fue presentada en el juzgado de guardia en las últimas horas del pasado viernes, donde ha permanecido hasta ayer en turno de reparto.El asesorjurídico de Ruiz Mateos, Matías Cortés Dominguez, ha declarado a la agencia que esta acción interdictal no afecta al procedimiento contencioso administrativo que, en su momento, será planteado para fijar el justiprecio de los bienes expropiados. El juzgado número 18, habrá de resolver sobre las siguientes peticiones de la representación legal de Ruiz Mateos:

-planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad del real decreto de expropiación ante el Tribunal Constitucional.

-devolución de las acciones del grupo Rumasa a la familia Ruiz Mateos, compuesta por los hermanos Zoilo, Rafael, Alfonso, Ididoro, María Dolores y José María.

-indemnización de daños y perjuicios.

-medida cautelar de depósitos judiciales de las acciones representativas del capital social de las sociedades expropiadas.

-suspensión de la celebración de las llamadas asambleas de comudidades de accionistas de estas sociedades.

Consultas para reprivatizar

Por otra parte, los nuevo! responsables de Rumasa están siendo objeto desde hace varios días de múltiples consultas por parte de algunos sectores empresariales y de empresarios individuales interesados en determinadas sociedades del holding, según informaron ayer a Europa Press fuentes oficiales de la Administración.

Según tales fuentes, estas consultas tienen un aparente carácter exploratorio y en ningún caso han ido acompañadas hasta ahora de una oferta seria de compra, ni de compromisos para una posterior negociación.

Entre las sociedades de Rumasa sobre las que se ha consultado al Gobierno figuran Cementos Portland, las compañías aseguradoras Minerva y Unión Condal de Seguros y varios establecimientos pertenecientes a la cadena Hoteles Agrupados (Hotasa). Sobre la empresa cementera y las sociedades aseguradoras, Carlos Ferrer Salat e Ignacio Briones, presidente y vicepresidente de la CEOE, afirmaron el pasado jueves que habían sido demandadas para su reprivatización, a través de algunas organizaciones de la cúpula patronal.

Según las mismas fuentes, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, tiene el propósito de que el proceso de venta de sociedades de Rumasa, cuando se inicie, sea canalizado a través de una comisión especial constituida al efecto.

Esta comisión, que no será configurada hasta que las Cortes aprueben el proyecto de ley de expropiación, tendrá el cometido de evaluar el precio de las empresas susceptibles de ser vendidas, recibir ofertas y buscar compradores, y tratar de llegar a acuerdos de principio.

Las sociedades de Rumasa que podrán pasar antes a manos privadas son las participadas y aquellas con menos complejidad financiera, como puede ser el caso de Calmante Vitaminado o Loewe.