La Junta de Andalucía, dispuesta a recurrir al Tribunal Constitucional para consguir la Alhambra de Granada

La administración y conservación del imponente patrimonio histórico artístico andaluz lleva camino de convertirse en la razón de un fuerte pulso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Mientras aquél desea mantener para sí el control de la Alhambra y de algunos otros monumentos de primera importancia, la Junta de Andalucía entiende que su derecho es irrenunciable y está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional si es preciso, según manifestó el consejero de Cultura, Rafael Román.

El artículo 13, párrafo 27, del Estatuto de Autonomía establece que la comunidad autónoma andaluza tiene competencias exclusivas en la administración y conservación del patrimonio artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 28 del apartado primero del artículo 149 de la Constitución. El texto señalado dice que el Estado se reserva la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental contra la exportación y la expoliación.

A la luz de los textos, por tanto, parece claro que el derecho ampara la reclamación de la Junta. Sin embargo, cuando se iniciaron las transferencias a la Junta de Andalucía, todavía bajo el Gobierno de UCD, el Ministerio de Cultura que entonces dirigía Soledad Becerril, preparó un borrador de transferencias en las materias correspondientes a este departamento en el que se leía que "los gran des monumentos, conjuntos histórico-artísticos y yacimientos arqueológicos de primera importancia serán protegidos directamente por el Estado". A la Junta se le concedía en estas materias una participación mínima, casi testimonial, al permitírsele por convenio estar representada en los organismos conservadores de los respectivos monumentos.

Decepción

Rafael Román, consejero de Cultura de la Junta, rechazó de plano este planteamiento, y el asunto quedó parado a causa de las elecciones legislativas. Después, una vez instalado el PSOE en el poder, se ha puesto de nuevo en marcha, y Rafael Román confiesa que ha sentido cierta decepción. "El Ministerio nos ha enviado otra vez el mismo borrador, supongo que de forma mecánica. Quizá no lo estudiaron a fondo y pensaron que como base de trabajo servía. Pero el caso es que cuando han llegado las conversaciones a ese punto se les ha notado poco dispuestos a ceder la administración y conservación de los principales monumentos".El problema no está sólo centrado en la Alhambra, pero éste es el primer nombre que salta al hablar de los monumentos que el Gobierno desea reservar para el Estado. Juan Antonio Lacomba, director del Patrimonio Histórico y Artístico de la Junta, ha estado desde el principio en las conversaciones: "En el Ministerio parecen asustarse cuando se habla de transferir la responsabilidad de estos monumentos a la Junta. Siempre dicen que la Alhambra y algunos otros monumentos, sin especificar cuáles, deben ser administrados por el Estado, pero yo creo que no hay debate posible, que los textos están claros. Aquí no se trata de transferir una capacidad jurídica, que ya está transferida por el Estatuto, sino de transferir la gestión".

Sin embargo, los encuentros en Madrid de Juan Antonio Lacomba y del director general de Bellas Artes de la Junta, Manuel Fernández Miranda, con sus equivalentes en el Gobierno central no han podido resolver el asunto, y el propio Rafael Román ha tenido dos entrevistas con Javier Solana para tratar del tema: "Le he visto con una actitud abierta y dialogante, pero con muchas reservas".

"Él argumenta", agregó Román, "que la Alhambra y otros monumentos tienen una dimensión universalista que le impone al Estado la obligación inexcusable de hacerse cargo de ellos. Yo estoy contento, y orgulloso como andaluz, de la dimensión universalista no sólo de la Alhambra, sino de muchos otros monumentos andaluces, como la Mezquita, Medina Azahara, Itálica, la Giralda y muchos más. Tanto es así que hemos solicitado la inclusión en el Patrimonio Mundial de 26 monumentos. Pero eso no tiene por qué arrebatarnos el derecho a conservarlos y administrarlos nosotros mismos".

No hay dinero por medio

Contra lo que algunos podrían pensar, no son los beneficios económicos que pudieran dejar estos monumentos lo que está en disputa. La propia Alhambra, el más importante y significativo monumento de los que están en disputa, no deja beneficios. El año pasado fue visitada por cerca de millón y medio de personas, que dejaron en taquilla 206 millones, pues aunque la entrada está a doscientas pesetas hay muchas causas de exención de pago o reducción de tarifa. El gasto de mantenimiento se elevó a 209 millones. El monumento, pues, cuesta dinero. Y según manifestó el gerente del Patronato de la Alhambra, organismo autónomo encargado de su conservación, de haberse ingresado más dinero se hubiera reinvertido más también.La Alhambra ocupa una extensión de 558.000 metros cuadrados, de los que alrededor de 30.000 están edificados (la Alhambra, el Generalife, el palacio de Carlos V y las murallas), y el resto, ocupado por jardines, bosques, plazas y aparcamientos. Para conservar, restaurar, consolidar y vigilar este fenomenal monumento hay una plantilla de 145 hombres, desde cualificados especialistas hasta vendedores de billetes en taquilla. Ello justifica lo elevado de los gastos.

El anuncio de que el Gobierno se resiste a transferir los derechos y responsabilidades sobre éste y otros monumentos ha despertado malestar en toda Andalucía y en especial en Granada, donde la sensibilidad hacia el tema ha sido más fuerte por haberse centrado las discusiones en torno a la Alhambra.

El propio Rafael Escuredo ha hecho declaraciones firmes en este sentido, y Rafael Román asegura que, aunque no cree que se llegue tan lejos, la Junta está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional si es preciso: "Aparte de la importancia del tema en sí, que la tiene, se trata de un problema de defensa del Estatuto, y como tal es irrenunciable".

"Está claro", prosiguió el consejero andaluz de Cultura, "que en esta cuestión no podemos retroceder ni un milímetro. Si el Ministerio piensa dejar para las comunidades autónomas una cultura folklorista, de coros y danzas, y reservarse para sí lo más serio, está claro que no entendemos de la misma forma el Estado de las autonomías".