Primer balance

LA FRONTERA de los cien días fue inventada por políticos y periodistas para clausurar el teórico período de neutralidad posterior al bautismo de un Gobierno y para realizar un balance crítico de la gestión realizada a lo largo de las catorce primeras semanas de ejercicio del poder. Las costumbres, aunque sean importadas, terminan por transformarse en leyes, y los cien días de Felipe González como presidente han merecido también un comentario en toda la Prensa española -un día antes, en ocasiones, de que se cumplieran-, pese a que la etapa de gracia nunca ha figurado en los usos de nuestra vida pública.Tanto durante la campaña electoral cómo después del 28 de octubre, los socialistas han subrayado que su programa necesita como mínimo una legislatura para ser cumplido, y que el juicio sobre su tarea sólo cobrará sentido desde esa perspectiva. Es lógico no obstante que la oposición se entusiasme con la cita convencional de los cien días y se esfuerce por demostrar que estas primeras catorce semanas contienen datos suficientes para sentenciar al Gobierno de Felipe González sin necesidad de esperar a octubre de 1986. Pero, en cualquier caso, hay que recordar que el partido socialista, compuesto en su abrumadora mayoría por cuadros jóvenes y sin otra experiencia de poder que la municipal, apenas ha tenido tiempo de aterrizar en el aparato del Estado. Concluir por eso a estas alturas cualquier juicio definitivo sobre la acción del Gobierno sería tan apresurado como injusto.

Las dificultades se agravan además por el hecho de que el cambio propuesto por Felipe González pasa por la aprobación de un calendario de proyectos de ley y por la reforma de la Administración pública, cosas ambas que exigen desde luego más de un centenar de lunas para ser instrumentadas. En nuestro régimen parlamentario, el protagonismo del cambio corresponde a las Cortes Generales, que habrán de desarrollar los numerosos mandatos constitucionales pendientes de cumplimiento y construir un Estado de Derecho congruente con las necesidades y las exigencias de una sociedad moderna regida todavía en parte por normas heredadas del anterior sistema. En estos primeros cien días, el Gobierno ha dado pruebas de tomarse en serio esta tarea, tanto a través de los proyectos de ley enviados a las Cortes como mediante el anuncio de un calendario legislativo a medio y largo plazo. Resulta, sin embargo, preocupante el bajo rendimiento de las Cámaras. La mayoría parlamentaria está obligada a agilizar, acelerar y dar eficacia al trabajo legislativo. Que en el mes de marzo las Cortes no hayan designado todavía a los vocales del Consejo de Administración de RTVE, vegetando éste en la miseria de su falta de representatividad, y tampoco a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional es prueba de una indecisión y falta de ritmo en los trabajos parlamentarios.

Las limitaciones del aparato estatal

Pero si el Gobierno es sólo una pieza del proceso legislativo, la Constitución le asigna en exclusiva la dirección de la política interior y exterior y de la Administración civil y militar. En este ámbito, el Ejecutivo se encuentra con la dificultad de la ineficacia, la desorganización, el tribalismo y la estrechez corporativista que lastran el buen funcionamiento de la Administración pública. El lamento de los gobernantes electos del régimen democrático español -desde Adolfo Suárez hasta Felipe González- en torno a la debilidad y oxidación de los aparatos estatales no es una excusa justificatoria, sino una desgraciada realidad. En el activo del Gobierno hay que colocar, por eso, sus propósitos de llevar a cabo la reforma de la Administración pública, tanto civil como militar, y la de justicia, muy particularmente. Aunque el ministro de la Presidencia eligiera demagógicamente, como comienzo de ese proceso largo y difícil de reformas, al sector más desprotegido, la espectacular modificación de los hábitos horarios de los funcionarios encuentra su sentido en la necesidad de adoptar medidas más severas en la cúpula, que consigan que nuestro Estado opere con eficacia, transparencia y legalidad,Si nos es dado pasear una breve mirada sobre estos cien días del Ejecutivo, la primera evidencia es que el presidente del Gobierno ha ahorrado al máximo sus comparencencias públicas. Su silencio en el Pleno sobre el decreto-ley de expropiación de Rumasa produjo cierta perplejidad en quienes recuerdan las críticas de los socialistas contra la parsimonia parlamentaria de Suárez. No es presumible, sin embargo, que Felipe González, cuyas dotes para el debate político son indiscutibles, convierta en regla la actitud excepcional de aislamiento adoptada en estas primeras catorce semanas. El vicepresidente del Gobierno, sin las cargas de la gestión administrativa propias de un departamento, parece haber asumido tareas relacionadas con el medio y largo plazo y la coordinación de las áreas ministeriales. La política informativa registra carencias incomprensibles y fallos aparatosos. El error del nombramiento de Calviño como director de RTVE ha sido tan monumental -y tan innecesario- que sitúa al Gobierno en el dilema de perseverar en su equivocación, para defender el principio de autoridad, o de confesar sus culpas mediante la destitución de tan pintoresco personaje.

