La Xunta, a favor de reducir los límites para edificar junto a las carreteras

El Pleno del Parlamento gallego rechazó ayer todas las enmiendas de devolución presentadas por diputados socialistas, nacionalistas e independientes a un proyecto de ley sobre limitación de la propiedad en las carreteras no estatales de Galicia, con el que la Xunta podría ampliar las posibilidades de edificación en los márgenes de la red vial que le ha sido transferida por el Estado.

Calificado de "maniobra privatizadora" por el portavoz del grupo socialista, Gerardo Estévez, el proyecto de la Xunta persigue, según la exposición de motivos, la adaptación de la ley de Carreteras de 1974 a la particular distribución territorial de Galicia, donde se asienta más de la mitad de los 60.000 núcleos diferenciados de población de España. Las principales modificaciones que la nueva ley introducirá una vez obtenida la definitiva aprobación que garantiza la actual mayoría absoluta de apoyo a la Xunta en el Parlamento afectan a la línea de edificación, reducida de un máximo de 25 a un máximo de 15,5 metros, a contar desde el eje de la calzada, y a la zona de servidumbre, que pasaría de ocho a cuatro metros desde la arista exterior de explanación de la carretera.El proyecto, que la Consejería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas se propone complementar con una ley general de Carreteras y la adaptación de la actual ley del Suelo a Galicia, clasifica en tres distintas redes -primaria, secundaria y terciaria- los viales transferidos a la comunidad autónoma, aunque remite al futuro plan de carreteras de Galicia su exacta determinación. Esta falta de concreción fue criticada por el diputado de Esquerda Galega Camilo Nogueira.

Las objeciones de la oposición fueron rechazadas por el consejero de Ordenación del Territorio, Ángel Mario Carreño, quien insistió, al igual que los portavoces del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, en la falta de adecuación de Id ley de Carreteras de 1974, actualmente vigente, a la realidad gallega. Carreño expresó su sorpresa ante el rechazo global, de su proyecto por parte de los socialistas, dado que la práctica totalidad de las fuerzas políticas gallegas coincide en la necesidad de adaptar la legislación de la Administración central, inadecuada a Galicia.