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Enmienda del PSOE para que pueda continuar la expropiación por decreto de empresas de Rumasa

El Gobierno podrá seguir expropiando por decreto firmas vinculadas a Rumasa si prosperan, como es previsible, las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista del Congreso al decreto-ley de 23 de febrero por el que se expropiaban bancos y sociedades del holding de la abeja, que se está tramitando estos días en las Cortes como proyecto de ley. La ausencia de nuevas sociedades en la relación de empresas nacionalizadas y la exclusión expresa del derecho de reversión para las participaciones expropiadas constituyen también aspectos destacados de la tramitación del citado proyecto de ley.

Un mes después de la expropiación del grupo, y pese a las afirmaciones hechas por el propio ministro de Economía y Hacienda ante el Pleno del Congreso y por otros portavoces oficiales sobre la existencia de una Rumasa B o Rumasa paralela, la relación de empresas intervenidas que figura en el proyecto de ley o las variaciones introducidas por las enmiendas socialistas son mínimas sobre el listado primitivo (se excluyen siete sociedades y no se incluye ninguna nueva).El Grupo Socialista del Congreso, según anunciaron ayer en conferencia de prensa los diputados Javier Sáez de Cosculluela, Pedro Silva, Luis Berenguer y Abel Caballero, ha presentado doce enmiendas al proyecto de ley "que manteniendo el espíritu del decreto, introducen una serie de precisiones técnicas de las que adolecía el texto como consecuencia de la urgencia con que fue tomada la decisión del Gobierno".

Autorización para enajenar

El Grupo Socialista del Congreso propone, en una de sus enmiendas, la introducción de dos nuevos artículos en el proyecto de ley que autorizan al Gobierno a enajenar los bienes expropiados a Rumasa y a incrementar estos por la vía de decretos. En otras enmiendas se concreta el régimen de comunidad de interesados (personas afectadas por la expropiación) y se desarrolla el sistema de justiprecio.

En concreto, como artículo sexto del proyecto de ley, proponen el siguiente texto:

1.- "El Gobierno podrá autorizar la enajenación de todas o parte de las participaciones en el capital de las sociedades a que se refiere esta ley, aplicando en dicha enajenación criterios que respeten el interés social perseguido con la expropiación".

2.- "La enajenación se hará por concurso público, en la forma prevista por la legislación de Contratos del Estado, salvo que el Gobierno de alguna manera autorice la venta directa de las acciones".

3.- "De acuerdo con los principios del capítulo 11 del Título III de la Ley de Expropiación Forzosa, las participaciones expropiadas no estarán sujetas al derecho de reversión".

Los diputados socialistas justificaron en la propia naturaleza de lo expropiado la exclusión del derecho de reversión. "Este derecho se puede dar cuando por ejemplo se expropia una finca para construir una carretera. Si ésta finalmente no se construye, la finca puede revertir a su dueño. Pero este no es el caso de las empresas y bancos expropiadas a Rumasa por razones de interés social". No parece lógico, añadieron, que una vez saneadas las empresas expropiadas puedan volver a manos de quienes fueron responsables con su gestión de su actual situación.

Mediante otra enmienda se otorga exención de tributos para los actos u operaciones necesarios para el saneamiento de las sociedades expropiadas, así como para los casos en que se trasfieran estas sociedades al sector privado.

Ausencia de la 'Rumasa B'

En el texto del decreto enviado por el Gobierno a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley aparece una relación de 229 sociedades expropiadas, tres menos (Túneles del Tibidabo, Roca Radiadores y Fletamentos Marítimos) de las que figuraban en el decreto inicial publicado en el Boletín Oficial del Estado del 24 de febrero. Sobre estas tres firmas, en fechas posteriores, se levantó la expropiación ya que habían sido incluidas en la lista por error.

El Grupo Socialista, por su parte, incluye como última enmienda, que deben ser sacadas de la relación de empresas expropiadas las sociedades: Naviera del Nalón, SA; Onara, SA; Sociedad de Inversión Mobiliaria y Bolsa del Noroeste, SA; y A. Ubeda y Cía., SA. Estas cuatro firmas fueron objeto de una denuncia pública de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) contra el Gobierno, ya que según sus datos habían sido consideradas erróneamente como pertenecientes a Rumasa.

A preguntas de los periodistas, los diputados del PSOE dijeron que no era misión del proyecto de ley en tramitación el recoger posibles compensaciones a los daños y perjuicios económicos causados a las citadas firmas expropiadas por error. "Para ello, existe ya una legislación vigente".

No se ha incluido, ni en el texto remitido por el Gobierno ni a través de las enmiendas socialistas, ninguna de los cientos de sociedades que según declaraciones oficiales constituyen la Rumasa B o Rumasa paralela.

Estas, u otras firmas, según otra enmienda del PSOE podrán ser incluidas por el Gobierno, mediante simple decreto. El Gobierno podrá incluir "en el objeto de expropiación que regula esta ley las participaciones aquellas sociedades que, por titularidad de su capital, composición de su activo o su pasivo u otras circunstancias, tengan controlada su gestión, de modo efectivo, por alguna de las sociedades incluidas en el anexo de la presente ley" (la relación citada de empresas nacionalizadas) "o cuyas participaciones sean ulteriormente expropiadas en virtud de este artículo".

El grupo parlamentario de la Minoría Catalana ha propuesto que no sean expropiadas por el Estado las sociedades con participación del grupo Rumasa en las que los accionistas no vinculados al grupo estén dispuestos a adquirir las acciones de Rumasa en la sociedad. Esta propuesta es el punto más destacado de las once enmiendas al decreto ley de expropiación de Rumasa presentadas por el grupo parlamentario catalán. De prosperar esta enmienda, los accionistas podrían adquirir las acciones de Rumasa en sus empresas para ellos mismos o para terceras personas.

Otras enmiendas

Las propuestas, presentadas por Miquel Roca Junyent, proponen también que queden exentas de la expropiación las sociedades en las que se demuestre que la participación accionarial de Rumasa no excede del 50% de su capital social.

El diputado del Grupo Parlamentario Centrista José Miguel Bravo de Laguna, según informa Europa Press, ha presentado una enmienda al proyecto de ley de expropiación de Rumasa que, de aprobarse, supondría un cambio total en las medidas del Gobierno sobre el citado holding.

Expropiación forzosa por utilidad pública

El Grupo Centrista propone, en concreto, la supresión del artículo primero del proyecto de ley, que es precisamente el que "decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital de las sociedades de Rumasa". Bravo de Laguna se inclina "por la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos". El diputado centrista justifica la enmienda en considerar que "la fórmula expropiatoria no es la más adecuada".

Por otra parte, según la citada agencia, los diputados comunistas han presentado cinco enmiendas al mencionado proyecto de ley. En una de ellas coinciden con el Grupo Popular. Es la relativa a la creación de una comisión especial de seguimiento de las actuaciones referidas al grupo de sociedades expropiadas. Propuesta que fue desechada, precisamente, por los diputados socialistas en el transcurso de la conferencia de prensa de presentación de sus enmiendas.

Los comunistas pretenden también que la enajenación de empresas de Rumasa de una misma actividad sectorial se haga mediante ley y previa consulta a los sindicatos. Y que los trabajadores tengan preferencia en la adquisición de sus empresas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de marzo de 1983

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