García Pablos propone un acuerdo del síndrome tóxico entre el Gobierno y los afectados

Una propuesta de negociación de un pacto nacional del síndrome tóxico entre el Gobierno y representantes legitimados de los afectados para resolver los problemas sanitarios, laborales, de reinserción social y prestaciones económicas derivados del envenenamiento, que, en forma de ley, debería contar con el respaldo del Parlamento, fue sometida ayer a la consideración de la comisión especial del Senado por Antonio García Pablos y Carlos Sánchez, presidentes de la Asociación de Consumidores y Usuarios de España (ACUDE) y Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), respectivamente, que actúan como acusadoras particulares de 8.000 afectados.

En su comparecencia ante la comisión de encuesta del síndrome tóxico del Senado, García de Pablos indicó que las atenciones de tipo sanitario, laboral, social y económico que la Administración está obligada a prestar a los envenenados "no puede depender de una circular movible, ni de un decreto u orden ministerial revocable, sino de un derecho reconocido por ley, con rango de orgánica si fuera necesario, capaz de modificar en lo necesario otras normas que regulan, hoy por hoy, de forma limitativa estos derechos derivados de una circunstancia atípica".Dicha ley, en opinión del presidente de ACUDE, debe surgir de un acuerdo al que deben llegar el Gobierno y una representación de los afectados, reducida pero legitimada (mediante poder notarial) y con poder bastante para negociar. Ese pacto, según la iniciativa expuesta al Senado para que la incluya en su informe definitivo, y de la que García de Pablos ha dado cuenta ya al ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, incluiría normas para solventar los problemas de atención sanitaria, laboral, de reinserción social y prestaciones económicas que las medidas del Plan Nacional del Síndrome Tóxico no han logrado solventar.

"Se daría así", coincidieron García de Pablos y Carlos Sánchez, "seguridad a los afectados mientras dure su enfermedad, concluyendo con su incertidumbre. Ese acuerdo no puede ser una concesión benévola del Gobierno, sino que debe extinguir definitivamente la responsabilidad civil de la Administración.

Este acuerdo, precisaron ambos, está al margen del proceso judicial en marcha. "Las decisiones que debe adoptar la Administracion de justicia", afirmó García de Pablos, "serán menos tensas si los temas sanitarios, laborales y económicos han sido definitivamente resueltos". "A mí me horroriza pensar", declaró luego a los informadores, "que pueda haber una sentencia absolutoría y los afectados se queden sin derecho a nada; por ello se precisa la ley".

Este comentario del presidente de ACUDE estaba relacionado con su afirmación ante el Senado de que declaraciones no desmentidas oficialmente sobre la posible existencia de otros agentes causa les del envenenamiento distintos del aceite tóxico podrían llevar al juez a decidir que, si no existe esa seguridad, no puede condenar a los implicados que están encarcelados. García de Pablos y Sánchez se pronunciaron contra la excarcelación de los mismos tras la nueva regulación de los períodos de prisión preventiva, "porque llevan veinte meses y quedarían en libertad condicional y podría pasar como con los cuatro que se han fugado al extranjero. Su delito precisa un tratamiento atípico".