El Gobierno afirma que no permitirá experiencias de radio o televisión ilegales

El Gobierno no permitirá el incumplimiento del Estatuto de Radio y Televisión, que califica ambos medios como servicios públicos esenciales de titularidad estatal y faculta al Ejecutivo para otorgar las frecuencias y potencias según las directrices de los organismos internacionales acatadas por España.

Dentro de este marco deben encuadrarse las órdenes de cierre de las emisoras privadas de televisión de Coria, en Cáceres, que venía funcionando desde el pasado día 10, y de Melilla, donde existía una emisora desde hace cinco años, cursadas por el Ministerio de la Presidencia a las autoridades de ambas provincias, según dijo ayer a este periódico Pascual Menéndez, subdirector general de Régimen de Emisoras, dependiente del citado ministerio.Coria TV fue clausurada a las once de la mañana de ayer por la Guardia Civil, en cumplimiento de una orden del gobernador civil de Cáceres. Asimismo, el delegado del Gobierno en Melilla recibió instrucciones del Ministerio de la Presidencia para que hiciera lo propio con Tele-9, la emisora melillense, que funcionaba con total aquiescencia oficial y, como la cacereña, daba noticias locales y películas. Francisco Platero, propietario de Tele-9, carecía de notificación oficial a las seis de la tarde de ayer. El Ministerio de la Presidencia se ha dirigido a todos los gobernadores civiles con el fin de que informen de si existe en sus respectivas provincias alguna emisora de televisión que esté funcionando ilegalmente.

Pascual Menéndez manifestó que el tema de la clausura de emisoras al margen de la ley "ha surgido ahora y surgirá dentro de poco con las radios ilegales y hay que reconducirlo a la legalidad. "Detrás de estas actuaciones desperdigadas", siguió Menéndez, "hay interés en sacar ciertas cosas, en plena campaña preelectoral, para poner al Gobierno contra la pared; y si se deja seguir adelante estas experiencias, podría crearse una situación difícilmente reversible".

"Evidentemente", siguió el subdirector general de Régimen de Emisoras, "en los centros clausurados no se daba ninguna circunstancia de las previstas en el Estatuto de RTVE y los gobernadores civiles tienen competencias para actuar a este respecto directamente o por.delegación del Ministerio de la Presidencia. En el caso de Coria han coincididoambas actuaciones. En la Dirección de Medios de Comunicación del Estado se venía estudiando un planteamiento conjunto para todas las provincias en las que existiera un problema similar. Hace dos días se envió una circular sobre las televisiones privadas, que se ha cruzado con la actuación de los gobernadores civiles ante la aparición de estos temas en la Prensa".

Menéndez dijo también que, a raiz de los planes sobre las frecuencias moduladas, la situación es "un poco caótica. No se ha dedicado atención a cuidar el espectro radioeléctrico y la capacidad de lanzar ondas al espacio está limitada. Se trata de ordenar lo existente antes de lanzarse a proyectos más amplios".