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Descalificación y reglas del juego

MANUEL FRAGA IRIBARNE

En respuesta a algunas críticas que se han formulado por parte de los socialistas al comportamiento político de la oposición, el jefe del principal partido de ésta expone cuáles son las líneas fundamentales que orientan sus actuaciones y la base, a su parecer objetiva, que les mueve a censurar la labor gubernamental.

Con motivo de las evaluaciones, inevitablemente discrepantes, de los primeros cien días de un Gobierno socialista en España (en plena normalidad y con mayoría clara, y, por lo mismo, con plena responsabilidad), algunos han considerado la. posición crítica de la oposición como una actitud de descalificación global, poco objetiva y escasamente dialogante. Esa crítica carece de fundamento. La posición de escasa disposición al diálogo es, a nuestro juicio, la que han tomado el Gobierno socialista y su grupo parlamentario. Nosotros no pateamos a los ora dores socialistas en el Congreso o en el Senado, ellos sí lo hacen. Nosotros no hemos adoptado ninguna actitud obstruccionista, abusando del regimiento, como ha hecho hace pocos días el Grupo Socialista intentando bloquear el quórum en el Parlamento vasco. Nosotros no estamos llevando los problemas a la calle, como sí lo hacen los sectores a la izquierda del Gobierno. Nosotros no hemos rechazado los contactos en la Moncloa ni en ningún otro sitio, y son otros quienes los han interrumpido.Es claro que nos reservamos el hacer uso, cuando haya motivo para ello, de los recursos constitucionales y legales. Es claro que pedimos que el Parlamento sea el lugar en que se debatan los grandes anuncios de las decisiones públicas, pues para ello vivimos en un sistema parlamentario, expresamente establecido así, y con ese nombre, por la Constitución. Es claro que ese diálogo parlamentario debe continuarse, con igualdad de oportunidades, en la televisión y en la radio públicas; y que el monopolio de la televisión, en manos del Gobierno, debe terminar, en beneficio del público, si de verdad se quiere hablar de un auténtico diálogo Gobierno-oposición.

Lo que la oposición no tiene más remedio que exigir es que se cumplan las reglas de juego establecidas por la Constitución. Aquí surge una cuestión fundamental. Hay dos interpretaciones de la democracia y de los poderes de la mayoría. Según una (la mala), la mayoría puede hacer lo que quiera. Según otra (la buena), la mayoría puede hacer lo que quiera dentro de la Constitución. Algunos que critican la idea, absolutamente correcta, de que la Constitución pueda ser reformada, con arreglo a sus propios artículos que regulan una posible reforma, parecen aceptar la tesis de que, con la mayoría en la mano, no importa lo que diga la Constitución. No cabe mayor abuso, desde el punto de vista constitucional; a no ser que, agravando el error y el agravio, se pretenda que la Constitución, una vez cumplido su papel para romper lo que había antes, ahora es un mero punto de partida para nuevas acciones rupturistas. Semejante interpretación acabaría con cualquier principio de legitimidad constitucional y de seguridad jurídica.

Para eso es para lo que la propia Constitución ha establecido un Tribunal Constitucional (que puede medir la constitucionalidad de las mismas leyes), un Tribunal Supremo (que puede, como los demás tribunales, comprobar la legalidad de los decretos y de las órdenes ministeriales, y de los actos administrativos) y otros órganos encargados de vigilar y hacer cumplir esas reglas de juego.

Un caso típico es el abuso de los decretos-leyes, regalados por el artículo 86 de la Constitución con un criterio de indudable excepcionalidad. La primera condición que se exige es la de "extraordinaria y urgente necesidad"; lo que no ha impedido que, en el plan legislativo del Gobierno, se hayan incluido, con la mayor naturalidad y con meses de anticipación (lo que es totalmente contradictorio con la urgencia), varios decretos-leyes (como el de reconversión industrial). La Constitución prevé (artículos 82 a 85) otra fórmula, la legislación delegada, por leyes de bases; para los casos en que la complejidad de la materia exija una mayor flexibilidad, por la vía de los decretos legislativos, mas nunca la vía excepcional y tasada del decreto-ley. Tampoco acepta ésta que, como se hizo en el caso Rumasa, se utilice dicha vía para afectar derechos o materias reguladas en el título I de la Constitución.

Las reglas del juego parlamentario son igualmente esenciales. El principio del mismo es el debate público y contradictorio de todo asunto público de importancia. Se ha hablado con retintín de la democracia televisada; nada tiene de malo que el público siga con interés los debates parlamentarios. La que es mala es la otra democracia televisada, la que se está practicando, la de monólogos desde la Moncloa y sin debates.

El Parlamento está, por otra parte, en el momento de más bajo rendimiento de su historia y, en la productividad más baja de toda Europa. En nuestro continente, la mayoría de los parlamentos se reúnen un promedio de cinco días por semana, y ninguno menos de cuatro. A nosotros nos sobra con dos. La razón es que apenas hay proyectos de ley del Gobierno, que se abusa del decreto-ley y, que funciona una rígida guillotina de las proposiciones de ley de la oposición. El Grupo Socialista, cuando estaba en la oposición, defendió siempre que nunca votaría en contra de las tomas en consideración (sin perjuicio de enmendar las proposiciones de ley en comisión) y censuró, con razón, el que algunas de sus proposiciones de ley fueran rechazadas por UCD, sin muchos razonamientos, afirmando que ello equivalía a cercenar el derecho de iniciativa reconocido a las cámaras. Pues ahora son ellos quienes las echan todas abajo; incluso alguna (como la de arrendamientos urbanos) que habían votado a favor anteriormente.

Hay otro hecho de la mayor importancia, que es la forma en que están haciendo uso de sus facultades de llamar a la cuestión o al orden a los oradores; sin precedentes en nuestra historia parlamentaria, antigua o reciente, ni en los países de nuestro entorno cultural. Ya hemos visto que a nuestras Cortes, faltas de trabajo, no les falta tiempo, sino que les sobra, y la libertad plena de palabra de diputados y senadores es un principio fundamental.

Y ahora vengamos a lo fundamental. A nadie le, puede sorprender que a la oposición, mientras actúe dentro de esas mismas reglas de juego, lo que se le ocurra como función básica es oponerse. La oposición, sin faltar a los más elementales deberes de representación y de lealtad hacia quienes la han votado, no tiene más remedio que plantear, de modo sistemático, la crítica al modelo socialista hacia el que se quiere llevar a la sociedad española. Nosotros no tenemos la culpa de que los socialistas planteen una filosofía distinta de la sociedad, básicamente la filosofía materialista del marxismo. Nosotros preferimos la Semana Santa al centenario de Marx; ellos nos dan lo otro en televisión. Nosotros no tenemos la culpa de que se nos quiera llevar a una es cuela pública y laica, a la justificación del aborto y a otras muchas cosas que no nos gustan. Nosotros rechazamos la confusa política exterior aislacionista y debilitadora hacia la que vamos. Nosotros que remos una economía dinámica, basada en el trabajo, el ahorro y la iniciativa privada. Y así sucesivamente.

Por ello no descalificamos; nos oponemos, lealmente, y esperamos hacerlo bastante mejor.

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