La despenalización del aborto, la medida más polémica de Ledesma

El camino recorrido por el Gobierno durante sus cien primeros días hacia la sociedad más libre enunciada en el programa electoral del PSOE puede resumirse en los pasos dados para la reforma de la administración de Justicia, la solución del acuciante problema de las cárceles, la regulación de derechos y libertades y la modificación de la filosofía jurídica en materia penal. En concreto, destaca el incremento sustancial del presupuesto de Justicia, el envío a las Cortes de proyectos de leyes como el que regula el derecho de reunión, la reforma parcial del Código Penal, la despenalización del aborto y la preparación de otros textos que desarrollan la Constitución.

El PSOE había planteado en su programa electoral que, para la reforma de la administración de Justicia -"una cuestión de Estado; una cuestión, incluso, de supervivencia del propio Estado de derecho consagrado en nuestra Constitución"-, el Gobierno otorgaría prioridad al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que, según Felipe González, sería "condición previa para acometer la reforma del sistema". El portavoz del Grupo Centrista, Landelino Lavilla, en ,el debate de investidura de Felipe González, invocando su experiencia en la materia, aseguró que "el problema no es el de la nueva ley orgánica del Poder Judicial". "El problema real, al final, es un problema de prioridad política".Sea en atención a esta sugerencia o por cambio del inicial criterio socialista, el hecho es que este proyecto, bastante negociado por UCI) y PSOE en la anterior legislatura, ha quedado para el próximo mes de mayo y, en cambio, el Ministerio de Justicia ha propuesto al Gobierno un incremento de sus presupuestos que globalmente significa el 25%, y que, en cuanto a su incidencia sobre la administración de Justicia propiamente dicha, puede suponer entre un 35% y un 50%, frente a la tendencia decreciente de los últimos años.

Las cárceles, objetivo inmediato

El exhaustivo estudio -realizado por la oficina presupuestaria de Justicia para 1983 conduce a propuestas de gastos corrientes en torno a los 1.500 millones de pesetas; nuevas inversiones, por importe de 3.385 millones; Consejo Superior de Protección de Menores, 200 millones, y administración penitenciaria, 4.289 millones de pesetas. Esta última cantidad se distribuye-así: inversiones, 2.975,3 millones; personal, 726,7 millones, y medios materiales, 587 millones de pesetas. En todo caso, las previsiones del Ministerio de Hacienda son menores, y habrá de ser el Consejo de Ministros el que ajuste las cifras definitivas.En materia penitenciaria, además del aumento presupuestario -que permitirá, entre otras cosas, la construcción de nueve centros, la remodelación de 42 y la resolución de problemas especialmente urgentes, como el del hacinamiento de la cárcel Modelo de Barcelona-, Justicia ha preparado la ley que crea el cuerpo de asistentes sociales en las cárceles y la dirécción, general correspondiente ha emitido una serie de circulares encaminadas al cumplimiento en las cárceles de la Constitución y de la ley General Penitenciaria.

A nivel legislativo, la ley orgánica de reforma de los artículos 503 y 504.de la ley de Enjuiciamiento Criminal sobre regulación de la prisión provisional -en tramitación en las Cortes-, contribuirá, junto con la reforma urgente del Código Penal -también está ya en el Congreso -, a conseguir, entre otros objetivos, el que figura en el programa electoral socialista: poner "los medios necesarios para evitar la sangrante injusticia de miles de presos preventivos en espera de ser juzgados".

La reforma citada del Código Penal y el proyecto de ley sobre el derecho de reunión son los dos textos de más trascendencia política para el desarrollo de los -derechos y libertades fundamentales establecidos en la Constitución remitidos por el Gobierno a las Cortes. En cambio, ha quedado para más adelante la reglamentación de la objeción de conciencia -considerada,urgente por el programa electoral-, la ley de asociaciones, la de asilo y la regulación de derechos de participación ciudadana como los de petición, iniciativa legislativa popular y ley del Jurado.

Mientras tanto, la despenalización del aborto, prevista inicialmente en- la reforma global del- Código Penal programada para después de junio, ha sido incorporada a la reforma parcial y urgente de dicho cuerpo legal, y finalmente, a petición de la oposición, desglosa-, da de ella y tramitada por el procedimiento ordinario. El Gobierno ha justificado la despenalización del aborto terapéutico, por taras en el feto o en los casos de embarazo producido por violación como acorde con la Constitución y los convenios internacionales, y respaldada por la voluntad-mayoritaria de los españoles. La derecha ha manifestado con dureza su rechazo a esta iniciativa, al tiempo que, desde la izquierda del PSOE, se ha considerado insuficiente.

El Gobierno ha dedicado gran atención a la regulación del hábeas corpus y de la asistencia letrada al detenido, cuyos respectivos proyectos de ley no han logrado el acuerdo del Consejo de Ministros en sus cien primeros días. Especial dificultad ha presentado la asistencia letrada, que ha suscitado enfrentamientos entre los departamentos de Jusficia e Interior y que, en su última redacción, no garantiza la irrenunciabílidad ni la libertad de elección de ahogado, ya que establece que, en caso de delitos de tráfico, la asistencia será renunciable, y para los detenidos incomunicados, el abogado será designado de oficio.

El Gobierno ha impulsado la "inmediata elección" de una de las instituciones que el programa del PSOE estimaba importante para la protección de las libertades: el Defensor del Pueblo. Sin embargo, al final de los cien días, no estaban todavía elegidos sus dos adjuntos. También, a través del Ministerio de Justicia, se han establecida buenas relaciones con el Consejo General del Poder Judicial.