Ruiz-Mateos donó 1.500 millones de pesetas en letras a personas vinculadas al Opus Dei

José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa, ordenó personalmente la entrega de 1.500 millones de pesetas en letras de cambio, sin contrapartida aparente alguna, a una entidad promovida por personas relacionadas con el Opus Dei -entre ellas el ex ministro de Franco Gregorio López Bravo- y carente de actividad justificativa de la donación, según fuentes jurídicas. Una serie de pruebas tendentes a documentar el hecho han sido enviadas este fin de semana a los dos fiscales especiales nombrados por el Gobierno para el caso. En opinión de medios próximos al Gabinete, que ya ha sido informado del asunto, pueden fundamentar una acusación de estafa.

Las fuentes informativas consultadas han indicado que los nuevos responsables de Rumasa tras la expropiación del grupo, tuvieron algunos indicios hace tres semanas. Sus datos empezaron a ser sólidamente confirmados cuando se personó el propio Gregorio López Bravo, ante la imposibilidad de retirar 100 millones de pesetas de una cuenta existente en la cabecera del holding a nombre de la entidad Instituto de Educación e Investigación, SA.El ex ministro, siempre según la mencionada versión, reclamó a los administradores del grupo dicho importe y se negó a facilitar la información que se le solicitaba, indicando que respondía a un compromiso personal de José María Ruiz-Mateos.

Tres fuentes de ingresos

La versión disponible, contrastada en diversas fuentes que siguen el caso, no ha podido ser complementada con la de López Bravo, en cuyo domicilio respondían ayer que estaba ausente. Otro de los promotores, el notario de Madrid Victor Garrido de Palma, declaró anoche: "Desconozco totalmente las operaciones de que me habla, pero confío en la Justicia y voy a dormir muy tranquilo". Preguntado si el Instituto tenía actividad real, declinó dar explicaciones y se remitió a su inscripción en el Registro.

Según la misma versión, de los hechos puestos en conocimiento de los fiscales, se desprende que el Instituto de Educación e Investigación, SA, al que se desconoce que Rumasa o sus empresas debieran algo, se constituyó a finales de 1981. Datos obtenidos en el registro mercantil apuntan que lo preside Gregorio López Bravo, promotor del mismo junto a otras tres personas de menor relevancia pública, pero conocidas como la anterior por su presunta vinculación al Opus Dei.

Unos meses antes, en mayo de 1981, la inmobiliaria HispanoAlemana, controlada directamente por Rumasa con un 40% del capital (según datos aportados en la demanda interpuesta contra el Estado español por despojo de los bienes de Ruiz Mateos), libró, sin contrapartida aparente, cinco letras de cambio por valor total de 1.500 millones de pesetas. Los efectos fueron aceptados poco después, como librado, por Rumasa, y fueron posteriormente endosados al Instituto.

En la contabilidad de Rumasa se han descubierto cinco asientos en los que se justifica como "donación" cada una de las aceptaciones, por valor de 300 millones de pesetas.

Las letras de cambio vencían -el momento en que deben ser pagadas- en sucesivas anualidades, la primera en 1981 y la última en 1985. Por este escalonamiento aplazado de los pagos, Rumasa debía pagar cada ejerci-, cio el 10% de lo no cobrado: exactamente 150 millones el primer año, 120 el segundo, cuando ya había vencido la primera letra de 300 millones, y así sucesivamente.

Pero los efectos iban a proporcionar a sus tenedores otra fuente de rendimientos: un 20% de interés anual por ser depositados en una cuenta abierta en la cabecera de Rumasa bajo el nombre "Operación Ejecutivo". Se trataba de una cuenta que ha llegado a reunir hasta 1.500 millones de pesetas procedentes de los ahoíros que quisieran llevar a ella los ejecutivos del holding de la abeja. Tuvo como precedente varias operaciones similares en las que, sin llegar a interés fijo, con lo recaudado se efectuaron operaciones de compra y posterior venta con reparto de plusvalías.

Saldo de 600 millones

En dicha cuenta, el Instituto tenía un saldo en el momento de la expropiación de 598 millones de pesetas: los primeros 150 millones del 10%, la letra vencida en 1981 (300 millones), los 120 millones de pesetas del segundo 10%, la letra que venció en 1982 (los segundos 300 millones), todo ello menos las retiradas de fondos por valor cercano a los 270 millones que se habían registrado antes de la reclamación de los citados 100 millones. La intención de los responsables de Rumasa parece ser el no atender otras retiradas.

En opinión de los medios jurídicos consultados, como ni Hispano-Alemana ni Rumasa debían nada que se conozca al Instituto de Educación e Investigación, SA, las pruebas aportadas a los fiscales pueden fundamentar una acusación de estafa contra José María Ruiz-Mateos. Los mismos medios aprecian en la operación una presunta simulación de crédito u operación de provisión de fondos desequilibrada, con desplazamiento patrimonial en perjuicio de una empresa y en beneficio de otra, todo ello sin causa justificada aparente.