Severidad económica

Miguel Boyer, cuyo programa económico tiene que lidiar con la crisis y el círculo vicioso de la inflación, el desempleo y la desgana inversora, ha aplicado severas medidas que los Gobiernos centristas no tuvieron. el valor de adoptar. No es seguro que todas hayan sido acertadas. Los Presupuestos siguen sin ser presentados, y se echa de menos, en un Gobierno socialista, una voluntad planificadora que nos ofrezca un horizonte a Cuatro años, como había prometido Felipe González. El gobierno parece obsesionado, como lo estuvieron los de UCD, por el día a día, o por cómo cerrar el año, y ya se cuentan con aprensión las cifras semanales de parados. Con independencia de su indudable popularidad en amplios sectores de la sociedad española, la expropiación de Rumasa, impuesta, según se dice, por la fuerza de los hechos, puede dificultar más aún los proyectos del ministro de Economía para contener el déficit y frenar la inflación. El tiempo dirá si la nacionalización del holding desborda la capacidad de asimilación de esa catástrofe por el sector público, confiado en buena parte por el PSOE a los administradores del INI-durante el franquismo y pendiente todavía de esa reforma que le confiera competitividad y eficiencia. En cualquier caso, la decisióri del Gobierno tiene dimensiones específicamente políticas cuya valoración desborda sus perfiles económicos. Según pasan los días parece más evidente que el aspecto de las relaciones exteriores de Rumasa, las implicaciones internacionales del caso y las ramificaciones del escándalo no fueron suficientemente tenidos en cuenta. Rumasa va a dar que hablar más que de sobra en el futuro, y lo que ya es casi evidente es que su nacionalización fue más que nada una medida de orden público y no una respuesta clásica de la izquierda a los problemas de la economía. Luego está el debate sobre la constitucionalidad del decreto-ley, que arroja dudas sobre la corrección del procedimiento elegido. Joaquín Almunia, en el Ministerio de Trabajo, favoreció la firma del Acuerdo Interconfederal, que permite establecer sobre bases firmes las expectativas de las subidas salariales para 1983, y promovió el proyecto de ley de la semana de cuarenta horas. Ernest Lluch ha emprendido una batalla en el Ministerio de Sanidad que ha tropezado, nada más iniciarse, con las resistencias corporativistas de un sector de la profesión médica. Tampoco está claro que el ministro sepa resistir estas presiones. El medio y largo plazo son los únicos criterios, por lo demás, que podrán permitir una valoración significativa de la gestión de Carlos Solchaga en Industria, Julián Campo en Obras Públicas, Enrique Barón en Transportes y Carlos Romero en Agricultura.

Ambigüedad en política exterior

Las actuaciones de Femando Morán, dominadas por la ambigüedad, no permiten extraer conclusiones sobre cuál será la acción exterior del Gobierno socialista a lo largo de la presente legislatura. La política de nombramientos- en el Palacio de Santa Cruz ha sido caótica y bastante arbitraria. La inflexión de nuestras relaciones hacia Francia constituye un cambio significativo respecto al pasado. Está por demostrar que sea un cambio a mejor. En Defensa, los proyectos anunciados son positivos, pero las realizaciones escasas. La definición en favor del F-18A ha dejado en mal lugar a los líderes socialistas que tanto protestaron hace unos meses. La Junta de Jefes de Estado Mayor es la heredada de UCD. Los militares demócratas siguen esperando una solución a su reincorporación al Ejército. En el Ministerio de Justicia, Fernando Ledesma ha adelantado, en estas catorce semanas, un considerable trecho en el camino de modernización y humanización del Código Penal y de las leyes de enjuiciamiento. La polémica sobre la muy limitada despenalización del aborto indica las resistencias que habrá de vencer el Gobierno socialista para convertir en norma la tolerancia. El ministro de Justicia ha expuesto también ideas esperanzadoras en tomo a la reforma de la Administración de justicia y de la Administración penitenciaria. José Barrionuevo es otro de los ministros del cambio sobre los que se proyecta tá crítica negativa con más y mayores razones. Nunca resulta fácil encontrar políticos con experiencia, ductilidad e inteligencia suficientes para gestionar el dificil departamento de Interior sin perder de vista que los medios represivos no pueden ser independizados de los fines de una sociedad democrática basada en las libertades. El ministro de Administración Territorial consiguió rebajar la crispación de los nacionalistas vascos y catalanes respecto a la LOAPA, pero el rodaje del Estado de las autonomías está en sus comienzos y seguirá produciendo quebraderos de cabeza a este Gobierno y a los que le sucedan. José María Maravall está acometiendo con prudencia uno de los grandes desafíos a los que tiene que hacer frente el Gobierno socialista, cuyas realizaciones básicas en el- campo de la educación -desde la preescolar y primaria hasta la universidad y la investigación- necesitarán el. despliegue de toda la legislatura. En el Ministerio de Cultura, Javier Solana ha dado muestras de imaginación. Quizá ese viejo armatoste administrativo, convertido en las anteriores legislaturas en premio de consolación o comodín para el descarte, pueda funcionar con él, por vez primera, al servicio de la sociedad española.Este es en definitiva un balance benevolente para el Gobierno. Benevolente porque creemos que merece un margen de confianza, y porque una mayoría de apoyo social tan abultada no puede desesperar por los errores y las bisoñeces del principio. Resulta preocupante, sin embargo, la actitud prepotente de determinados ministros, y del poder en general, retratada en no pocas vindictas contra antiguos militantes de UCD que ocupan puestos en la Administración y en una desastrosa política informativa, destinada al fracaso por sus irrefrenables deseos de control, lindantes con el ánimo censor. Algunos dicen que este es el sarampión del poder que el PSOE tenía que pasar. No hay motivos para pensar que no sea así, pero a veces los sarampiones devienen en enfermedades más graves y hasta incurables. Los socialistas son demasiado sensibles a la crítica, incluso a aquella que procede de sus electores o de los sectores sociales que desean ver funcionar su programa. Se han mostrado también demasiado pactistas con los poderes fácticos, quizá cuando más duramente pudieron hacer valer su victoria electo ral. Y luego, apresurados en la adopción de determina das medidas. Pero no existe todavía ningún motivo esencial que impida hacer un balance positivo, aunque moderado, de la gestión de estos meses.